La ministra Lazo señaló que “lo que aparece en esos documentos amerita hacer una ampliación” de la denuncia.
El gobierno uruguayo analiza ampliar la denuncia contra el astillero español Cardama, contratado por la administración de Luis Lacalle Pou para construir dos patrullas oceánicas. Esto se da ante la presunta falsificación de la firma de un escribano en los documentos presentados por la empresa en su garantía.
Semanas atrás, el Poder Ejecutivo anunció la decisión de empezar el proceso para rescindir el contrato con el astillero gallego. Argumentaron las autoridades en ese entonces que se había detectado problemas de calidad con una de las garantías. De hecho, agregaron, de fondo había una "empresa fantasma", lo que motivó incluso la presentación de una denuncia por parte del gobierno.
"Se debe seguir conversando, porque el contrato está", dijo Orsi sobre Cardama
A eso ahora se le sumaría una ampliación por otro aspecto de apariencia dolosa: la falsificación de la firma de un notario español.
Según informaron La Diaria y Búsqueda, respectivamente, primero el notario Luis Calabuig de Leyva indicó que una firma que emulaba ser la suya aparecía en un “acta de manifestación” que Cardama presentó en noviembre de 2024 con la garantía de Eurocommerce Bank, la empresa que el gobierno entiende era “de papel”. El notario presentó una denuncia ante la Policía de su país por la falsificación de la rúbrica. Y a eso se le sumó el aval de un colega suyo, Ignacio Martínez-Gil, quien afirma que las copias del acta que Cardama remitió al Ministerio de Defensa son “absolutamente falsas” y no fueron consagradas “por ningún notario”.
Consultada este martes al respecto, la ministra Lazo señaló que “lo que aparece en esos documentos amerita hacer una ampliación” de la denuncia.
“Creo que por un lado va el tema de lo que se ha encontrado en materia de la denuncia inicial. Y por otro lado va la realidad, que es cómo generamos lo que queremos específicamente, que es contar con las unidades de la mejor manera posible, con otras reglas de juego. Si se inicia una etapa de negociación, por ejemplo, creo que el Estado uruguayo tiene que cambiar el rol y tener un rol mucho más protagonista dentro de lo que es esa negociación. Tenemos que tener un control efectivo sobre cómo, qué queremos y qué necesitamos, y cómo se lleva adelante. Nosotros pagamos por un servicio; por lo tanto, tenemos derecho a opinar y a que se tome en cuenta”, dijo Lazo.
“Estamos en una circunstancia en la que creo que la sobriedad y opinar sobriamente es parte de la negociación. Hay una necesidad real para el Estado y para la Armada. La situación que se encontró, al tener apariencia dolosa, nos parecía que no se podía mirar para otro lado y había que hacer la denuncia”, agregó la jerarca.