Un grupo de militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura se encuentra preparando dos denuncias contra el Estado uruguayo. Por un lado, planean demandarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque consideran que no se respetaron las garantías del debido proceso en las investigaciones por las que terminaron siendo condenados. También presentarán una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya, porque entienden que el Estado no se defendió, sino que se allanó frente al Caso Gelman. ¿Qué argumentos tienen para sostener estas denuncias? Recibimos a Rafael Ravera, abogado de militares condenados por crímenes en la dictadura.
Desde el punto de vista jurídico, sin duda que todo lo que llega al conocimiento de la verdad, aporta.
Con respecto al homenaje de las muchachas de abril, el lamentable incidente que sucedió en esto que la mayoría de los uruguayos no queríamos y somos partícipes. Creo que todavía no está definido el tema como para realizar tal homenaje, pero sí hay un acuerdo o manifestación que el Uruguay como Estado democrático, lo respeta.
El proceso en el Uruguay no está definido, queda pendiente, o es mi caso, pero queda una reconstrucción, definir un montón de casos.
Defiendo a varios militares.
En general, los abogados defensores, especialmente en el caso de los militares, creemos que no se ha cumplido realmente el debido proceso e incluso hay resoluciones judiciales que así lo entienden. En Colonia no se ha cumplido el artículo 126 del código de procedimientos penales. Entendemos que se había prejuzgado y no se había dado cumplimiento a eso.
El artículo 126 establece que antes de procesar, el imputado tiene derecho y debe ser interrogado por el abogado ante el juez. Es la última instancia de defensa que tiene ante el juez.
Su respuesta a las críticas de Perciballe por el uso de “chicanas”
Trato de no calificar despectivamente ninguna acción de ningún colega porque nuestra profesión es abogar.
Tenemos que buscar la aplicación del derecho, no ideologizar el tema.
La inconstitucionalidad ha sido planteada, no como chicana, sino porque existe, no entienden la mayoría de las abogados defensores, que eso no quiere decir estar de acuerdo con lo que se juzga, sino darle el debido proceso. Ni que hablar con el tema de retroactividad.
A nivel de Uruguay es inútil plantearlo porque muchas personas pensamos esto en vez de aplicar el derecho, lo aplicamos de forma ideologizada.
Porque se interpongan recursos e institucionalidades y no se dé lugar a eso, no significa que no existen.
Es muy excepcional el sistema, pero la inconstitucionalidad está planteada porque, realmente, incluso la Corte ha declarado una institucionalidad.
El tema de plantear la inconstitucionalidad desde el punto de vista de la mayoría de los juristas existe, y de la propia Corte existe. La ley de caducidad, por ejemplo.
Yo me considero víctima de ambos lados.
No estoy sosteniendo que no haya habido torturas, si yo le digo a usted que ha cometido torturas sin pruebas, estoy cometiendo una infamia.
Sin duda hubo delitos, el problema es identificar a las personas, quiénes lo cometieron, qué pruebas hay y si se aplica retroactivamente la ley penal.
La sentencia se basa en el tratado de Roma, dice que no es suponible a los delitos de lesa humanidad, el perdón. La mayoría de los delitos se entienden por lesa humanidad.
En derecho están las dos bibliotecas, las más importantes son las inconstitucionalidades no reconocidas y las retroactivas. Si vamos a juzgar las retroactivas, si vamos a juzgar el pasado reciente, vamos a juzgarlo de acuerdo al derecho.
Si los delitos son retroactivos, que es el punto más fuerte, los delitos de lesa humanidad no admiten amnistía, perdón y, sin embargo, los delitos de lesa humanidad, como dijo el presidente Lacalle, se están juzgando, al menos en América Latina, de una forma hemipléjica.
Que se hayan cometido delitos, sin duda. Se juzgara a las personas que cometieron delitos, hay que probarlos.
Creo en la aplicación del derecho. Creo en la retroactividad.
¿Le pregunto a sus defendidos si sabe donde están los restos de los desaparecidos?
No se los pregunte, bajo ningún concepto.
La mayoría de los defendidos sostienen la inocencia.
Hay que avanzar sobre eso.
Tendría que saber si los hay, tendría que preguntárselo. En segundo lugar, estaría violando mi obligación de proteger la información.
No es relevante a efecto de los juicios. No tuve casos emblemáticos que podrían saber qué es lo que ocurre.
No tengo ningún caso, no voy a hacer público a quien defiendo. Simplemente basta decir que no tengo ningún caso.