El documento pide confirmar la aplicación del artículo 85 numeral 14 de la Constitución, que otorga a la Asamblea General la potestad de conceder indultos con una mayoría especial de dos tercios de votos del total de sus integrantes, reunidos en ambas cámaras.
Un grupo de legisladores solicitó a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, que remita a la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo un informe técnico sobre la viabilidad de conceder un indulto a Moisés Martínez Pereira, condenado a 12 años de penitenciaría por el homicidio de su padre.
El pedido, fechado el 10 de abril en Montevideo, fue presentado por la diputada Elianne Castro, el senador Andrés Ojeda y el diputado Álvaro Perrone, quienes plantean la necesidad de analizar tanto la viabilidad jurídica como los pasos formales para impulsar la medida.
En el documento, los legisladores sostienen que el caso presenta “una sensibilidad humana excepcional” y remarcan que en el juicio quedó acreditado que Moisés y su familia atravesaron una “historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos”.
Bajo ese argumento, señalan que el indulto podría evitar que la pena se convierta en una “mortificación adicional” para una persona que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, en línea con el espíritu del artículo 26 de la Constitución.
El texto agrega que la propia sentencia reconoce un historial de “torturas y violencia sistemática” que el Estado no logró prevenir a tiempo, pese a antecedentes existentes desde 2010 vinculados a delitos sexuales en el entorno familiar.
Además del planteo de fondo, los legisladores formulan una serie de consultas técnicas. Entre ellas, preguntan si es imprescindible que la condena quede firme (con autoridad de cosa juzgada) para que la Asamblea General pueda tratar un indulto, considerando que la defensa del condenado anunció que apelará el fallo de primera instancia dictado el pasado 8 de abril.
También solicitan aclarar si el trámite puede iniciarse durante el proceso de apelación o si debe aguardarse la sentencia definitiva, en función de lo establecido en el artículo 128 del Código Penal, que define el indulto como un mecanismo para extinguir la pena.
En materia procedimental, el documento pide confirmar la aplicación del artículo 85 numeral 14 de la Constitución, que otorga a la Asamblea General la potestad de conceder indultos con una mayoría especial de dos tercios de votos del total de sus integrantes, reunidos en ambas cámaras.
Asimismo, se consulta si la iniciativa debe presentarse como un proyecto de ley o mediante otra modalidad de resolución parlamentaria, y si requiere el pasaje previo por alguna comisión.
Otro de los puntos refiere a los límites legales del instituto. Los legisladores señalan que el Código Penal establece restricciones similares a las de la amnistía, especialmente para reincidentes o delincuentes habituales, aunque destacan que Moisés cuenta con primariedad absoluta y no tiene antecedentes penales.
Finalmente, solicitan antecedentes documentados de indultos otorgados por la Asamblea General, así como los criterios —políticos, sociales o jurídicos— que han orientado esas decisiones en el pasado.