Argentina cerro todo interés en la propuesta y el Gobierno mira a la petrolera Shell.
La regasificadora surgió como un proyecto de la administración de José Mujica, pensado originalmente en conjunto con Argentina. Se comenzó a construir, pero el país vecino desistió del negocio.
La planta iba a producir 10 millones de metros cúbicos diarios. Uruguay actualmente consume medio millón, por lo que había que vender los excedentes y Argentina podía ser el destino, pero también dijo que no y la idea se volvió inviable.
El Gobierno entonces buscó alternativas: sostiene conversaciones con la petrolera Shell, que tiene interés en una planta regasificadora pero con otras características.
Mientras, según informó el diario El País, Gas Sayago, la empresa creada por UTE y Ancap para administrar el proyecto, envió la siguiente circular a las cuatro empresas interesadas en desarrollar la obra:
“Informamos que damos por terminada la convocatoria de forma definitiva, en ejercicio del derecho de libertad de contratación y de acuerdo a lo establecido en la cláusula 13 de los términos de referencia.
El motivo de la terminación definitiva del proceso radica en la necesidad de ciertos cambios en la estructura jurídica y comercial del Proyecto GNL del Plata, fundamentales para que este sea viable del punto de vista económico.
En el citado macro Gas Sayago informa a los distintos oferentes que procederá con la devolución de las garantías presentadas en esta convocatoria”.
El proyecto original de la regasificadora está bajo investigación parlamentaria por iniciativa del diputado blanco Pablo Abdala. Respecto a esta situación dijo lo siguiente:
“Se va confirmando nuestra denuncia en el sentido de que en todo esto se actuó muy mal, a la hora de concebir el proyecto, una escala inadecuada y una ubicación inapropiada. Se actuó mal en las definiciones porque se hizo una adjudicación polémica a un oferente que no tenía la mejor oferta”.
Abdala sostiene que la cancelación del proyecto causó molestia entre las empresas, y que la estructura de Gas Sayago, que cuesta entre 4 y 5 millones de dólares anuales, ya no es necesaria. El diputado agregó que el tema tendrá consecuencias económicas con pérdidas mayores a 100 millones de dólares por pérdidas y el concurso de la constructora OAS, por más de 30 millones de dólares.
