Piden que se investigue el incumplimiento de varios aspectos de la ley de responsabilidad penal empresarial en concurrencia y la comisión del delito de lesiones graves.
El 10 de diciembre del año pasado, en horario laboral, las instalaciones del laboratorio Fármaco Uruguayo explotaron. En la planta ubicada en Dámaso Antonio Larrañaga y Camino Corrales, en el barrio Ituzaingó de Montevideo, había más de 30 trabajadores que debieron ser asistidos por el Banco de Seguros del Estado (BSE).
Ahora, con el patrocinio del abogado Óscar López Goldaracena, los damnificados presentarán una denuncia penal contra los responsables de la empresa.
Piden que se investigue el incumplimiento de varios aspectos de la ley de responsabilidad penal empresarial en concurrencia y la comisión del delito de lesiones graves, tanto por la explosión como por las salidas obstruidas y la ausencia del plan de evacuación.
Según los denunciantes, las salidas de emergencia estaban obstruidas y no había plan de evacuación ni protocolo de escape. Aseguran que una puerta estaba obstruida por una pared de yeso y fue necesario romper un vidrio doble a golpes de puño para salir.
Los trabajadores sostienen que se había exigido un protocolo para accidentes y simulacros de evacuación, pero la empresa hizo caso omiso.
"Ningún trabajador debe correr riesgos en su vida o salud por estar trabajando; de una vez por todas los empresarios deben comprenderlo. La justicia debe hacer caer, en este caso, todo el peso de ley en los responsables y realizar una investigación a fondo. Aún no sabemos oficialmente cuál fue exactamente la causa de la explosión", señala la gacetilla de prensa que entregaron los denunciantes.
Según este documento, los damnificados están en seguro de paro y con estrés postraumático.