Los dos policías y el operador penitenciario que fueron procesados con prisión actuaban por separado en la unidad 4 de Santiago Vázquez, ingresando elementos no autorizados al establecimiento, sin pasar por los controles.
La familia de los reclusos depositaba el dinero en una red de cobranza y posteriormente los funcionarios penitenciarios cobraban ese dinero. Los elementos eran, principalmente, teléfonos celulares que están prohibidos.
El director del INR, Luis Mendoza, explicó:
"Eso es en el marco de la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario, debemos dar el ejemplo y hay que sanear al sistema penitenciario.
Al ser policías se valían de su función para ingersar elementos y burlar al sistema de seguridad. Se descubrió de acuerdo a una investigación paciente".