El fiscal de Corte analizó la instalación del sicariato en Uruguay, el narcotráfico y la trata de personas.
¿Qué función cumple el fiscal de corte?
Una función administrativa o de gestión, que a partir de la creación de la Fiscalía General de la Nación, es el director del servicio descentralizado. Cumple las veces de gestor, de administrador. Por otro lado, en el área juridiccional actúa ante la Suprema Corte de Justicia. Es la cabeza de los fiscales que en nuestro derecho, entre otras funciones, tiene la función de acusar. En el proyecto de presupuesto hay una redefinición de cometidos de la Fiscalía General de la Nación. Nos va a permitir redireccionar recursos humanos hacia otras áreas, como el área penal, de cara a la implementación del código.
Usted estuvo en el Parlamento por el tema del presupuesto, la SCJ se queja porque dice que no hay previsiones presupuestales para el Poder Judicial, ¿cómo se interpreta esto?
Yo estuve en el Parlamento pero no por el tema presupuestal. Fuimos a hablar sobre el proyecto de implementación progresiva del código del proceso penal, que tiene prevista su entrada en vigencia el 1º de febrero de 2017. Cuando se apruebe entraría a regir el 90% de los artículos, quedando un 10% diferido para más adelante. Ayer fuimos a dar nuestra opinión sobre ese proyecto. Seguramente seremos convocados por la Comisión de Hacienda cuando el proyecto ingrese formalmente a esa comisión.
Son dos temas vinculados...
Yo puedo opinar del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación que es lo que a mí me corresponde, me parece de mal gusto opinar sobre el presupuesto de otras instituciones del Estado. Desde marzo estuvimos trabajando en al elaboración del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación (...). El escenario actual es: creación del servicio descentralizado, la Fiscalía tiene 290 fiscales pero no tiene un abogado que los defienda en juicio. La otra parte del presupuesto es la puesta en vigencia y la implementación del código, nosotros le planteamos al Ministerio de Economía que necesitamos 6 ó 7 fiscales cada 100.000 habitantes. Planteamos crecer con la creación de cargos y con la reasignación de funciones dentro de la Fiscalía. De ahí sale la otra parte de fiscales para poder llegar a ese número.
Por este aumento de fiscales, los jueces han dicho que el Poder Judicial puede quedar desbalanceado: ¿qué opina?
El desbalance existe hoy, aun cuando no entre en vigencia el código. El desbalance existe hoy y poco o nada tiene que ver con la entrada en vigencia del código. Hay un desbalance en contra de la defensa. Acá tenemos 100 años de historia donde una de las instituciones de la administración de Justicia del Estado recibió fondos y la otra no. En esta oportunidad, esta institución ahora recibe recursos. Yo hablo de lo que me corresponde hablar a mí, que es del presupuesto de la institución que yo dirijo.
Ya que estuvo en la comisión, usted sigue con la idea de que tiene que hacerse de una vez, la SCJ dice que tiene que hacerse gradualmente...
Nosotros sostuvimos que la implementación por territorio tiene un problema serio de constitucionalidad porque vulnera el principio de igualdad. En Chile y en Colombia para poder hacerlo por territorio hubo que modificar la Constitución, pero en esos países el Parlamento puede modificar la Constitución. En Uruguay eso no se puede hacer, cualquier procedimiento de reforma termina con un plebiscito.
Usted sabe que el presidente de la SCJ admitió que esa era una posibilidad...
Esa fue una propuesta de la Corte con la cual nosotros no estábamos de acuerdo. Yo creo que se encontró un camino que se puede recorrer, tengo la más absoluta esperanza de que vamos a encontrar el camino a fines de este año y principios del año que viene que nos va a permitir llegar a una solución de consenso.
¿Cómo es su relación con el gobierno?
Como director de un servicio descentralizado, es razonable que tenga que relacionarme con todo el sistema político. De hecho tengo que ir ahora al Parlamento a pelear por un presupuesto. (...). Yo tengo una muy buena relación con todos los partidos políticos con reglamentación parlamentaria.
¿Recibe presiones o sugerencias?
Nunca recibí una llamada de ningún partido político por ningún caso en particular.
¿Y de organizaciones sociales?
Las organizaciones sociales no llaman por teléfono, plantean sus asuntos públicamente. Pero eso no son presiones, es el libre juego de la libertad de expresión.
En las últimas horas se conoció su decisión de trasladar al fiscal Enrique Viana por falta de idoneidad. ¿Cuáles son las razones?
Están explicitadas en la resolución, son claras y cristalinas. Recibimos la notificación de que la SCJ había rechazado por unanimidad el planteo de inconstitucionalidad del fiscal contra la ley que regulaba la minería de gran porte. Tenemos información de unas 20 acciones planteadas por este fiscal de inconstitucionalidad que han sido rechazadas durante los últimos diez años. Los fiscales representamos a la sociedad y somos responsables de cumplir bien la función. Si un fiscal inicia 20 acciones y las pierde todas, no está cumpliendo bien con su función. No podemos estar discutiendo cada uno de los traslados. Fue trasladado a la Fiscalía de Menores.
¿Existe algún tipo de sanción?
Estamos iniciando una investigación administrativa, es el principio del proceso.
La sociedad uruguaya está cambiando, usted fue juez del crimen organizado. Hay más violencia en el delito, apareció el sicariato. ¿Cómo ve esta situación?
Obviamente preocupa. La sociedad uruguaya está más violenta, en el deporte, en el tránsito, en la enseñanza. En una sociedad que tiene cada vez mayores grados de violencia, pretender que el delito no sea cada vez más violento es un absurdo. Obviamente que me preocupa y lo que más preocupa es que no somos conscientes de que necesitamos cambiar la manera de perseguir el delito en el país. La seguridad no depende solo del Ministerio del Interior, implica una política pública que debería implicar cuatro acciones: la tarea de prevención, la tarea de reprimir el hecho delictivo inmediatamente, la tarea de investigación penal y la tarea de persecución penal.
¿Cuál está fallando?
Tenemos un proceso penal que coloca en la cabeza de los jueces la tarea de perseguir y la de investigar. La independencia que es un valor absoluto a la hora de juzgar, es un elemento contrario a la hora de investigar. La tarea de investigar la tienen que tener los fiscales que pueden sentarse en una mesa, elaborar estrategias en común y de esa manera sentados en la misma mesa, hay que elaborar una política de persecución penal común y estratégicas.
¿Qué papel juega el narcotráfico?
Lo que tiene el narcotráfico es que es una actividad altamente rentable. No solamente el narcotráfico, también el tráfico de armas y la trata de personas. Hemos tenido investigaciones, procesamientos y sentencias por trata de personas y tráfico de drogas en forma abundante. El rol lamentable que ha cumplido el narcotráfico en nuestro país, además que en sí mismo implica una vulneración en la salud pública, es que se da el fenómeno de la territorización. Redes que controlan toda la actividad delictiva en un determinado territorio. Cuando yo fui juez del crimen organizado, Uruguay era una zona de tránsito. Uruguay es un mercado muy pequeño comparado con el europeo, pero el problema de la droga que se consume en Uruguay es el sulfato de cocaína, la pasta base (...). Es una droga muy barata, de fácil acceso, que produce un efecto muy fuerte pero que se va muy rápido.
¿El sicariato llegó a Uruguay para quedarse?
Yo en 2009 dije que en Uruguay no había sicariato porque no se había encontrado la oferta con la demanda. Lamentablemente ahora la oferta se encontró con la demanda. Si llegó para quedarse, yo espero que nosotros por lo menos podamos contenerlo en la zona en que hoy no está, entre las organizaciones criminales (...). Hasta ahora eso está contenido ahí, hasta ahora no hemos encontrado que las organizaciones criminales utilicen la fuerza contra las fuerzas de seguridad o los demás operadores del sistema. Lo ideal sería contenerlo donde está para revertirlo, yo creo que eso es posible.
Pero hay jerarcas que han sido amenazados de muerte.
Yo conozco perfectamente las escuchas a las cuales usted se está refiriendo, pero hasta ahora en los hechos eso se ha mantenido en una determinada zona. Que exista riesgo de que se trascienda, obviamente que sí. Es cierto que los operativos de las fuerzas de seguridad se planifican para superar en fuego a las organizaciones criminales. Es un tema cultural. Cuando los diques culturales se rompen, después es muy difícil recomponerlos. Algún dique se rompió, hay que trabajar para intentar recomponerlo rápidamente. Pero en Uruguay el Estado tiene presencia en todo el territorio. La Policía Nacional en este país ingresa a cualquier parte del territorio.
Tal como dice el departamento de estado de EE.UU., Uruguay sigue siendo vulnerable al lavado de activos...
Es una lucha permanente, Uruguay ha avanzado muchísimo desde el año 2004. En aquel año en Uruguay lavábamos, planchábamos, hacíamos todo el proceso tranquilamente. Hemos avanzado muchísimo en el sector financiero (...). El sector más vulnerable es el bancario y por eso es el sector más controlado. Donde tenemos mayores dificultades es en las actividades financieras no designadas.
Como la venta de jugadores.
Como la venta de caballos de carrera o la venta de obras de arte, siempre es una actividad muy delicada, porque estamos hablando de bienes que no tienen una medida en el mercado.
A principio de este mes se incautó documentación de la dictadura: ¿ya se está trabajando?
Desconozco el contenido. Yo soy amigo personal del doctor Javier Miranda, un día me llamó por teléfono y me dijo que tenía información sobre la posible existencia de un archivo en el domicilio del fallecido; nos reunimos en mi casa, yo le sugerí que él como denunciante presentara la información. La juez dispuso el allanamiento, se incautó la documentación y se va a estar investigando en los próximos días. Desconozco el contenido, no sé si es sobre la dictadura.
Cuando se declaró la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad pareció que no se podía avanzar en estos hechos, ¿qué tanto se puede avanzar?
Acá hay dos cuestiones, una jurídica y una fáctica. Respecto a la jurídica, el fiscal de Corte ha dicho reiteradamente que Uruguay tiene que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH en el caso Gelman. Una de esas medidas dice que las graves violaciones a los DD.HH. cometidas en dictadura son de lesa humanidad, por lo tanto son imprescriptibles. Esa ley que se llamó de interpretación de la Ley de Caducidad no era aplicable, puesto que no era necesaria, porque la vía es el cumplimiento del fallo. La parte del hecho, bueno, nosotros creamos una unidad en la Fiscalía para sistematizar todas las causas (...). Acá hay una carrera contra el tiempo, las víctimas y los victimarios se están muriendo.
¿El caso Gelman se aplica a todos los casos? ¿La ley interpretativa no tiene ninguna validez?
Así lo dice expresamente el fallo de la Corte Interamericana, que tiene la potestad de juzgar y al mismo tiempo de seguir el cumplimiento del fallo. La Corte Interamericana sigue todos los años visitando Uruguay y controlando el fallo. Uruguay fue demandado y condenado. Si pertenecemos al ámbito del sistema interamericano de DD.HH. tenemos que cumplir el fallo. Si nosotros decidimos retirarnos, como ha hecho Venezuela, los caminos jurídicos están abiertos.
Usted tiene en sus manos la llamada Ley de Medios. ¿En qué está?
Nosotros nos hemos pronunciado en algunas causas sobre ese tema y hemos entendido que en el total de planteos de inconstitucionalidad hay algo así como 130 artículos cuestionados. Hasta la fecha hemos entendido que había algo así como 13 artículos que padecían de inconstitucionalidades. Y hemos descartado otro montón de excepciones de inconstitucionalidad. Es una situación muy compleja, porque son muchas acciones planteadas sobre muchos artículos (...). Hay planteos contradictorios de distintos accionantes que tienen intereses opuestos, como las radios de Montevideo y las radios del interior, como el tema de la publicidad. Es bastante complejo poder armar ese puzzle. Hay artículos que tienen problemas de redacción que hace que nosotros lo consideremos inconstitucional.
¿Está de acuerdo con la creación de un juzgado especializado en el tema de drogas, como pretende el Ministerio del Interior?
No.