Antonio Ladra explica cómo se fue desarrollando el escándalo del Plan de Vivienda Sindical del PIT-CNT.
El Plan de Vivienda Sindical surgió en el seno del sindicato metalúrgico por impulso de Marcelo Abdala. A su frente designó a su mano derecha, Eduardo Burgos, también del sindicato metalúrgico, ambos dirigentes del Partido Comunista. Curiosamente, no participaron ni a FUCVAM ni al sindicato de la construcción (SUNCA). El presidente Mujica apoyó la iniciativa.
El 8 de noviembre de 2011 el plan fue lanzado oficialmente con el fin de construir 5.000 viviendas para trabajadores que no tuvieran acceso al ahorro previo. Esto fue de un monto de más de 100 millones de dólares.
En principio se habló de tres modalidades para acceder a la vivienda:
- A través de préstamos del Ministerio de Vivienda a través de cooperativas. Como requisito había que estar afiliados a cualquier gremio del PIT-CNT, sin límite de edad y no se debía superar las 60 UR mensuales de ingreso del núcleo familiar.
- A través del Banco Hipotecario para los trabajadores cuyo núcleo familiar superara las 60 UR mensuales.
- Reciclaje de viviendas en Montevideo, pero nunca se concretó.
El descubrimiento fue en diciembre de 2013, a través de un pedido de informes sobre el plan que hizo el dirigente Richard Read. Se mezcla el manejo del poder sindical, la política, todo adobado por presuntas estafas monetarias y que gira en torno a altos dirigentes vinculados al Partido Comunista.
Fue la segunda modalidad la que fue motivo de denuncias penales por estafa y sobre la que recayó ahora el pedido del fiscal Reyes aunque la primera también fue motivo de denuncias de irregularidades, pero no de manejo irregular de dinero.
La primera denuncia por estafa se conoció en diciembre de 2013. En total hay cuatro denuncias por estafa.
En todos los casos aparece como involucrado Burgos, quien ha comparecido ante la Justicia, hasta ahora como testigo.
Burgos, entonces titular del departamento de Vivienda del PIT-CNT, otorgó a varios "gestores" la autorización para negociar con empresas privadas la construcción de las viviendas en nombre de la central sindical.
A cambio de otorgarles la construcción de las viviendas a las empresas, los supuestos representantes de la sindical pedían una comisión del 10 % del valor de la obra. Un monto que supuestamente sería empleado para adquirir terrenos donde levantar las viviendas.
Los contratos se firmaron y los cheques que ascendieron entre 150 mil y 300 mil dólares fueron entregados a los gestores, en este caso el imputado Milton Díaz, y su socio Roberto Charlo, fallecido.
Las obras nunca se llevaron a cabo pero los cheques fueron cobrados. El PIT-CNT alegó que nunca autorizó esos poderes y que las demandas sólo afectan a privados.
Sin embargo, hay hojas embretadas del PIT-CNT, avaladas por un escribano público que involucra a Burgos, y a otro dirigente, Hugo Monza, quienes firmaron a nombre de la central sindical.
Por ejemplo, en enero de 2012 se firma el contrato con la empresa Vivamax (cuyos titulares eran Díaz y Charlo) para construir 3.400 casas. Burgos firmó el convenio en representación del PIT-CNT.
Había otras empresas también donde Díaz y Charlo eran los titulares
En una entrevista con el diario El País, Burgos dijo: "yo tenía un aval de Juan Castillo y Abdala para firmar con los privados. Ese aval decía que yo era responsable del Plan de Vivienda Sindical. Ellos me reconocieron como presidente y a Hugo Monza, que también firmaba, como secretario del plan".
En julio de 2014, con el escándalo en marcha, Burgos es removido al frente del Plan de Vivienda Sindical y se formó una comisión donde el Partido Comunista perdió el control del plan.
