“Es de sentido común que si una persona está en el exterior y prófuga, no debería cobrar”, expresó el fiscal.
El fiscal especializado en crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe expresó a Telemundo su preocupación por la situación de militares retirados requeridos por la Justicia que continúan percibiendo haberes pese a encontrarse prófugos por delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), y confirmó que actualmente hay al menos 15 casos en esa condición.
Perciballe se refirió en particular al caso del militar Roberto Freddy Amorín Maciel, sobre quien dijo que “hace más de tres años que está prófugo” y que, según la información disponible, se encontraría en Miami (Estados Unidos). “No está detenido, eso es lo que se informa a través del certificado de fe de vida”, explicó.
El fiscal sostuvo que en su momento se puso en conocimiento de la situación tanto a Cancillería como al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como la Caja Militar. Sin embargo, afirmó que este último organismo “nunca le retuvo sus haberes” y que recién tomó alguna acción cuando el militar fue citado a declarar ante la Justicia.
Según detalló, Maciel habría enviado un documento para acreditar su supervivencia —requisito necesario para continuar cobrando una jubilación o pensión desde el exterior— y fue en ese marco que el consulado uruguayo en Miami otorgó la fe de vida, pese a que existía una comunicación que advertía que estaba prófugo de la Justicia uruguaya.
Perciballe advirtió que no se trata de un caso aislado. “En la actualidad hay 15 prófugos que nosotros estamos persiguiendo desde hace tiempo, fundamentalmente por desaparición forzada y otros delitos muy graves”, indicó, y agregó que varios de ellos integraron centros clandestinos de detención como “300 Carlos” y “La Tablada”.
A pesar de que la Fiscalía notificó a los organismos correspondientes sobre la condición de prófugos de estas personas, “igual se les ha seguido pagando”, afirmó.
“Estamos impulsando las causas, hemos solicitado distintas medidas a los juzgados y se tomarán decisiones para que estas cosas no sigan ocurriendo”, aseguró.
El fiscal también cuestionó el funcionamiento del sistema. “Es de sentido común que si una persona está en el exterior y prófuga, no debería cobrar”, expresó, y explicó que para percibir haberes fuera del país es necesario presentar periódicamente un certificado de fe de vida ante un consulado, lo que —a su entender— evidencia fallas en los mecanismos de control.
En paralelo, Cancillería inició una investigación administrativa sobre el caso, a pedido de la Fiscalía, que ya había solicitado medidas antes de que la situación tomara estado público días atrás, luego de una reunión de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos con el presidente Yamandú Orsi.
“Hay preocupación. No puede ser que haya 15 prófugos en esta situación privilegiada”, concluyó Perciballe.