El objetivo es conformar una causal anticipada y buscar mecanismos para desincentivar su uso para preservar la estabilidad financiera del sistema.
El gobierno establecerá que quienes usen la posibilidad de jubilarse a los 60 años no podrán seguir trabajando como sí lo pueden hacer quienes se retiren a los 65 años.
Con la reforma de la seguridad social implementada por el gobierno de Luis Lacalle Pou la edad de retiro quedó fijada en los 65 años para quienes nacieron a partir de 1977.
El gobierno de Yamandú Orsi propone crear una causal anticipada que habilite a cualquier trabajador que tenga 30 años de aportes a jubilarse a los 60 años.
Ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador y también Telemundo, la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, advirtió:
“Esta causal adelantada no sería compatible, si uno la utiliza antes de los 65 años, con el trabajo, que es una de las cosas que mitiga su utilización”.
Es decir que el gobierno tiene la intención de que la posibilidad que dio la última reforma de poder seguir trabajando después de la jubilación, no pueda ser usada por quienes elijan jubilarse de manera anticipada a los 60 años.
De esta manera, el gobierno espera que la utilización de esta causal “no alcance niveles elevados”, es decir, que esta disposición desaliente a los trabajadores a usarla.
Un documento elaborado por el BPS publicado en junio y que tuvo por objetivo cuantificar los efectos financieros y distributivos asociados a la incorporación de esta causal indica que en los últimos 10 años la edad promedio de retiro fue de 62,6 años y que a los 60 años se jubiló un 36%.
Se estima que la utilización de la casual anticipada puede llegar a 7.500 personas por año en 2050.