Esto desde que se aplica el protocolo que aprobó el Vaticano hace cuatro años. En Montevideo hay dos o tres casos en proceso, dijo el vicario pastoral.
El mes pasado un hombre que vivía en la parroquia de pueblo Lavalleja en Salto marchó a la cárcel por mantener relaciones sexuales con niños y adolescentes.
Era hermano consagrado, colaborador del párroco local. Si bien el hombre, un argentino de 45 años, no era sacerdote ni obispo, su conducta reflotó el debate sobre el abuso de menores por parte de integrantes de la iglesia católica.
Un protocolo elaborado por el papa Benedicto XVI en 2011 es lo que se aplica en Uruguay por resolución de la conferencia episcopal, detalla cómo debe actuar el obispo ante la denuncia.
Si hay indicios de que la denuncia puede ser real, el obispo debe abrir una investigación previa, se nombran investigadores y un notario y se establecen los plazos. Esa investigación determinará si se archiva la cusa o si se envía a la santa sede.
¿Cuándo interviene la justicia? Si el caso está ocurriendo, el protocolo establece que el obispo debe denunciarlo ante la justicia inmediatamente. Pero si es algo que pasó tiempo atrás se espera lo que dictamine el proceso canónico.
