La diputada del Frente Amplio conversó sobre el etiquetado de alimentos que indican los criterios de excesos. También habló sobre los problemas graves que tiene la población en cuanto a enfermedades como la obesidad.
El lunes 1º de febrero comenzó a regir un nuevo decreto, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó los criterios que determinan cuando un alimento contiene exceso de sodio, azúcares, grasas totales y grasas saturadas, información que, obligatoriamente, deberá estar visible en el etiquetado frontal de los alimentos.
El tema del etiquetado de alimentos data del año 2018, fecha en la que se instrumentó su obligatoriedad, durante el gobierno de Tabaré Vázquez. En esa primera instancia, estableció que la industria debía incorporar el etiquetado antes de marzo de 2020.
Tras asumir el nuevo gobierno, el etiquetado fue tema de debate entre los integrantes de la coalición que tenían diferentes criterios sobre cómo abordar el tema. Esta nueva medida fue cuestionada por referentes políticos, así como por médicos, nutricionistas y expertos en la materia.
Debate
Quiero dejar claro a la audiencia la magnitud que tiene este problema. Este problema está enmarcado en una acción que comienza a trabajar en la administración anterior. Es de las cosas más seria lo que ha hecho este país en materia de política pública y también sobre la salud en la población. Cuando nosotros hacemos esta observación lo que decimos es que es un tema que se venía trabajando muy seriamente junto con distintos organismos especializados en el tema. Se creó un grupo interministerial con técnicos especializados en el tema. Es alarmante la situación en los niños, en que las cifras son cada vez más altas. Siempre se trabajó en conjunto con diferentes actores. Realmente pensábamos que a partir de marzo se iba a comenzar a implementar como otros países que han hecho en el que se hacen diferentes fases.
Preocupación
Nuestra mayor preocupación que queremos transmitirle a la ciudadanía y desde la bancada del Frente Amplio también convocando a legisladores del resto del sistema político en el cual al tener un problema de tal magnitud como la obesidad en el Uruguay que es un factor de riesgo para enfermedades crónica no transmisibles como son las cardiovasculares, la hipertensión arterial, el cáncer y otras enfermedades. En el Uruguay aproximadamente 9.000 personas por años mueren solo de enfermedades cardiovasculares en el que la obesidad, la hipertensión arterial y el fumar son factores de riesgo. Esto tiene un costo importantísimo de aproximadamente 775 millones de dólares por conceptos de consultas, estudios diagnósticos, ausentismo laboral entre otras consecuencias, habría que empezar a trabajar en un diseño de una política pública como es el etiquetado.
La dilatación de una política que comenzamos a trabajar en el 2016 es la preocupación mayor. Pensamos que se iba implementar en el 2020. Tuvimos reuniones en donde contamos todo el proceso.
Hoy hay alimentos que cuando van a consumir que están rotulados y procesos que no está rotulados y eso genera una gran confusión. Nos llamó la atención e hicimos pedidos de informes de cuáles eran los criterios de por qué la política pública no comenzaba. Preocupación en productos lácteos. Siempre tenemos una postura de diálogo. Por eso convocamos con la diputada Etcheverry al el ministro de Industria y de Salud Pública. Todo es política, pero política pública. Siempre hemos colaborado en los problemas que tiene el país. Tenemos un rol desde la oposición y lo marcamos, pero siempre tratamos desde una observación de cómo el país aplica una política pública. Ha sido un trabajo muy serio que hemos tomado evidencias de todas parte del mundo. Cuál es la propuesta de fiscalización para la implementación de este decreto.
El proyecto de ley toma una propuesta que se había presentado en 2018, en la cámara de Senadores, lo tomamos y lo estamos actualizando, donde tiene una visión más amplia, como la regulación, tener en cuenta a los etiquetados y publicidad de los alimentos, también en el entorno educativo. Un marco de ley le da a los ciudadanos un marco legislativo de un problema de tan magnitud que amerita ser legislado por la importancia que tiene en la salud pública del país, y en los costos públicos y costos de vida.
Legislar con responsabilidad política y fortalecer a las políticas públicas importantes que debería tener en cuenta el país. ya se ha recogido evidencias en Chile de cómo esto ha impactado. Nuestra mayor preocupación en la convocatoria cuáles fueron los cambios, los criterios y principalmente trabajar en conjunto para que Uruguay dé respuesta a grandes problemas que tiene. Nosotros hoy estamos preocupados por la implementación del decreto, cómo se dio el decreto, cómo se fiscalizar y poder trabajar en conjunto.
Hay muchos fabricantes de nuestro país que han tenido la responsabilidad de ofrecerle al consumidor garantías de lo que consume.
No voy a entrar en calificativos, soy política y técnica, es un tema de política pública y no de política partidaria, queremos que sea un tema de política de Estado. El Uruguay va avanzar como país cuando realmente los temas más importante tengamos los integrantes del sistema político y la ciudadanía, quienes tienen intereses de que prime el bien mayor que tiene que ser la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanos, desde ahí si hago política y convocando a todos los integrantes del sistema político. Entrar en calificativos que agranden o generen confrontaciones no me parece adecuado. La ciudadanía tiene muchos problemas que quiere que nosotros los resolvamos y no está en esta confrontaciones que no resolvemos nada.
