En tres hospitales de ASSE en el interior, el 100% de los profesionales son “objetores de conciencia” y allí no se practican interrupciones voluntarias del embarazo. Esto ocurre en el hospital departamental de Melo (Cerro Largo), en Carmelo (Colonia) y en Mercedes (Soriano). Al mismo tiempo, el nacionalista Carlos Iafigliola le presentó una propuesta al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, para “desestimular los abortos” entre personas de alta “vulnerabilidad social y/o económica”. Según el dirigente, habría “voluntad política” para llevarla a cabo.
Sobre la propuesta presentada por el nacionalista al presidente de ASSE, Briozzo dijo que "venir hablar desde ese tema desde la ignorancia de lo que se hace es poner en duda lo que hacen los equipos de salud sexual y reproductiva a lo largo y ancho del país desde hace más de diez años con un profesionalismo intachable". "En el Uruguay ni la ley ni la reglamentación estimulan el aborto", añadió el profesor de ginecotocología. Además, sobre las declaraciones de Iafigliola dijo que el objetivo real "es imponer la propia fe religiosa que se tiene sobre los demás".
Objeción de conciencia
La objeción de conciencia es una decisión que toman los profesionales de no acompañar en el proceso de atención a la interrupción voluntaria del embarazo y es una actitud éticamente adecuada. La objeción de conciencia no es el problema, el problema es cuando los profesionales se niegan atender adecuadamente a las pacientes y ahí lo que hay que hacer en caso concretos las instituciones en donde no hay profesionales que asistan a las mujeres por interrupciones voluntarias del embarazo, tienen que hacerse cargo de contratar de profesionales que sí lo hagan porque eso es un derecho establecido por la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta, pero es la institución que tiene que resolver, la presión no puede estar para el lado del profesional sino es la institución. Es una discusión que tuvimos muy acaloradamente en el 2012 cuando se planteó la discusión a propósito de la ley y quedó meridianamente claro en el texto legal.
El otro tema importante es cuando es cuando hay profesionales que hacen una falsa objeción de conciencia o se llama también objeción por conveniencia, es que los profesionales en realidad no tienen un problema de conciencia de atención con estas pacientes que requieren una interrupción voluntaria del embarazo, sino porque es una práctica que lleva mucho tiempo o no es bien remunerada o porque tienen discrepancias políticas, pero no de conciencia, rechazan la atención de estas pacientes, son dos categorías desde el punto de vista ético muy diferentes y como siempre hemos dicho que cuando la objeción de conciencia cuando es genuina no debería de constituir un problema para la atención de la continuidad de las pacientes y además, la objeción de conciencia siempre es un derecho relativo.
La objeción de conciencia genuina se debe basar en motivos de fe, religiosa o motivos morales argumentados y que sean en todos los ámbitos del mismo profesional. Lo que acá no ha ocurrido mucho, pero que en otros lugares del mundo sí donde los médicos hacen objeción de conciencia de mañana en el hospital público, pero no de tarde en su práctica particular, ahí sería una forma de diferenciarlo.
Denuncias
Denuncias especificas con respecto a esto no ha habido, si ha pasado que profesionales han cambiado su opinión inicial. Muchos profesionales hicieron objeción de conciencia y luego se volcaron a volcar su práctica y ayudar a las mujeres.
Cada institución tiene que resolver y si no está fuera de la ley. Tiene que instrumentar en los distintos lugares, sea privado o público, sino contratar profesionales que hagan ese tipo de asesoramiento. Todo esto acordando en fundamentos de la ley. El asesoramiento y acompañamiento implica la primera consulta de asesoramiento por parte del equipo del multidisciplinario y una segunda consulta donde se le prescribe a la paciente los fármacos con los cuales la mujer de manera segura y efectiva en su hogar se realiza la interrupción voluntaria del embarazo bajo la supervisión del equipo profesional. Esto no genera ningún otro tipo de costos mayores para las instituciones y es una ley que hace casi diez años que está en práctica ha sido una ley que hay repercutido de manera muy buena en la salud de las mujeres y también en la salud de la infancia y de toda la sociedad, terminando con un problema muy grave de angustia y muerte que implicaba la penalización del embarazo.
Edades
Cuando el parlamento luego de una larga discusión en el año 2011 y 2012 votó la ley, al Ministerio de Salud Pública de aquel entonces nos correspondió la reglamentación, en aquel momento planteamos que el objetivo de la reglamentación que hacíamos era atender a una práctica segura, accesible e infrecuente, es decir, que las mujeres que decidieran conscientemente la necesidad de interrumpir el embarazo tuviera seguros servicios para asistir, que fueran accesibles, pero que la política disminuyera la cantidad de abortos y también disminuir las muertes maternas. La primera impresión de estos números la enorme satisfacción que tenemos porque esa predicción que habíamos hecho se está cumpliendo. Hubo primero un incremento de números de casos reportados de aborto, se estabilizó por un periodo de dos años y en 2020 es el segundo año consecutivo que disminuye. Por lo tanto, lo que planteábamos en 2012 era cierto, no iba haber una epidemia de abortos, las mujeres no iban a salir corriendo hacerse un aborto, ni nada por el estilo como mucha gente quería asustar y que fueron los que promovieron aquel plebiscito mal logrado del año 2013, donde solo un 8 % de la ciudadanía apoyó. El balance en general, para la salud, la vida y la dignidad de las mujeres es altamente positivo, eso habría que reflexionar antes que salir a decir cualquier información falaz con respecto a esto. Lo veo como algo que preveíamos que iba a pasar algo en el 2012. Lo vemos como algo positivo y como algo que la ley buscaba y la reglamentación buscaba, porque esta ley se acompaña de otros dos pilares fundamentales que son: aumentar y mejorar la educación sexual y reproductiva y mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos para desarrollar una sexualidad libre, responsable y evitar los embarazos no deseados, y creemos que ese trípode de educación, anticoncepción y servicios es lo que lleva a esta disminución del número de abortos y a la disminución prácticamente total de la maternidad materna.
Tasa de mortalidad materna
La mortalidad materna es un indicador muy sensible del valor que le da la sociedad a las mujeres y de la situación socioeconómica que hay en una sociedad. Hasta el 2019 la mortalidad materna andaba en torno de 17 maternas cada 100 mil recién nacidos vivos, en el 2020 se incrementó, creemos producto de esta situación de crisis social, hubo un aumento bastante importante y pasó de ser de 30 muertes maternas cada 100 mil recién nacidos vivos y 2021 ha sido terrible sobre todo el primer semestre por la emergencia sanitaria de las muertes maternas por el Covid-19, que afortunadamente a la vacunación masiva ha podido amainar de alguna manera. La ley de interrupción voluntaria del embarazo sin lugar a dudas vino a contribuir y disminuir una de las causas más injustas de muertes maternas. Es algo que la sociedad uruguaya ha avanzado.
Carlos Iafigliola
Demuestra una supina ignorancia por no decir alguna otra intencionalidad, porque los equipos integrales de salud sexual y reproductiva integrados por ginecólogos, asistentes sociales, psicólogos justamente lo que hace es lo que dice la ley y la reglamentación. Asesorar integralmente e individualmente a cada mujer de acuerdo a sus circunstancias con respecto a su decisión y eventuales alternativas que pueda tener, ya sea porque la mujer tiene una malformación y quiere evaluar qué posibilidades tiene para el futuro de ese hijo/a si continúa el embarazo por una situación económica se la asesora desde el punto de vista de los beneficios sociales que puede tener e incluso si no piensa que pueda estar capacitada para criar un hijo sobre una posibilidad de adopción.
Venir hablar desde ese tema desde la ignorancia de lo que se hace es poner en duda lo que hacen los equipos de salud sexual y reproductiva a lo largo y ancho del país desde hace más de diez años con un profesionalismo intachable. En el Uruguay ni la ley ni la reglamentación estimulan el aborto y decir lo contrario es mentir, y es mentir decir que si es pro vida cuando en realidad lo que se busca con este tipo de cosas es imponer la propia fe religiosa que se tiene sobre los demás. Los pro vida y los pro derechos somos los que defendemos las vidas de las mujeres y la infancia de toda la sociedad desde la concepción de los derechos humanos y en ese sentido contestamos bastante frontalmente porque creemos que nuestro deber como docente universitario oponernos firmemente ante cualquier avance de este tipo de fundamentalismo religioso sobre el Estado laico.
