“Yo asumo el error de que no le asigné tareas”, dijo Gómez.
Pablo Leiva, el asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez condenado por lavado de activos y tráfico de municiones, estuvo contratado desde marzo de 2025 y cobraba $52.000 nominales —unos $42.000 líquidos—, pese a que no llegó a realizar las tareas que Gómez tenía previsto asignarle.
“Sí, se le pagaba el sueldo”, reconoció Gómez este lunes en conferencia de prensa. Según explicó, “los sueldos se pagan, la plata la recibía y ya está” y, en el caso de Leiva, eran “$ 52.000 nominales, sería algo así como $ 42.000 líquidos que la persona recibió”.
Leiva había llegado al equipo por recomendación de su hijo, Lucio Leiva, también asesor de Gómez. El edil contó que en diciembre pasado tuvo una baja en su secretaría y necesitaba incorporar a alguien “para que llevara adelante diferentes tareas en lo que tiene que ver a la labor de representación”. “Me recomienda a su padre, Pablo Leiva, y ahí es cuando le damos el vínculo laboral formal”, relató.
Sin embargo, Gómez reconoció que esas funciones finalmente no fueron realizadas. “Yo necesitaba una persona que tuviera ese rol. Tareas que no se llevan adelante”, afirmó. Explicó que entre marzo y setiembre concentró su actividad en otras áreas: “Yo enfoqué estos meses de marzo hasta hace muy pocas semanas a las tareas de índole legislativa y de contralor de la Intendencia (de Montevideo)”.
“Las tareas que tenía pensado asignarles no se llevaban adelante”, insistió Gómez. Además, sostuvo que prácticamente no tenía contacto directo con Pablo Leiva: “Las pocas comunicaciones que tuve con él fueron a través de su hijo Lucio, que es la persona de mi confianza que estaba cercana a mí”.
En otra parte de sus declaraciones, el edil fue más explícito sobre la situación laboral de Leiva: “Pablo Leiva no venía a la Junta”, aseguró. “No se llevaron adelante y eso, asumo el error, de que no fueron asignadas esas tareas. No tenía tareas asignadas en la Secretaría del edil”, agregó.
“Yo asumo el error de que no le asigné tareas”, dijo Gómez, y posteriormente reiteró: “Esta persona definitivamente no llevó adelante las tareas como tenía pensado que se iban a llevar adelante”. Sobre el período en que permaneció contratado, agregó: “En esos momentos, que fue en realidad la tarea de marzo a setiembre, es que no se le fue a hacer nada porque en ese momento el foco de mi labor debía ser otro. Asumo la responsabilidad”.
“Él formalmente no es mi asesor. En realidad él figura como asesor porque tiene que figurar así”, señaló, y explicó que los ediles pueden utilizar esos contratos para distintas funciones, entre ellas tareas administrativas, de comunicación o asesoramiento.
Pese a que las tareas previstas no se concretaron, Leiva siguió cobrando. “Ellos reciben su sueldo, firman el comprobante de recibo del sueldo y eso es lo que está todo acreditado en la Contaduría de la Junta”, afirmó.
“Yo estando en el exterior cesé el vínculo inmediatamente que me enteré de todo esto por ustedes, por la prensa”, afirmó. El edil aseguró que desconocía las actividades ilícitas de su contratado y que sabía, a través de Lucio Leiva, que Pablo trabajaba en un cambio.
“Asumo el error hoy aquí de haber contratado a esta persona a través de la confianza”, sostuvo Gómez. “Entiendo que he sido abusado de mi confianza”, agregó, y reconoció que “debía haber tenido más recaudos” antes de incorporarlo.
