El intendente de Lavalleja, Mario García, deberá comparecer ante la junta departamental luego que se conocieran una serie de resoluciones en las que dio compensaciones por miles de pesos a su hermano y al hermano de la exintendenta Adriana Peña así como a otros funcionarios municipales. Las resoluciones se conocieron a través de pedidos de informes y accesos a la información pública debido a que la intendencia no publica los documentos en su página web a pesar de que por ley es obligatorio hacerlo.
Los casos fueron publicados inicialmente por el diario El Observador y tienen como denunciante al edil del Frente Amplio, Mauro Álvarez, a quien ya le damos la bienvenida.
Trayecto de la investigación
Lo que pudimos apreciar es que hay un desorden en cuanto a los cargos de particular confianza y de la manera en cómo se otorgaron. La manera en cómo ingresaron también, porque no ingresaron como cargos de particular confianza, sino con el escalafón obrero y eso podría derivar en que queden en cargos de la intendencia. Lo analizamos nosotros y el resto de la bancada del Frente Amplio.
Todavía no hemos llegado ni tenido respuesta de una resolución que es de finales del período anterior en la que sale que fue quien lo contrató por designación directa y días después de asumir García es que le entrega una compensación de 72 mil pesos. Según lo que manifiesta la resolución es lo que lleva a un cargo de resolución de juntas y una compensación por eficiencia. Nos extraña que alguien que recién comienza el cargo ya tenga una remuneración así por eficiencia. El art. 284 de la Constitución es una herramienta para poder acceder a información que debe ser brindada por el intendente de turno y nos debe dar herramientas para llevar adelante mi tarea de edil. En la Intendencia de Lavalleja, y no solo con esta administración, sacarle información es a cuenta gotas. Es muy tedioso. Nos pasó con Adriana Peña que terminamos en un juicio la entrega de información. Como edil departamental y representante de la ciudadanía duele y desenfoca de la tarea que tenés que hacer.
Ahora estamos analizando esto con el resto de la bancada con asesoramiento jurídico notarial y contable. Es necesario tener todo bien armado porque se hizo ya el llamado a sala en la Junta Departamental. Estamos esperando al señor intendente para que nos explique a nosotros y a la ciudadanía de qué trata todo esto. Es cómo accedemos a la información y qué pasó con la demora. La ley de transparencia obliga a organismos públicos a tener la información publicada pero tenemos que mendigar la información prácticamente.
Caso hermano de Adriana Peña, exintendenta del departamento
Esto se trata de un pase en comisión que ya en el período anterior estaba. En esta ocasión nuevamente se está recibiendo una compensación y un poco más escandalosa de más de 80 mil pesos mensuales por eficiencia para un cargo que sería técnico. Cuando hay un pase en comisión, se pasa a otra institución. Lo que yo veo son muy desmedidas estas compensaciones. Después de la observación de la Jutep cambió de rol. Dentro de la misma intendencia se van tratando estos temas para seguir trabajando en lugares que son nuevamente remunerados en arcas municipales. Es inadmisible lo que está pasando. Además de la desprolijidad de los cargos, hay remuneraciones escandalosas.
El director de Hacienda es un cargo político de confianza tuvo una compensación por única vez de 320 mil pesos y una compensación mensual de 40 mil pesos. Estamos estudiando estoy buscando las mejores maneras institucionales de poder obtener toda la información para volcarla a la ciudadanía. No descarto para nada que se remita a la junta de Trasparencia y Ética Pública. Si se llegan a comprobar otro tipo de irregularidades, evaluamos paso más.
Hace diez días obtuvimos 2000 resoluciones. Es mucho material que hay que estudiarlo. Yo pedí por el art 284 de la Constitución este informe, que demoró muchos meses. Al pasar el tiempo, lo pedí por ley de acceso. El día después que se remiten las resoluciones, después de votar el presupuesto de la Junta, recibo una respuesta al pedido de acceso en la cual considero, y me sentí presionado, por la respuesta que medio el intendente. Mencionó que la información la remitió a la Junta y que podría haber información en la ley de protección de datos personales Mi fuerza política considera que ese tipo de comunicación quizá pueda ser un exceso al intendente. Es una linda ley que tiene la ciudadanía y que se utilice de esta manera coercitivamente no me parece para nada prolijo. La fuerza política sacó una declaración pública al respecto.
