“Todos sabemos que las cárceles están en condiciones terribles y a nadie se le desea un tormento; se le desea una privación de libertad, que es otra cosa, pero tampoco aflojar la mano de esa manera”, valoró.
El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera se pronunció en contra de las modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP) que, a raíz de flexibilizar el acceso a la libertad anticipada, llevaría a la liberación de presos: “Hay que tener mucho cuidado”, afirmó.
En rueda de prensa, el exmandatario (1990-1995) recordó que en su primer período como senador de la República, en el año 1985, el Parlamento votó “una liberación de presos”, pero que él estuvo en contra.
Con esto, señaló que, a su modo de ver, “hay que tener mucho cuidado con las liberaciones de presos”.
“Todos sabemos que las cárceles están en condiciones terribles y a nadie se le desea un tormento; se le desea una privación de libertad, que es otra cosa, pero tampoco aflojar la mano de esa manera”, valoró.
En ese sentido, vio con buenos ojos un debate más amplio y que se “revise todo” el Código del Proceso Penal.
“Ya estamos en un sistema en el que el fiscal dice ‘le vamos a dar usted diez años’ y se arregla por dos. Estamos en un sistema de negociación que a veces una persona que ha cometido delitos terribles negocia por un par de años y después vuelve”, dijo.
“Estamos en un momento de revisar todo el Código del Proceso Penal. Hay tantas cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, la Ley de Caducidad, que es violada todos los días: hay militares que eran alférez de 20 años y los han perseguido y puestos presos en una mala interpretación de lo que fue un espíritu de amnistía, que era el espíritu de los que votamos las dos leyes: la que perdonó a los tupamaros todas las barbaridades que hicieron y la que suspendió la persecución de los otros”, agregó.
Los cambios que planteó el Poder Ejecutivo al CPP y que, entre otras cosas, implicarían modificaciones en el acceso a la posibilidad de solicitar la libertad anticipada por parte de reclusos, generaron repercusiones políticas en las últimas horas: la cuantificación de a cuántos presos podría alcanzar este cambio generó polémica luego de que la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, primero la cifró en 2.000 y luego, en el medio de la ola de críticas, la bajó a 400.