“Estamos investigando a 86 empresas más, y vamos a investigar a 200 más que tenemos indicios de que podrían estar afectadas por estos mecanismos”.
La Justicia del Crimen Organizado procesó con prisión a dos personas que creaban sociedades falsas para obtener facturas, que luego eran vendidas a empresas que las utilizaban para evadir impuestos.
La maniobra contra la Dirección General Impositiva (DGI) involucra a 200 empresas. Hasta el momento, se estima una defraudación por 78 millones de pesos.
Hablamos con el director general de Rentas, Joaquín Serra.
Eran dos personas que se dedicaban a la creación de sociedades anónimas. Luego de creadas, solicitaban autorización a la DGI para imprimir facturas. Estas sociedades estaban integradas en sus directorios por personas insolventes, que no tenían capacidad económica para responder por la actividad de la empresa, por constituir domicilios falsos, certificados por un grupo de escribanos.
Así, se hacían tres tipos de maniobras distintas para defraudar al fisco. En algunos casos, se obtenían las facturas y luego se las vendían a empresas, y así podían descontar pagos de IVA y de IRAE. En este caso, además, hay una defraudación en la propia empresa. Por casos así ya hay un procesado, en una avícola.
También había proveedores de distintas empresas que trabajaban en la informalidad. Para documentar sus ventas, adquirían una factura de estas sociedades y así la documentaban. La defraudación está en el empresario que adquirió las facturas.
La tercera modalidad son las empresas que compraban una sociedad a esos estudios, utilizaban esas facturas, facturaban durante unos meses, no pagaban los impuestos, y luego la dejaban de usar, y así empezaban un nuevo ciclo.
Las personas indigentes terminan siendo también perjudicadas por esta maniobra, porque, finalmente, perderán derechos a prestaciones sociales y otros servicios, por haber quedado vinculados a una deuda tributaria. Pero hay que focalizarse en los empresarios, que utilizan mecanismos para evadir impuestos.
Algunas de estas sociedades pueden haber sido utilizadas para ingresar de manera simulada personal como dependiente de alguna de estas sociedades en formación. Si lo hubieran hecho, eso hubiera generado la posibilidad de ingresar personal al Fonasa y, por tanto, poder alguien cobrar la comisión en la mutualista por presentar un socio. Podría haber ocurrido.
Es un tema que nos preocupa. Dispusimos un operativo de control para todas las empresas que se dedican a la captación de socios para las mutualistas de Montevideo.
Fueron procesados con prisión quienes se dedicaban a organizar estos mecanismos para que otros empresarios defraudar.
Hubo que hacer un intenso trabajo de investigación, que incluyó allanamientos y controles en decenas de empresas.
Cuando decimos que se evadieron 78 millones de pesos, nos referimos a la evasión de seis empresas. Estamos investigando a 86 empresas más, y vamos a investigar a 200 más que tenemos indicios de que podrían estar afectadas por estos mecanismos. Esto muestra nuestro compromiso en luchar contra esto.
La invasión del IRAE en el 2000 era del 70 %, hoy se estima que está en el 40 %. Hay una tendencia descendente. Estos resultados nos colocan al nivel de evasión de los países europeos y en la región Uruguay es el que tiene menor nivel.
Estamos llegando a los núcleos más duros, por lo que es cada vez más difícil obtener resultados más rápidos.
