En una declaración se sostiene que el decreto pretende "falsear la historia"; además se exigió respeto por resultados de las dos consultas populares que no respaldaron la anulación de la Ley de Caducidad.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado aprobó una declaración en la que cuestionó el decreto por el que el Poder Ejecutivo creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia para la investigación vinculada con los desaparecidos en dictadura. Según el CEN, la creación del grupo pretende "falsear la historia". Además se exigió que se respeten los resultados de las dos consultas populares que no respaldaron la anulación de la Ley de Caducidad.
La declaración respalda además a la presidencia de Jorge Pacheco Areco y el inicial gobierno democrático de Juan María Bordaberry como "legítimamente constituidos", ya que el grupo Verdad y Justicia incluye el período entre 1967 y 1972 como parte de los años que deben investigarse. Los gobiernos del Partido Colorado, afirma la declaración, se enfrentaron con "el ataque de la violencia política dentro del marco constitucional"; recalca también que había libertad de prensa para criticar a Pacheco y el Parlamento y el Poder Judicial continuaron su trabajo con normalidad. Además cita como un hecho a favor la fundación del Frente Amplio en 1971.
"Pretender asimilar el gobierno constitucional del período 1967-1972 a la dictadura surgida a partir de 1973, es una infamia que desmerece los propósitos invocados por los firmantes del decreto", prosigue la declaración. Luego de afirmar que solo se buscó discutir la parte de la Ley de Caducidad que dio aministía a los militares pero no la que lo hizo con los tupamaros, dice: "La Ley de Caducidad no impide la búsqueda de la verdad ni la indemnización de las víctimas del terrorismo de Estado".
Termina: "El Partido Colorado ratifica hoy su voluntad de mirar al futuro sin falsear la historia. Exige además que se respete la voluntad del pueblo soberano, libremente expresada en las urnas. La búsqueda de la verdad debe proseguir mientras haya desaparecidos, por respeto a su memoria y por solidaridad con quienes los lloran, pero no para azuzar una persecución penal que el pueblo ha rechazado, ni para seguir lucrando políticamente con la división entre los uruguayos".
Esta es la declaración completa:
1º Que el gobierno del Partido Colorado en el período 1967-1972 fue un gobierno legítimamente constituido, que enfrentó el ataque de la violencia política dentro del marco constitucional. En ese lapso el Parlamento y el Poder Judicial siguieron cumpliendo sus respectivas funciones, el líder del Partido Comunista pudo proclamar que en ningún país del mundo se habían hecho tantos paros generales como en el Uruguay y el presidente Pacheco Areco fue ferozmente criticado, todos los días, por medios de prensa de distinto color político. Incluso fue durante ese período, más precisamente en 1971, que se fundó el Frente Amplio, que participó de las elecciones generales llevadas a cabo en noviembre de ese año. La violencia del ataque guerrillero, surgido en 1963, no pudo impedir el funcionamiento de las instituciones.Pretender asimilar el gobierno constitucional del período 1967-1972 a la dictadura surgida a partir de 1973, es una infamia que desmerece los propósitos invocados por los firmantes del decreto de marras.2º Que tras el restablecimiento de la democracia en 1985, Uruguay se planteó la cuestión de cómo actuar frente a los crímenes cometidos en los años de violencia política y la resolvió con la generosidad característica de los mejores momentos de su historia: con una amplia amnistía para tupamaros y otros presos políticos, seguida por otra amnistía concedida a militares y policías a través de la Ley de Caducidad.Las dos amnistías fueron polémicas, pero sólo contra la segunda se interpuso el recurso de referéndum. Convocada expresamente a laudar el pleito, la ciudadanía lo hizo confirmando, por amplia mayoría, la Ley de Caducidad. Y veinte años después, en la misma elección nacional en la que el tupamaro José Mujica fue elegido presidente de la República, la ciudadanía rechazó la propuesta anulación de la Ley de Caducidad. Es evidente que el pueblo quiso superar el pasado y mirar al porvenir.3º Ningún país del mundo ha resuelto por el voto directo de la ciudadanía una cuestión tan delicada como la de la amnistía por crímenes cometidos durante una dictadura. Uruguay lo hizo. Ese magnífico ejercicio de democracia directa es un orgullo para el país y un mandato para sus gobernantes, que no tienen derecho a desconocer la voluntad de paz y concordia expresada por el soberano.4º La Ley de Caducidad no impide la búsqueda de la verdad ni la indemnización de las víctimas del terrorismo de Estado, como lo demuestran los numerosos procesos civiles que tras investigar hechos y diligenciar pruebas, terminaron con la condena al Estado a reparar los daños causados por sus agentes durante el período de facto.5º El Partido Colorado ratifica hoy su voluntad de mirar al futuro sin falsear la historia. Exige además que se respete la voluntad del pueblo soberano, libremente expresada en las urnas. La búsqueda de la verdad debe proseguir mientras haya desaparecidos, por respeto a su memoria y por solidaridad con quienes los lloran, pero no para azuzar una persecución penal que el pueblo ha rechazado, ni para seguir lucrando políticamente con la división entre los uruguayos.
