El proyecto establece que en un plazo de tres años las empresas del sector privado con más de 25 empleados deberán haber llenado el 4 % de sus vacantes con personas con discapacidad.
El proyecto establece sanciones por incumplimiento, que pueden incluir amonestación, multa o clausura. Legisladores del oficialismo y de la oposición señalaron que el Estado incumple con la cuota laboral para personas con discapacidad en el sector público. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para continuar el trámite parlamentario.
