Se investiga si Mainard fue inducida a error por informes médicos y documentos del Instituto Técnico Forense apócrifos, sin firmas, que presentó la abogada defensora de González Bica, Mercedes Acosta.
La Suprema Corte de Justicia analizará este jueves la fuga del narcotraficante Antonio González Bica. En las últimas horas recibió el informe de la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, quien le otorgó prisión domiciliaria en base a informes médicos que resultaron ser falsos.
Según el documento al que accedió El País, Mainard fue inducida a error por informes médicos y documentos del Instituto Técnico Forense supuestamente apócrifos, sin firmas, que presentó la abogada defensora de González Bica, Mercedes Acosta.
González Bica estaba preso en el penal de Libertad desde junio del 2022, cuando su cargamento de 172 kilos de cocaína y 251 kilos de pasta base fue incautado dentro de una camioneta que simulaba ser una ambulancia de traslado. También se incautó un fusil AR-15 y nueve automóviles.
El 31 de mayo de este año, en el pedido de prisión domiciliaria, su abogada afirmó que “presenta distintas patologías, entre ellas a destacar la cardíaca y renal”. Agrega que debe dializarse dos o tres veces por semana, y que “no puede permanecer recluido” como surge de la evaluación del médico cardiólogo tratante que también acompañaba el escrito.
Incluye también un “informe de tomografía computada”, la “historia clínica” del recluso y un “escrito del Comisionado Parlamentario”.
Ahora fiscalía investiga si todos esos documentos son falsos. Una fuente del caso dijo a El País que los certificados médicos presentados por la abogada Acosta son de puerta de emergencia y no por el médico tratante, y que “no hay ningún certificado que diga que Bica se dializó”.
En la audiencia la fiscal adscripta Gabriela Fernández, planteó que dada la peligrosidad de González Bica, debía ser realojado en una cárcel donde se realice hemodiálisis.
La jueza Mainard preguntó cuál sería esa cárcel, y agregó: “Debe ser en la China o en otro país. Dígame a dónde lo llevamos”.
La fiscal Fernández propuso el Centro de Estudios y Diagnóstico, en la excárcel Central, hasta encontrar un penal donde se le pudieran hacer las diálisis, y la abogada del narcotraficante insistió en la prisión domiciliaria y dijo: “No estamos ante un asesino serial”.
La jueza Mainard afirmó que el delito es grave, pero no lo podían dejar morir en la cárcel. “Tiene una pena y la tiene que cumplir. La situación del INR es lamentable; el riesgo de vida lo tiene”, afirmó la jueza. Dos meses después de obtener la prisión domiciliaria, González Bica se fugó.
Al enterarse de que había un informe suyo apócrifo, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó una denuncia penal. La abogada de González Bica fue detenida e imputada. También lo fue Matías Campero, quien habría falsificado los documentos.