El 18 de agosto la empresa les informará cuál de los dos caminos tomará: si se va a quedar en el país solamente importando o si avanza en el plan de reestructura.
Los trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) volverán este lunes a trabajar en la planta de Montevideo, a la espera de lo que les informe la empresa el próximo 18 de agosto respecto a cómo seguirá su negocio en el país.
El sindicato de FNC firmó la cláusula de paz con la empresa porque obtuvo la información que se pedía y por eso desde este lunes los trabajadores volverán a sus puestos laborales en la planta de la capital, a la espera de lo que se comunique la otra semana.
“Sabiendo que tenemos 59 compañeros en planta de Minas que están en el seguro y 70 compañeros de Paysandú que siguen en el seguro de paro. La premisa sigue siendo la defensa de los puestos de trabajo, el cierre de ninguna de las dos plantas”, dijo Bruno Pastorino, presidente del sindicato.
El 18 de agosto la empresa les informará cuál de los dos caminos tomará: si se va a quedar en el país solamente importando o si avanza en el plan de reestructura.
“La semana pasada tuvimos la última tripartita donde la empresa presentó algo del plan que pretende para de acá a futuro, donde existe dos posibilidades: una que se convierta en una megaimportadora, que es lo que nadie quiere, y la otra otra posibilidad es la de mantenerse en el país, la industria nacional, pero sujeto a una restructura”, apuntó Pastorino.
Los trabajadores expresaron que todavía no se les ha explicado bien en qué planta podría existir una reestructura.
“Cuando se pregunta de qué planta en particular, nos dicen que eso está sujeto a las negociaciones que va a tener el gobierno con la empresa. Acá no puede tolerarse que los trabajadores sigamos siendo rehenes”, agregó el dirigente sindical.
La empresa asegura que desde que Uruguay comenzó la importación de cerveza de otros países comenzó una pérdida de competitividad por el alto costo para producir y la carga tributaria.
“La empresa denuncia eso en el ministerio, que se genera una competencia desleal. Nosotros entendemos que no está en nuestro poder arreglar eso. Eso es algo que tiene que arreglar el Estado, de controlar y fiscalizar”, agregó Pastorino.