Antonio Ladra: Lugar a dudas

En la Armada Nacional se conoce un día sí y otro también algún caso de corrupción. Pero el ministro de Defensa Luis Rosadilla no se asombra (Código País, miércoles 11 de agosto).

El Parlamento Nacional votó aprobó la derogación de una ley que puede dejar limpio el currículum vitae de los hermanos Peirano.

Y esto sí que es asombroso.

A grosso modo y a cuenta de mayor cantidad, Rosadilla dijo tener más de 14 denuncias anónimas, las presuntas irregularidades detectadas en el Ministerio de Defensa son las siguientes:

1) \"Compras fantasma\": se investiga el destino del dinero de dos compras fraguadas por U$S 600.000 de una grúa y un banco de prueba de motores realizadas en 2008 por régimen de \"excepción\", que no aparecen en ninguna repartición de la Armada. En 2007, 2008 y 2009 la Armada concretó así 72 compras y gastó más de U$S 5 millones

2) Manejo irregular de los fondos ONU: Aparentemente entre 2006 y 2007 se desviaron fondos provenientes de las misiones de Paz de Naciones Unidas por U$S 1,5 millones. La denuncia fue presentada a la Justicia Especializada del Crimen Organizado el 31 de julio. Aún no concluyó la investigación interna del Ministerio de Defensa.

3) Vales de nafta: En 2008 se configuró en la Armada una presunta defraudación millonaria. Según un informe interno, la operativa fue ejecutada por dos capitanes de navío, y no se puede justificar el gasto de $ 832.317 en vales de nafta, un 25,5% del combustible recibido por la Fuerza. El 6 de agosto fue procesado por fraude el capitán de navío Álvaro Bacqué, que se quedó con vales de nafta por $ 7 millones y tenía otros $ 2 millones ocultos en su oficina. La maniobra se realizó entre abril y mayo de 2010. Junto con él fue procesado sin prisión el jefe de operaciones de Inteligencia de la Policía.

4) Dinacia: El ministro Rosadilla, recibió el 24 de julio la última instrucción de la Armada por la declaración fraguada de viáticos de una misión oficial que hizo un civil de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), separado del cargo.

5) Tarjetas de Antel: El jefe de Telefonía de la Armada, Ernesto Menafra, fue procesado el lunes pasado sin prisión por \"reiterados delitos de peculado\" (venta de objetos robados), por vender 500 tarjetas de celular de la Fuerza de $100 a un particular por $50 o $75. Esto provocó la renuncia del contraalmirante Oscar Debali, ya que era su sobrino.

6) Cuenta en Alemania: Hasta 2009 el dinero de la ONU por misiones de paz se depositaba en una cuenta en el Brou y cada fuerza administraba lo suyo. Una parte pasó por una cuenta en el Dresdner Bank de Alemania,\"no informada\" según la Auditoría Interna de la Nación. En 2007 se retiraron U$S 236.000 de allí y nadie sabe dónde están.

7) Lanchas para Haití: El diputado José Carlos Cardoso (PN) entregó el pasado lunes a la jueza Graciela Gatti documentos que presentó en 2008 al Parlamento por presuntas irregularidades en la compra de lanchas para las misiones de la ONU en Haití, por supuesto pago de \"sobreprecios\" por U$S 6,2 millones con un préstamo del Brou.

Y el ministro Rosadilla no se asombra, y dice que tiene más denuncias para investigar.

El Tribunal de Apelaciones clausuró la causa por la que se había procesado a los hermanos Dante, José y Jorge Peirano porque el delito imputado fue derogado por el Parlamento. Esto significa que no tendrán antecedentes penales derivados del juicio que se les siguió por el escandaloso cierre del Banco de Montevideo- Caja Obrera, durante la crisis bancaria de 2001-2002 y que dejó a miles de ahorristas sin eso, sus ahorros.

A los Peirano se les había imputado en primera instancia los delitos de insolvencia societaria fraudulenta, asociación para delinquir y el previsto en el artículo 76 de la ley 2.230, de 1893, sobre la responsabilidad penal de los directores de sociedades anónimas.

En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones había revocado el procesamiento por asociación para delinquir y el de insolvencia societaria fraudulenta. Aquí el caso comenzó a oler feo. Sólo quedó en pie el que refería al artículo 76 de la ley 2.230, que fue derogado por los parlamentarios, cuando ya estaban libres, en el año 2008.

Así que ahora los hermanos Peirano quedaron sin antecedentes y pueden, si hubiera un Banco Central permisivo, volver a gestionar una institución financiera, como lo hizo su padre tras el escandaloso cierre del banco Mercantil.

Conocido el asunto, muchos legisladores y ex legisladores de todos los partidos afirman haber sido engañados, que se comieron un garrón, etc., pero lo cierto es que votaron una ley que aparentemente todos sabían que beneficiaba a los Peirano, menos, claro, ellos mismos.

Nosotros, al contrario del ministro Rosadilla y como muchos otros, sí estamos asombramos, pero, además, olfateamos que hay algo podrido.