La Junta Nacional de Salud envió este miércoles una carta al organismo solicitando que deje sin efecto la medida.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) resolvió comenzar a cobrar timbres profesionales por distintos informes y registros asociados a la atención médica, en una medida que busca generar nuevos ingresos para enfrentar la compleja situación financiera que atraviesa la institución.
La decisión fue aprobada por unanimidad en el directorio el pasado 28 de mayo, incluyendo el respaldo de los dos representantes del Poder Ejecutivo, Pablo Aguirregaray y José Antonio Iglesias.
Según explicó a Telemundo el director de la Caja, Fernando Rodríguez Sanguinetti, la resolución establece que deberán abonar timbres los informes asociados a consultas médicas en todas las modalidades de atención. En la práctica, esto comprende cada registro que un profesional realice en la historia clínica de un paciente.
Además, la normativa dispone que los prestadores de salud deberán tributar por los exámenes y análisis clínicos realizados en puertas de emergencia, así como por los registros efectuados en las historias clínicas de pacientes internados o atendidos en sus domicilios.
La medida comenzará a regir a partir del 1° de agosto y forma parte de una serie de acciones impulsadas por la Caja para intentar revertir su déficit financiero.
Desde la institución sostienen que se vieron obligados a recurrir a las herramientas que la normativa vigente les permite aplicar, luego de que el Poder Ejecutivo rechazara otras propuestas planteadas por el directorio. Entre ellas figuraba la incorporación de nuevas profesiones al sistema con la obligación de realizar aportes a la Caja.
Sin embargo, la resolución ya generó cuestionamientos desde el sistema de salud. La Junta Nacional de Salud (Junasa) envió este miércoles una carta a la CJPPU solicitando que deje sin efecto la medida.
En el documento, la Junasa advierte que el cobro de estos timbres podría traducirse en un aumento de los costos de acceso a la atención médica, lo que eventualmente podría desestimular la utilización de los servicios de salud por parte de los usuarios, incluidas las consultas preventivas.
Asimismo, el organismo manifestó preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre la sostenibilidad económica de algunas instituciones asistenciales.
Pese a las críticas, Rodríguez Sanguinetti defendió la resolución y aseguró que no solo se trata de una potestad legal de la Caja de Profesionales, sino también de una obligación para el directorio ante la necesidad de mejorar la situación financiera del organismo.