La organización Amnistía Internacional presentó recientemente su informe anual acerca de la agenda de derechos humanos en Uruguay. En el documento, la organización analiza los principales logros y desafíos nacionales, enfatizando en la necesidad de tomar acciones para evitar regresiones en materia de derechos humanos. A su vez, plantea una serie de recomendaciones concretas de política pública.
Análisis del tema carcelario
El informe anual de amnistía recoge el estado de situación de los derechos humanos del mundo. Nosotros hacemos un capítulo focalizado en Uruguay. Es un tema que venimos monitoreando hace años y podemos decir que es un problema estructural en el país. No es una novedad la temática abordada en el informe. Lo que aparece es la tendencia de crecimiento de unas situaciones que tienen que ver con el aumento del as mujeres privadas de libertad. Viene siendo crítica la situación y se va tensando cada vez más hasta que esto explote. Se ve la incapacidad de sistema para dar respuesta. No solo por el creciente aumento de la cantidad de personas privadas de libertad, sino las condiciones en las que están estas personas. Esto tiene varias caras: una tiene que ver con la alimentación y la dimensión sanitaria. 2021 fue un año en el que se registraron la mayor cantidad de muertes de la población privada de libertad. No necesariamente por muerte violenta, sino que también por causas naturales. Además, la población carcelaria en nuestro país es bastante joven y masculinizada, a pesar de que hubo un aumento de mujeres privadas de libertad.
Esto es algo que no se va a reparar solo, no se ve a disolver esta problemática. Estamos instando que se tomen medidas. Tienen que ver con seguir las reglas de los estándares internacionales que tienen que ver con las condiciones de vida. Es uno de los asuntos de seguridad pública que genera mayores controversias por lo que implica, porque el sistema penitenciario tiene el cometido de sancionar a quien se aparta de la norma, pero también tiene un cometido de reparación, de rehabilitación. Apuntamos a que esto no se soluciona cuando la persona que comete un delito es privada de su libertad. Esto es una dimensión del asunto. ¿Qué pasa después? Muchas veces apelamos a la sanción inmediata, pero también está el qué pasa después. El foco está en todo lo que tiene que ver con dar condiciones y actividades que permitan la rehabilitación y reinserción social. Obviamente que es un núcleo duro. No es fácil revertir este proceso, porque tiene que ver con el nivel socioeconómico y demás. Tiene que ver con otras dimensiones más allá del encierro, generar alternativas a otros proyectos de vida posibles.
¿En Uruguay se violan los derechos humanos en las cárceles?
Hay informes que documentan esto y la situación es crítica. Está sucediendo y hace tiempo. Es importante tomarlo en consideración, porque hay un aspecto central de cómo viven estas personas en encierro. Después hay otro costado. Si lo miramos como una vez que están privadas de libertad, esto queda allí, lo que pase ahí adentro será consecuencia del acto que decidieron cometer, eso es una dimensión, pero el problema no se va a terminar ahí.
Salud mental
Hay un dato que no es nuevo en Uruguay, que tiene que ver con las tasas de suicidio. El objetivo de colocar este tema en el informe tiene que ver con algo que la pandemia expone de manera explícita, pero que es anterior, los padecimientos de salud mental y el abordaje de la salud mental viene siendo abordado viene siendo discutido y abordado en la ley de 2017, en un intento de cambio de enfoque. Entenderlo como algo que tiene que ser abordado de manera más integral, dado que hay un abanico grande de padecimientos en salud mental y que no todas las soluciones tienen que ver con la medicalización o situaciones de encierro. De alguna forma, estamos en la zona gris de cambio de modelo. Creo que la pandemia nos llevó a mirar lo que implica la situación de encierro en nuestras casas. También los episodio de soledad, estar alejado de la interacción social. Nos da la posibilidad de poner el tema sobre la mesa, y ver estrategias más integrales, de conexión e integración social.
Aspectos a focalizar para las políticas públicas
Hay un componente importante que tiene que ver con la atención, que se ha demostrado que hay una carencia allí. Hemos documentado algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso al sistema a las prestaciones de servicio de salud mental que a veces son insuficientes. O muy puntuales, o que están asociadas a la repetición de la medicación y muchas veces tiene que ver con trabajar otros aspectos de la salud. Hay que empezar a vernos como personas integrales, no solo la salud física.
Violencia de género
La expresión más crítica tiene que ver con el femicidio. En 2021 se vio un aumento de las muertes y denuncias. Es una problemática que viene sosteniendo Uruguay. Tenemos normativa sobre la que respaldarnos que oficia sobre un marco importante, pero entre la norma y la realidad hay una distancia. Tenemos problemas en la implementación. Creo que la ley en violencia de género es un reclamo de las organizaciones. Integramos una articulación de organizaciones, que es la Intersocial Feminista, que viene abogando por esta ley. Esto es una dimensión de las desigualdades de género.
Se registran otras que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, el embarazo adolescente y sobre todo el embarazo infantil. Allí aparecen algunas dificultades en términos al acceso a la información, que es importante para poder monitorear esta situación. El embarazo infantil lo diferenciamos del embarazo adolescente porque no es lo mismo. Sobre todo, los embarazos en niños y menores de 15 años están asociados a situaciones de violencia sexual. No queremos que pasen desapercibidas estas situaciones porque representan el 1% de los embarazos en nuestro país. El tema es el impacto que tiene el cursar un embarazo en aquellas niñas y adolescentes. Si miramos los datos de interrupción del embarazo aumenta y más o menos equipara el mismo número total de 2019. El mismo número me refiere al hecho obstétrico, mas allá de que termine en un nacimiento o en una interrupción voluntaria. En términos de salud mental, hay un vínculo muy estrecho entre la situación de violencia sexual y los padecimientos de salud mental, y el impacto emocional que tiene en la vida de una niña y la huella que deja una situación de violencia. Son en general reiteradas en el tiempo, son parte dela vida cotidiana de estos niños.
¿Cómo está Uruguay en términos de derechos humanos en general?
Lo que planteamos es que los países se pueden comparar consigo mismos en relación con sus propios estándares. Si se mira el mundo, podemos registrar avances interesantes en materia normativa, de desempeño de la política pública, pero lo importante es que lo países puedan tener el horizonte de seguir avanzando en sus pendientes y no retroceder en lo que ha conquistado.
Sin duda en el contexto de la pandemia, el tema dela vacunación es un tema destacado. Tuvo unos meses de retraso con relación de la compra. Los procesos de negociación son una gran interrogante. Hemos hecho pedidos de acceso a la información pública, se ha respondido bajo la cláusula de confidencialidad. Las condiciones sociodemográficas de nuestro país permite que esto se haya podido cumplir en tiempo y forma.
No hace un ranking el informe. No se construye un ranking porque el objetivo es que cada país es compare consigo mismo, lo no quiere decir que todas las situaciones sean iguales, solo que metodológicamente no se establece un ranking.
Sin duda Uruguay, tiene un perfil importante en materia de derechos humanos y es un referente, lo que no significa que no tenga asuntos pendientes. Uruguay tiene un rol importante en los organismos. Lo que está en el informe es que algunas de las situaciones de condena, por ejemplo sobre el tema de territorios palestinos ocupados, había la posibilidad de que pedir una Comisión Investigadora, Uruguay históricamente votaba a favor que se hiciera, en esta oportunidad no lo hizo. Instar a que Uruguay mantenga esa posición y así lo ha hecho en otras situaciones de conflicto a favor de las comisiones investigadoras. Entonces, es mantener el criterio general.
Pedidos de acceso a la información
En el informe documentamos algunas relevadas por CAINFO y las nuestras. Aparecen situaciones de las más diversas. La principal es la falta de respuesta en tiempo previsto y eso hace que haya que reiterarlas. Por otro lado, algunas que se responden con información incompleta o no toda la información que se pide. Algunos que son respondidos que se amparan en la confidencialidad. Algunos directamente no se responden. Instamos a que esto se regularice. Es una buena práctica de transparencia y queremos insistir en que esto es algo importante. Además, es un derecho, y es importante para que los organismos puedan tomar las decisiones, diseñar sus políticas, monitorearlas y evaluarlas.
Proceso para llegar a la información para el informe
La sección de Amnistía Internacional en Uruguay es pequeña y eso hace que tengamos que focalizar en algunos temas. Después, están con las prioridades globales que trabaja el movimiento. En ese ámbito también se definen las prioridades de trabajo del movimiento.
En Uruguay tenemos un equipo de trabajo que va documentando el trabajo. Ahí hay varios elementos de análisis de cada uno de los temas. Hay mucho diálogo permanente con otras organizaciones y nos permite intercambiar información, hacer consultas, revisión de los diferentes subcapítulos. Esto pasa por un proceso interno de la organización. Se construye el informe y destinamos esfuerzos para tener el capítulo ampliado porque creemos importante, además de una herramienta de consulta, es importante para la toma de decisiones. Pasa por un proceso de revisión interna, viene con comentarios de especialistas en las distintas áreas y lo terminamos de definir.
Es muy largo el proceso, porque es muy riguroso. Los plazos para la entrega del informa es antes de que termine el año y al comienzo del año hay que volver a revisar. Trabajamos con datos preliminares.
Los crímenes de lesa humanidad y la revisión del pasado reciente
Lo que se plantea es que los crímenes de lesa humanidad no se promueven las amnistías para estos crímenes. La población privada de libertad es una población joven principalmente, entonces en términos de descomprimir el sistema carcelario no tendría efecto.
En el sistema penitenciario, tenés un problema grande y vas a dar una solución más chica. Si realmente hay una preocupación por las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, no parece ser una solución eficiente en ese sentido. Ya está prevista la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 y además para situaciones de salud. Habría que tramitarlo en el caso puntual.
Vemos que afectaría a un porcentaje a las personas privadas de libertad que están procesadas por crímenes de lesa humanidad y esta es la opinión de Amnistía en relación a eso.