Los defensores públicos atiende 200.000 consultas al año. Solicitan 128 cargos más para el servicio. Además, denuncian una brecha entre jueces y fiscales en cuanto a salario y beneficios laborales.
Carolina Camilo - integrante de la Asociación de Defensoría Pública
Nosotros cuando concurrimos al parlamento quisimos informar cuál era la situación que año a año se va agravando. Nuestros números nos dan cifras de 200.000 consultas al año en todas las materias. Y podemos sacar el promedio de 700 casos por día con los 285 defensores que hay en todo el país. Esta situación es crítica, porque estamos muy excedidos, sobre todo en algunas materias como penal y familia especializada (maltrato, abuso sexual, etc.), en la cual vemos un colapso mayor porque es donde más se demanda defensoría pública.
Venimos denunciando esta situación hace mucho tiempo, y vimos la oportunidad de la rendición de cuenta, dando que en esta rendición tampoco fuimos contemplados. Como funcionario publico sentimos la responsabilidad de advertir esta situación y decir que estamos llegando a límites en cuanto a la calidad de nuestros servicios.
Sobre todo en los procesos de violencia de género, en muchos lugares tenemos que priorizar y elegir. En una audiencia de violencia de género, la cual se toma la urgencia, a las 72hrs. de la denuncia, en general se necesita un defensor para el denunciante, para el denunciado y si hay niños, otro para ellos. En la mayoría de los juzgados tenemos que elegir y defender solo a la victima (la ley lo prioriza). nuestro estado de derecho no puede tolerar esto. En el caso de los niños, priorizamos a los niños y no los padres. Son situaciones difíciles.
Hay gente que comparece sin defensa, en estos procesos de urgencia. Es una consecuencia de la falta de recursos.
Sí hay incremento presupuestal para el ministerio público, que en los procesos penales es nuestra contraparte. En 2017 fue la última vez que tuvimos atribución para nuevos cargos (54). En el ámbito penal, nuestro patrocinio letrado asiste más del 90%. Fuimos al parlamento y le preguntamos a los legisladores: ¿cómo creen que van a funcionar esas fiscalías si para 9 de cada 10 causas van a necesitar a un defensor público. Esto hace que el sistema se sature. Planteamos la brecha en las reuniones. El sistema político nos ha reconocido el olvido, y la deuda histórica que tiene todo el sistema porque acá no estamos hablando de este gobierno, son años y presupuestos anteriores.
Una persona que no tiene la posibilidad de pagar un abogado, está en vulneración de sus derechos humanos fundamentales. Nosotros atendemos a personas en extrema vulnerabilidad, incluso económica. Además, el tema de la calidad. Llegamos a tener nueve audiencias en un día de temas tan sensibles. Como profesional, llega un momento que es insostenible porque mentalmente uno está agotado. Terminamos entrevistando en los pasillos antes de entrar a una audiencia y eso afecta el servicio que uno le está brindando.
Para poder tener un coso acorde, sin la creación de nuevas leyes, con 128 más cargos en todo el país podíamos estar garantizando un mejor servicio. Lo llevamos discriminado por lugar y por materia, identificamos dónde están las falencias.
Uno de los lugares más críticos en la materia de penal es Paysandú. Hay cuatro fiscalías, un total de 12 fiscales y solo dos defensores públicos para atender el 94% de los casos penales.
Si hay problemas en la justicia no son legales, si no de recursos. Nosotros cobramos menos que los jueces y los fiscales, cuando las leyes dicen que no debería ser así. Ni siquiera tenemos suplentes.
