Hablamos con el abogado que apeló la sentencia y con el exsubsecretario de Salud Leonel Briozzo.
El punto de vista de Daniel Benavídez, abogado de la mujer de Soriano a la que se le impidió seguir con el proceso de interrupción del embarazo.
Una situación de mucho estrés, desde que comenzó todo esto ella no se estaba sintiendo bien.
Más allá del estrés, mi clienta empieza a tener dolores lumbares y pélvicos. También empezó a tener sangrados, y el miércoles tuvo un sangrado más extremo, lo que provoca esta situación. Estamos tranquilos porque sabíamos que estas circunstancias iban a provocar estas incógnitas en las partes.
Se trató de que visita que tuvo de un médico dejara el informe correspondiente. Se le sigue generando mal a esta muchacha.
El tema de la lesión era que se estaba estudiando, todavía no hay constancia directa de esa situación. Tomo conocimiento de la situación después de iniciado el proceso. Se trató de que se comprobara que se habían cumplido con los pasos que la ley mandaba.
Ella ahora está con reposo indicado. Esto continúa. Tiene que continuar haciéndose análisis. Psicológicamente va a seguir con un tratamiento por todo lo que fue el proceso.
Esperaremos que nos citen. Nos basaremos netamente en las pruebas científicas. La suspicacia puede llegar a un límite. Hay comprobaciones científica de cuatro médicos, dos especialistas. Estamos seguros de lo que sucedió. No es nada grato para mi clienta lo que está pasando.
La opinión de Leonel Briozzo, profesor grado 5 de Ginecología y Obstetricia.
Desde que estamos trabajando en este tema, hace más de 15 años, hemos planteado que la interrupción del embarazo es una decisión dolorosa para una mujer, y que es meditada después de evaluar todas las opciones.
La sentencia generó un riesgo inexcusable a la atención sanitaria de la mujer, que ya estaba en riesgo por el propio proceso de interrupción del embarazo. .
Creo firmemente en la independencia del Poder Judicial. En este caso planteé que podía existir una práctica inadecuada. Creo que hay que analizar desde el punto de vista jurídico y ético lo que pasó. Creo que esto no se puede volver a repetir. No se puede hacer pública la situación dolorosa que atraviesa una mujer, que, además, puede aumentar los riesgos.
Es una ley compleja, pero que ha demostrado ser muy buena para el Uruguay.
Hay bastantes estudios que vinculan los embarazos no deseados que por algún motivo no pueden ser interrumpidos a tiempo con un aumento de las disfunciones a nivel mental de esos niños y niñas, con un aumento de la delincuencia.
Por otro lado, desde el punto de vista obstétrico, el estrés en el embarazo es uno de los problemas más graves que existen.
El estrés provoca en la madre un estímulo que puede impactar en que algunos genes del embrión se manifiesten y otros no. Puede generar problemas graves en el desarrollo del feto, del recién nacido y posteriormente en la adolescencia y adultez. Tiene que ser disminuido al máximo: hay que proteger a la mujer embarazada para que lleve la mayor tranquilidad posible dentro del período de la gestación.
El rol que tiene la pareja o el eventual padre está en planteado en términos de que la mujer habilite su participación, pero la decisión final es de la mujer.
Hay un tema que es de sentido común: ¿cómo podemos imaginar que una mujer que no quiere llevar a término su embarazo… lo hago, y luego le entregue ese bebé al padre?
Un fallo de este tipo no puede frenar la acción de un equipo de salud que está amparado por la ley. Habría que haberle provisto del fármaco para interrumpir el embarazo. Las semanas aumenta el riesgo de hemorragia, de infección, de problemas para la mujer.
Hace una década, dos décadas, la muerte por aborto inseguro era la principal causa de muerte materna en Uruguay.
