El ex ministro de Economía y el expresidente del BROU aseguran que sus intervenciones reportaron ganancias al Estado.
La fiscal María de los Ángeles Camiño pidió en diciembre de 2016 condenas de 20 meses de prisión, la inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos y multas de mil unidades reajustables para ambos. En caso de ser condenados, ninguno de los dos iría a la cárcel porque la nueva resolución no anularía la libertad ya otorgada en 2014. Entretanto, los abogados de ambos presentaron pruebas de la inocencia de sus defendidos.
El doctor Gonzalo Fernández, abogado de Calloia, ingresó documentación sobre los costos y ganancias que el fideicomiso de los aviones y el préstamo para la garantía del aval reportaron al Estado.
Según publica el diario El País, la documentación se basa en una auditoría de KPMG y señala que el fideicomiso cobró 13.680.000 dólares por el incumplimiento del aval. Al restarle el pago a los rematadores, unos 884 mil dólares, la ganancia para el fideicomiso fue de 12.800.000 dólares.
Para el Banco República, la ganancia fue de 1.300.000 dólares por los intereses del préstamo otorgado a López Mena. El dueño de Buquebus se había hecho cargo del pago del aval.
El total de ganancias para el estado ascendería entonces a unos 14.100.000 dólares.
Por su parte, el abogado de Fernando Lorenzo, Amadeo Otatti, presentó hace un mes las actas de la sesión del Senado en la que el expresidente Mujica asumía la responsabilidad de las gestiones por la subasta de los aviones de Pluna. Incluyó además el presumario sobre la empresa Montfortelco, mencionada por la fiscalía como uno de los interesados que habría sido perjudicado por los jerarcas en favor de la española Cosmo. Montfortelco nunca tramitó el aval ante el BROU y sería, en realidad, una empresa fantasma.
La jueza de Crimen Organizado, Maria Elena Mainard, debe resolver ahora si las pruebas son suficientes para condenarlos o absolverlos.
