Francisco Bustillo inició un sumario administrativo a tres funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que participaron en enero en la compra directa de 10 engrampadoras a más de US$ 4.000, según confirmó Desayunos Informales con fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión fue tomada la semana pasada luego que terminara la investigación administrativa que había sido ordenada por el canciller en marzo cuando la compra se viralizó a través de las redes sociales.
La investigación arrojó que no existieron actos y/o hechos irregulares o ilícitos que comprometan a los funcionarios dentro del desempeño de sus funciones, aunque señaló que “no hubo idoneidad en el manejo de los recursos” basándose en el artículo 3 del decreto 90 del año pasado. Este decreto -de austeridad- fue el que redujo en un 15 % la ejecución presupuestal de cada uno de los ministerios y estableció que ninguno de ellos -los ministerios podía “renovar su mobiliario y equipamiento, así como de incorporar nuevos bienes de tal naturaleza”. El canciller dispuso el sumario de los tres funcionarios argumentando que se había incumplido con esa normativa.
La decisión de Bustillo provocó el rechazo de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Afumrree), que el 22 de abril le envió una carta -a la que accedió Desayunos Informales- en la que “repudia” el hecho y acusa al canciller de realizar una persecución “mediática y política sin precedentes” para los funcionarios administrativos de esa secretaría de Estado. En la misiva, el gremio -que nuclea a los trabajadores administrativos y no a los diplomáticos- señala que los funcionarios a los que se les inició el sumario se han desempeñado en la Cancillería por más de 20 años habiendo trabajado para gobiernos de todos los partidos políticos y “ahora están siendo víctimas de una persecución mediática y política”.
“Sin tener en cuenta el informe administrativo elevado por la Dirección de Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y careciendo de elementos que determinen la existencia de actos o hechos irregulares, igualmente se inició un proceso de sumario administrativo”, expresan en la carta. Según su versión, las engrampadoras eléctricas fueron compradas con un 10 % de descuento de su costo inicial. El valor de cada una de ellas fue de US$ 332,70 (sin impuestos) y la compra final ascendió a US$ 4.058.
De las 10 engrampadoras, 4 fueron solicitadas por la Dirección de Asuntos Consulares para las Oficinas de Legalización y Apostilla del Centro de Atención Ciudadana y 1 para la Dirección de Acuerdos. Las 5 restantes fueron adquiridas “de repuesto” por “cualquier inconveniente o decisión de extender los servicios que allí se brindan”, señalaron y aseguraron que la administración les había pedido que planifiquen compras “con anticipación”. Los funcionarios rechazaron que se haya utilizado el decreto del año pasado como fundamento ya que la compra fue pedida y realizada en 2021 y aseguraron que las engrampadoras son “indispensables para el funcionamiento de las oficinas anteriormente mencionadas”. También criticaron que Bustillo en una entrevista en canal 4 haya dicho que tomaría el “toro por las astas” y que “ordenará definitivamente un área” que ha dejado “mucho que desear”. “Creemos firmemente que en este procedimiento de sumario administrativo han habido incongruencias y los funcionarios en cuestión vieron afectada su dignidad y su honradez, habiéndose cuestionado su accionar por un gasto que representa el 0,004 % del presupuesto total del Ministerio para la compra de equipamiento sumamente necesario para el funcionamiento de Oficinas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores”, señalaron en el final de la carta en la que pidieron “respetar el cumplimiento del artículo 170 del decreto 500/991 en relación al respeto del debido proceso, a proteger el derecho de la honra, el reconocimiento de la dignidad de los funcionarios en cuestión y la presunción de inocencia”.
