Fue en 2010; en 2011 el Ejecutivo pasó una ley para evitar el problema y fue declarada inconstitucional.
La norma que equiparó los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia a los de los legisladores, que a su vez fue objeto de reclamo por parte de los miembros del Poder Judicial, fue votada por el Frente Amplio y el Partido Independiente en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado, en 2010. Esa ley está detrás del conflicto de los judiciales con el Poder Ejecutivo.
Luego de esa aprobación, el Ejecutivo promovió una ley interpretativa del artículo polémico que provocó el problema. Intentaba recuperar el error y evitar el "enganche" de los funcionarios judiciales; pero fue luego declarada inconstitucional por la Suprema Corte.
Los funcionarios judiciales piden un aumento del 26%, referido a la equiparación de los salarios de la Suprema Corte con los de los legisladores. Los ministros ganan $176.304, mientras que los jueces de Apelaciones ganan $137.353, los jueces de primera instancia $122.055 en Montevideo y $106.758 en el interior, los de paz $31.460 en Montevideo -igual que los jueces de faltas y conciliación-, los de paz en el interior ganan $84.192, y los jueces rurales ganan $39.819.
