Fertilización asistida: requerimientos y cómo se financia

La ley al respecto se aprobó en 2013 y reglamentó el año pasado. Desde entonces hubo 166 procesos aprobados.

En Uruguay hay unas 50.000 parejas con problemas de fertilidad, y hace dos años se aprobó una ley por la cual el Estado ayuda a pagar la cobertura de procedimientos médicos para lograr el embarazo. Esta norma recién fue reglamentada en 2015.

La especie humana es considerada de bajo potencial reproductivo. Una pareja joven tiene una fecundidad máxima inferior al 30% mensual. Los intentos de embarazo en los primeros seis meses tienen una eficacia del 60%, pero el año de intentarlo ese porcentaje baja a 48%. La Organización Mundial de la Salud define a la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo luego de doce meses o más de relaciones intentando concebir sin éxito.

Hasta antes de la Ley de Fertilización Asistida, costear un tratamiento de este tipo rondaba entre US$600 y US$1.000, según la complejidad. La ley establece que los procedimientos se pueden realizar siempre que haya probabilidades de éxito y no suponga un riesgo grave para la salud de la mujer. Luego de ese diagnóstico, es el ginecólogo tratante de cada mujer quien inicia los trámites para los procedimientos. Siempre se debe consultar con el ginecólogo.

Los tratamientos cubiertos por la ley son los de baja complejidad, de los que se hace cargo cada prestador de salud para mujeres menores de 40 años, y de alta complejidad, financiados a través del Fondo Nacional de Recursos. Los de alta son aquellos en los que la unión del óvulo con el espermatozoide se realiza fuera del cuerpo de la mujer.

La ley establece hasta tres intentos gratuitos en el caso de usuarios con ASSE y con pagos parciales del tratamiento para los afiliados a otros prestadores de salud. Este sistema de copagos depende del ingreso de la pareja y de las veces que se intente la fecundación. Por ejemplo, si la pareja gana hasta $30.521, el primer intento será gratuito; en el segundo deberá pagar un 10% y en el tercero un 20. Cuando el ingreso supera los $30.521, en el primer intento la pareja pagará el 25% y así en aumento según el poder adquisitivo. El detalle está en la web del Fondo Nacional de Recursos.

Hay cuatro clínicas habilitadas en el país: tres en Montevideo y una en Salto. Cada mujer tiene la posibilidad de elegir en qué clínica quiere realizarse el procedimiento. Los procedimientos pueden hacerse a mujeres cualquiera sea su estado civil u opción sexual.

El Ministerio de Salud Pública no tiene datos de cuántos tratamientos de baja complejidad se han llevado a cabo desde que se reglamentó la ley, pero sí se sabe que de los de alta se gestionaron 347 pedidos entre mayo y diciembre. De ellos, 166 fueron autorizados y doce rechazados. El resto sigue siendo estudiado.


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