La directora del colectivo dijo que las objeciones “por una cuestión religiosa o filosófica” son ínfimas.
Este miércoles se presentó el informe “Estados de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en los departamentos de Montevideo, Cerro Largo y Rocha”. El monitoreo incluyó servicios como la anticoncepción, la interrupción voluntaria del embarazo y las infecciones de transmisión sexual.
Hablamos con la directora de Mujer y Salud Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas.
Con estos estudios estamos terminando una fase que terminó a diez de los 19 departamentos del país. Esto ya es una tendencia: el alto porcentaje de profesionales objetores de conciencia se detecta como una barrera de acceso y que impide universalizar la práctica. En el Pereira Rossell se concentra la realización de abortos de lugares que tienen 100 % de objetores.
Es una cuestión que debe ser abordada: ¿qué vamos a hacer con la formación de recursos humanos? El Estado está obligado a prestar el servicio, pero si la corporación médica establece la objeción… el servicio no se ofrece.
¿Podría haber otros profesionales habilitados para la proscripción de los medicamentos? La ley dice que solo lo pueden hacer los ginecólogos, pero podría revisarse la ley.
El Estado uruguayo ya ha sido señalado por Naciones Unidas por cómo la objeción de conciencia está actuando como una barrera en los derechos de las mujeres. Hay lugares donde esto no tiene problema y otros en los que sí. Cuando hablás con los objetores parece ser muy ínfimo los que los hacen por una cuestión religiosa o filosófica, otros dicen que no lo hacen porque no tienen la formación para el asesoramiento en este tema.
