Repasamos los hechos que llevaron a la medida tomada por el Gobierno.
El 28 de julio, el plenario nacional de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió que se ocuparan centros debido a la falta de respuesta de las autoridades de ASSE a los reclamos presupuestales en medio de las negociaciones por la Rendición de Cuentas.
Además, en la resolución se pidió la renuncia de los directores políticos de la administración. Los trabajadores piden aumento de salario, más recursos humanos, eliminar las tercerizaciones y que se cumpla con los acuerdos vigentes.
En las siguientes horas fueron ocupados el Hospital de Ojos, la Red de Atención Primaria y el Patronato del Psicópata. Para el 5 de agosto, las autoridades de la salud empezaron a manejar la posibilidad de decretar la esencialidad en los servicios. No obstante, se logró instalar una mesa de negociación.
En el diálogo se manejaron varias propuestas. Sin embargo, la FFSP asegura que el diálogo que se entabló no fue serio. Frente a esa situación, el Gobierno afirma que los trabajadores sí lograron avances en el marco de las negociaciones.
La esencialidad volvió a estar sobre la mesa en la medida que siguieron las ocupaciones. El miércoles 9, finalmente, el Ministerio de Salud Pública le pidió al Ministerio de Trabajo que decretara la esencialidad por considerar que la atención en los centros ocupados, que ya eran cinco, no era la adecuada. La definición se tomó luego de una reunión del ministro Ernesto Murro con el presidente Tabaré Vázquez.
Los trabajadores rechazaron la medida del Gobierno y afirmaron que la atención que se estaba dando era la correcta. También el PIT-CNT rechazó la esencialidad por considerar que, aplicada de esa forma, limitaba el derecho de huelga de los trabajadores.
Frente a esta situación, la central de trabajadores resolvió convocar a un paro en rechazo a la aplicación del decreto de esencialidad.
Aún con la esencialidad vigente, los trabajadores mantuvieron ocupado el Patronato del Psicópata por considerar que es una institución privada, que no es alcanzada por el decreto. Sin embargo, el Gobierno rechazó esa interpretación. “Hay personas muy vulnerables que no están siendo atendidas”, afirmó el ministro de Salud, Jorge Basso.
