Según denuncian ediles opositores, desde la Intendencia se busca instalar un restaurante de comida rápida que no habría cumplido con los requisitos legales.
La oposición en la Junta Departamental de Montevideo resolvió este jueves enviar al Tribunal de Cuentas el caso del Parador Nelson, ubicado en la Rambla de Montevideo a la altura del Parque Rodó, ante presuntas irregularidades en su concesión. Según denuncian ediles opositores, desde la Intendencia se busca instalar un restaurante de comida rápida que no habría cumplido con los requisitos legales.
De acuerdo a lo consignado por el diario El Observador, la polémica se originó hacia el final de la anterior administración departamental, cuando la empresa Adiser S.A., correspondiente a la cadena Burger King, adquirió la concesión que estaba en manos de la empresa Kerifos. Esta situación fue observada por el Tribunal de Cuentas, que notificó a la Junta Departamental sobre el caso.
No obstante, la administración departamental entendió que no se trataba de un nuevo contrato y continuó adelante con la concesión.
El edil del Partido Nacional, Rafael Seijas, sostuvo a Telemundo que la Intendencia actuó de forma ilegal. “Nosotros estamos convencidos en relación al Parador Nelson que la Intendencia actuó en forma ilegal buscando beneficiar a dos empresas privadas”, afirmó. Según explicó, “sí existió un informe del Tribunal de Cuentas de lo que fue la ampliación de la licitación”.
Seijas detalló que, a su entender, la Intendencia desestimó las observaciones del organismo de contralor. Indicó que, de los cuatro actos administrativos vinculados a la concesión, la Intendencia “hizo caso omiso a esa información del Tribunal de Cuentas” y que posteriormente la oposición encontró nuevos elementos que no habían sido analizados porque “era material que no se le había enviado al Tribunal de Cuentas”.
En ese marco, el edil explicó que la oposición presentó una moción para que el Tribunal de Cuentas vuelva a pronunciarse. La iniciativa fue aprobada con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado. Según Seijas, el objetivo es que el organismo determine “si existía o no un contrato vigente para explotar el Parador Nelson”, y que luego se pronuncie sobre la concesión y su ampliación, definiendo “si esos actos fueron legales o ilegales”.