Durante los primeros diez meses deberán cumplir arresto domiciliario total, además de presentarse semanalmente ante la Policía y realizar servicio comunitario.
La Justicia de Maldonado condenó este sábado a dos integrantes de una familia —un hombre y una mujer— por un delito continuado de estafa en concurrencia con reiterados delitos de usurpación agravados, en el marco de una causa por ocupación ilegal de una vivienda en Punta del Este. Ambos integraban un grupo familiar de cinco personas, dos hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, que habían sido detenidos tras un allanamiento. Los otros tres recuperaron la libertad.
A los condenados se les impuso una pena de 24 meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo. Durante los primeros diez meses deberán cumplir arresto domiciliario total, además de presentarse semanalmente ante la Policía y realizar servicio comunitario.
La investigación se inició luego de la denuncia de una propietaria que afirmó haber sido víctima de la usurpación de su vivienda. Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, el grupo operaba mediante un modus operandi reiterado: alquilaban casas por períodos breves, pagaban en efectivo, ganaban la confianza de los dueños y, antes de finalizar el contrato, cambiaban cerraduras y se negaban a abandonar el inmueble, retirándose únicamente tras una orden judicial.
En un comunicado, la Policía indicó que este accionar resulta compatible con maniobras de estafa y eventualmente asociación para delinquir, extremo que deberá ser determinado por la Justicia.
El principal involucrado fue identificado como Antonio Píriz Romano, conocido como “el Negro Tony”, quien registra antecedentes penales desde el año 2000 y llegó a ser candidato a alcalde en Maldonado en 2015. Según denuncias de propietarios y vecinos, durante más de dos décadas habría protagonizado ocupaciones ilegales de viviendas de alto valor en Punta del Este y Maldonado, amparándose en la lentitud de los procesos judiciales para prolongar su permanencia en los inmuebles.
El operativo se concretó luego de que la Fiscalía Letrada de 3.º Turno otorgara plazo hasta el jueves 29 de enero para desocupar la vivienda. Al no hacerlo, se dispuso el allanamiento y las detenciones.