Las tres franjas superiores aumentarán 4% su tributación, las dos inferiores aumentarán 3%. Solo la primera franja no verá cambios en su tributación.
El ministro de Economía Danilo Astori explicó en conferencia de prensa este lunes cuál será el cambio tributario que se había anunciado durante el fin de semana. Esto incluye una suba del IRPF para las cuatro franjas superiores y una rebaja de 2% del IVA en las compras con medios electrónicos como tarjetas de débito y de crédito. Hay una única franja del impuesto a las personas físicas que queda sin cambios. Todas estas medidas entrarán en vigencia a partir del 1º de enero.
Para equilibrar las cuentas fiscales, que es uno de los objetivos principales del gobierno para el quinquenio presente, Astori explicó que se contaba con el crecimiento de la economía nacional, proyectado en un 2,5% para el 2015. Sin embargo, el aumento finalmente fue de 1% y, como explicó el jerarca, en todo el mundo las previsiones de crecimiento se ajustaron a la baja. Uruguay no será la excepción, más inmerso como está en una región que se tambalea, y con los golpes sufridos en el agro por las condiciones climáticas de abril pasado. El ministro anunció que la previsión de crecimiento económico para este año 2016 es del 0.5%, luego de 1% en 2017, de 2% en 2018 y de 3% en 2019.
Así, el instrumento del que echará mano el gobierno para reducir el déficit -y lograr el tan mentado equilibrio de las cuentas- será la suba del IRPF para las tres franjas superiores. Actualmente, quienes tienen ingresos de entre $33.401 y $50.100 hoy pagan 15%; quienes ganan entre $50.100 y $167.001 hoy pagan el 20% quienes hoy tienen ingresos de entre $167.001 y $250.500 tributan IRPF en un 22%; quienes pagan entre $250.501 y $384.100 tributan 25%, y quienes ganan de $384.101 en adelante tributan 30%. La idea es que de ahora en más las dos primeras franjas suban tres puntos porcentuales, y las tres franjas superiores tributen cuatro puntos porcentuales por encima de lo que pagaban.
Astori informó también que se mantendrán los gastos previstos en educación, seguridad, Sistema Nacional de Cuidados y las intendencias, además de los planes sociales. Por otro lado, se trabajará para continuar ajustando los gastos de las empresas públicas, y en particular el ministro hizo énfasis en la situación de Ancap y lo que se gasta en distribución. También habló de la reforma en la Caja Militar, que según él supone gastos "increíblemente altos" para el Estado, de unos US$400 millones, y afirmó que este año se avanzará en su reforma. Otro aspecto en el control del gastó será la limitación al ingreso de funcionarios públicos.
En la conferencia, el ministro habló de tres herramientas fundamentales para aumentar los ingresos y lograr el equilibrio: "Equidad, que cada uno contribuya de acuerdo con su capacidad contributiva; el segundo, eficiencia, que haya el menor número posible de impuestos en el país; y en tercer lugar, estímulos a la inversión, que necesitamos como el pan para que Uruguay recorra el camino genuino del crecimiento". Argumentó a favor de la tributación directa, de la que destacó como su mejor expresión el IRPF, y criticó los tributos indirectos como el IVA, luego de lo que reafirmó la reducción de este último. Comentó que en reducciones anteriores de ese impuesto se había notado que quienes absorbían el beneficio eran los intermediarios más que los clientes últimos, y que con este ajuste se busca solucionar ese problema.
En cuanto al IASS, quienes tienen ingresos de entre $50.100 a $167.000 hoy tributan 20% y pasarán a pagar 23%; quienes ganan más de $167.000 pasarán de pagar 25% a tributar 29%.
Astori continuó explicando que el 70% de la población no se verá afectado por esta suba impositiva. "El 80% del efecto de incremento del aumento a la renta personal recae exclusivamente sobre el último decil" de la población, dijo. En el decil ocho de la población se pagará $160 más por mes de impuesto a la renta, algo que según él se repite en el IASS: en promedio el efecto es de 0.3% respecto de sus ingresos.
Los títulos de deuda pública mantendrán su exención; la tasa del 3 al 7% de los intereses de depósitos en moneda nacional y unidades indexadas de más de un año de plazo; y en la misma cantidad se subirán los intereses de las obligaciones con plazos mayor de tres años. Con este 7% también se gravarán las rentas de participación en fideicomisos financieros con plazo mayor a tres años. De 3 a 5% se subirá la alícuota correspondiente a los depósitos en instituciones financieras con plazo menor a un año.
En cuanto a la renta empresarial, el IRAE, se anunciaron cuatro modificicaciones: primero eliminar la posibilidad de establecer los sueldos fictos patronales, que según el ministro provocan aportes que luego se deducen del IRPF, lo que provocaría que patrones se den a sí mismos sueldos fictos más altos para deducir cantidades más altas de las que deberían. Esto solo aplicable para las empresas con facturación mayor a 4.000.000 de UI. La segunda medida supone permitir deducir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores acumuladas durante los últimos cinco períodos hasta llegar al 50%, un tope que hoy no existe.
En tercer lugar, Astori indicó que hay escasez de distribución de utilidades, lo que también tiene consecuencias fiscales: por lo tanto se considerarán las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos como distribuidas, y deberán pagar el impuesto adicional de 7% siempre que no hayan sido reinvertidas. "Queremos que haya reinversión, lo que no queremos es que haya una ilusión por no distribuir utilidades", dijo el ministro. En cuarto lugar, se gravará con el 7% la distribución de utilidades actualmente exonerada de sociedades con contabilidad suficiente; algo que indicó que es muy similar al primero de los puntos, el de los sueldos fictos patronales.
En la ronda de preguntas de la prensa, Astori aclaró que esta es la propuesta acordada dentro del Poder Ejecutivo, y que se darán reuniones con la bancada frenteamplista para definir si hay cambios.
Además, el ministro realizó una autocrítica sobre el dinero público mal gastado durante el período de gobierno anterior.
