Bettiana Díaz sobre los cambios en las certificaciones: "Es un mamarracho lo que presenta el gobierno"

La Comisión Presupuesto y Hacienda continúa el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas, que fue presentado formalmente el miércoles pasado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. "Reconocemos que hay un incremento de gastos importante", expresó Bettiana Díaz. Sin embargo, la diputada del Frente Amplio indicó que no se habla de los "más de 300 millones más, de los cuáles no sabemos por qué el gobierno no habla; le preguntamos cuatro veces a la directora de política económica de por qué no se hablaba de ese articulado y no nos contestó". Además, sobre las certificaciones, señaló que "el artículo 14 es más mamarracho aún" y que "implica la pérdida el derecho al subsidio de enfermedad".

Mientras la cartera defendió y calificó de “auspicioso” el incremento del gasto de 226 millones de dólares para 2023, desde el Frente Amplio se cuestionaron los números asignados.

Rendición de cuentas

Auspicioso le queda grande a este proyecto. Reconocemos que hay un incremento de gastos importante, que son 226 millones de dólares  quitándolo todo lo que viene de PPP, que son más de 300 millones más, de los cuáles no sabemos por qué el gobierno no habla, eso lo planteamos el día que vino la ministra, le preguntamos cuatro veces a la directora de política económica de por qué no se hablaba de ese articulado y  no sabemos si es que este gobierno no lo va pagar y que sería un enganche para la próxima administración, pero no se habla de ese dinero. Lo que decimos es que el costo de este proyecto es mucho más, no sabemos por qué se habla solo de los 226 millones de dólares. En realidad es una práctica bastante habitual que tiene este gobierno. Ustedes saben que la deuda neta en estos primeros dos años de gobierno pasó de ser el 48% del PBI al 59% y nosotros desde el Frente Amplio decimos que si el país necesitó esos recursos estuvo bien. Decimos que esto es poco auspicioso porque justamente no alcanza ni a empatar lo que fue la mitad del recorte presupuestal que se operó en el 2020 y 2021. En la administración central, en gastos de funcionamiento, en gastos de inversión hay unos 594 millones de dólares solo en el 2020 que se operan de recorte por diferentes motivos. Se sigue subejecutando, se sigue gastando menos de lo que hay disponible y eso no necesariamente se ha trasladado a una mejor gestión o mejor resultado. Por ejemplo ahora se asigna parte de esto a la transformación educativa, es menos de lo que se le quitó del sueldo a las maestras en estos primeros dos años que dejaron de percibir por no ajustar con la inflación, más o menos unos 2000 pesos por mes. Hay más o menos 99 millones de dólares estimados en pérdida salarial para la educación y el personal docente, y a la transformación educativa se le asigna menos es por eso por lo que decimos que es poco auspiciante.

El Poder Ejecutivo no nos contestó. Preguntamos cuatros veces. Lo que decimos es que estaba en el costeo del articulado, nos extrañó que cuando llegara el proyecto se había hablado públicamente de ese dinero y hasta ahora no sabemos porque preguntamos cuatro veces no se hablaba de ese artículo específicamente y no nos contestó. Por qué no se habla de ese costeo, por qué no se habla de ese dinero que está incluido en esta Rendición de Cuentas. También hay un montón de cosas que no están en la cuenta de los 226 millones de dólares, este gobierno ha elegido vía fideicomiso financiar un montón de obras y vía deuda no contingente, es decir, no se cuenta a la hora de mirar el déficit fiscal financiar muchísimo, no es el caso del Fondo Covid, que cuando uno mira el resultado fiscal no se toma lo que es. Era más fácil que nos contestaran, pero no obtuvimos respuesta de por qué no se habla de ese dinero. No me corresponde decirlo, sino que le corresponde decirlo al Poder Ejecutivo que escribe el proyecto, lo manda y cuando le preguntas cuatro veces no te contesta. Entendemos que esas obras son necesarias, de hecho me gustaría conocer una planificación de ese dinero, esperamos que venga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para conocer cuáles son las planificaciones de algunas obras que se incluyen allí que ya sabíamos que algunas se iban a financiar vía fideicomiso, vía PPP, por ejemplo las cárceles.

Reclamamos que se adelantaran dos puntos en la primera propuesta que le hace el Frente Amplio al Poder Ejecutivo. Reclamamos de dos puntos de inversión pública para poder dinamizar la economía en un momento del año 2020 donde hubo mucha destrucción de empleo.

El problema es que no sabemos cuándo se va ejecutar. La duda que tenemos es cuándo va usar ese dinero este gobierno.

Los regímenes de PPP este gobierno se cansó de criticarlos por engorrorosos y lentos, ya pasó más de la mitad del segundo año de gobierno, los tiempos son acotados para el plan de obra, tenemos dudas sobre eso.

Prioridades

A ciencia y tecnología no se le computa nada. A innovación se le da. Hay una parte de los recursos que lo va ejecutar directamente el Ministerio de Economía y eso no sabemos por qué. ¿Desde cuándo el ministerio controla y ejecuta el dinero de la ANII?

Lo que se le asigna como incremento de gastos son mucho menos, unos 14 millones de dólares. lo que no se puede decir es que son nuevos fondos, porque eso ya se venía pagando.

Con el resto de las prioridades estamos de acuerdo que se enfoque en educación y seguridad y la recuperación salarial. Los real es que los recursos que aparecen no alcanzan, no es por una cuestión de pataleo, no alcanza ni compensar lo que se recortó. Esta claro que hoy tenemos un problema con el salario público y las jubilaciones, son quienes más transfirieron a ese ahorro. Lo real es que hay convenios firmados, pero hay gremios movilizados como el de policiales, que dicen que ni siquiera alcanzan los fondos que se le asignan de partida extra para repartirlos entre aquellos y aquellas que deberían cobrar esta compensación.

El gasto total en salud viene cayendo en términos reales desde el 2020 en adelante. Acá ya es súper corta la sábana.

Refuerzos

Son todos recursos que el gobierno dejó de gastar. Se habló muchísimo del ahorro y del resultado fiscal. Este gobierno sigue planteando de que cumple sus metas fiscales, hay espacio. Tuvimos un año donde hubo una pandemia, se desplomó la economía uruguaya, no solo a la nuestra, sino a todas del mundo. Los ingresos de Uruguay vienen recuperándose de forma acelerada, no por algún instrumento de política que haya instrumentado este gobierno, hay una situación de precios internacionales que empujó al sector agroexportador que aceleró. Hay algunas formas de que el gobierno decide no explorar.

Nosotros no tuvimos ningún intercambio con el oficialismo, ya que está muy ocupado en la negociación con la coalición. Empezamos a recibir delegaciones, cada vez que viene una delegación queda en evidencia cuáles son las diferentes agendas. Esto que venimos planteando y que venimos anunciando, no es nada nuevo. Aportar soluciones para lo que es la emergencia social y económica en la que está muchos uruguayos y uruguayas. Tener un foco particular en la seguridad y en lo salarial.

En el caso de lo que es el salario del sector público hay una decisión del gobierno de cómo influir y no acompañar en la inflación. Este problema de aumento de precios no es un problema nuevo, también lo tuvo el FA. Lo que pasó en estos dos años de gobierno es que el salario no acompañó para empatar con la inflación. El 80% de las empresas son PYMES, esa gente paga el alquiler y las cuentas.

Hay un cambio de filosofía, pero hay una priorización en mantener el equilibrio fiscal y no el bolsillo de los uruguayos. Obvio que nosotros no vamos a compartir de que se le dé 0 pesos de incremento a la UDELAR, porque acá lo que se dice es en el caso de lo que se repite, la UDELAR ya tiene unos 470 millones de dólares anuales de presupuesto anunciado desde el presupuesto nacional, pero la propia UDELAR dijo que comprometía algunas áreas de políticas y de desarrollo. Año a año para asegurar la continuidad de algunas carreras había que incrementar. Tampoco creo que sea definitivo, sino lo que creo que se está haciendo es negociar y presionar a la universidad a la baja.

Las becas alimentarias, el desarrollo hacia el interior de algunas carreras, la equiparación salarial docente, acá se repite de que habrá un 6% de aumento real, para que lo haya tiene que haber recuperación, empate con la inflación y por encima aumentar por encima. Empezamos a recibir sindicatos y nos dicen que ese aumento real no existe. La recuperación real se da en los puestos más bajos.

Primera infancia

El organismo rector de la política pública de Primera Infancia subejecutó de nuevo 800 millones de pesos, no firmó convenio para hacer uso de la partida de Primera Infancia de los 50 millones que se presentaron en la Rendición de Cuentas pasada y que empezaron a correr para esta. Este resultado no va estar incluido en esto. Compartimos, ahora claramente lo que no se está teniendo y que no podemos medir es cuál es el impacto porque lo que nosotros pedimos desde que apareció la partida, una parte iba a estar destinada a transferencia. Entendemos que está muy bien que este gobierno que se pasó diciendo que las transferencias eran malas y que no servían, aplique una política de transferencias que se efectiva rápidamente para mejorar la trayectoria de pobreza y vulnerabilidad de las personas.

Nunca conocimos cuáles era el plan para ejecutar esa partida. Lo que decimos nosotros es que está muy bien dar plata, pero hay que tener un acompañamiento de esas transferencias en el abordaje para que esos fondos puedan rendir mejor en mejorar la vida de esas personas. Se está degradando lo que es la calidad de política pública de lo que tiene que ver con lo social y la primera infancia.

Certificaciones

Es un mamarracho lo que presenta el gobierno justamente porque lo que decimos es en primer lugar se hace básicamente para limitar la licencia del Ministerio del Interior. El gran tomador de licencias en la administración central es el Ministerio del Interior. De los 22 mil funcionarios que toman estos ‘800 mil días’ que hay de certificación por año en Uruguay, en el informe del año pasado que nos ha presentado el gobierno unos 14 mil casi 15 mil son funcionarios del Ministerio del Interior. El artículo 13 menciona y reforma este régimen donde se descuentan los primeros tres días de trabajo como se aplica al sector privado por ejemplo, a quien más va a afectar es a la Policía. Además, lo que decimos es que hay un artículo 14 que es más mamarracho aún que implica la pérdida el derecho al subsidio de enfermedad por causales, por ejemplo por tomar medicación inconveniente. ¿Quién define eso?  Estamos hablando de un derecho fundamental de las personas que es el derecho del cuidado de la salud. Nos decían los gremios policiales estamos teniendo un problema justamente con la salud. Hablo de nuevo de la Policía porque es quien más toma licencia y no creo que sean los trabajadores y las trabajadoras que están de vivas.

Cada vez se toma más licencia en el Estado.

Si se va tratar igual al sector público que se le pague el salario vacacional como se le paga al del sector privado.

Está claro que esta no es la forma de abordarlo y es una medida extrema, como encarnarte una uña y cortarte un brazo.

Reforzar los servicios de salud laboral, mejorar los ambientes laborales. Problemas que se generan por las jefaturas que no tienen las calificaciones adecuadas que tienen hoy. Generan malos ambientes laborales y tienen certificaciones médicas.  Hay que trabajar en este tema porque en realidad así no se puede abordar. Es un mamarracho el artículo 13 y el artículo 14. Es descabellado lo que se está planteando. Acá tenemos un problema es quién evalúa las juntas médicas. ASSE no tiene más recursos para estos quien es quién tiene que darlo. Esto por lo menos habría que sentarse a hablarlo seriamente. Esto no es un problema de este gobierno, sino es un problema de Estado que viene desde hace tiempo.

Los grandes problemas nacionales si se generan los espacios de diálogos, Uruguay tiene mucha experiencia sobre esto.


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