Conversamos con el presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, quien habló sobre la nueva normalidad en el Poder Judicial, el impacto de la pandemia y los cambios que se necesitan en el Poder Judicial. También comentó las propuestas presentadas en el parlamento, su visión sobre el impacto del cierre de los juzgados y las críticas a los cambios del sistema judicial en la pandemia.
Críticas a los cambios del sistema judicial en la pandemia
El antecedente que tenemos que mencionar que antes de la Semana de Turismo se detectaron unos días inhábiles se provocó una feria judicial sanitaria y eso determinó que el 95 % de las actividades quedaran congeladas, salvo algunas muy específicas. Desde el pasado lunes la Suprema Corte de Justicia decidió levantar esa feria judicial, pero no de forma absoluta. A través de un régimen intermedio que permita realizar algunas actividades, comienzo de movimiento de algunos expedientes en un marco de cierta inseguridad jurídica, son muy pocas las oportunidades que se pueden hacer. No corren los plazos procesales al no estar todas las garantías. Cuando corren los plazos procesales uno tiene el deber de realizar determinadas actividades en determinado tiempo y cuando no pasa hay consecuencias gravísimas.
Esto no es una condición que pueda ser estable y que se mantenga en el tiempo. Lo que es necesario es generar un modelo alternativo para que se normalice la actividad, para que no tengamos los juzgados cerrados y haya una feria judicial total.
La pandemia afectó a todo el mundo, eso nos permite recibir las experiencias de otros países, no solo de los países del primer mundo sino de la región. El modelo alternativo o tradicional de los expedientes en papel, de las presentaciones escritas realizadas en los propios juzgados es un modelo tecnológico, es decir, por ejemplo en los escritos judiciales se envíen por correo electrónico o en el caso del Poder Judicial tiene una muy buena ventanilla única judicial al cual en un portal se pueden subir esos escritos y se evita la presencialidad. Ese es el plan alternativo que en todo el mundo durante la pandemia ha permitido que los poderes judiciales siguieran funcionando. El colegio de abogados del Uruguay con el apoyo y respaldo del Colegio de Abogados del Interior presentamos un proyecto de ley el 14 de abril de 2020 para generar un modelo de justicia que permita realizar un altísimo porcentaje de sus actividades a través de este medio sistemático.
Propuestas al parlamento
Fueron 40 días de los cuales estuvieron cerrados los juzgados. No solamente que tenían más tiempo sino menos urgencia. Si tengo un servicio paralizado, tengo que movilizarme de manera urgente para poder generar una reapertura definitiva de ese servicio. Ese es el deber de uno de los poderes del Estado.
Impacto del cierre de los juzgados
Uno de los problemas centrales que ofrece la implementación de un sistema de realización de actos procesales a distancia son las firmas de las personas. Todos los países que se han implementado este método de este tipo, fue implementar solamente a los abogados.
Para implementar un sistema de realización de actos procesales a distancia se requería la firma digital avanzada de todos los judiciados y eso es realmente absurdo. Los judiciales es la población entera del Uruguay. La Suprema Corte de Justicia la respuesta que da es que todos tengan el sistema de firma avanzada. La cédula nueva que tiene un chip esas permitirían que las personas firmen documentos con firma digital avanzada. ¿Saben cuál es el problema? Vamos acotar solo a los adultos, de la población total del Uruguay los adultos son más o menos unos 2 millones 800 mil personas, que potencialmente firmarían escritos judiciales, más o menos son los mismos que están habilitados para votar, inclusive debería haber algunos más algunos no son ciudadanos uruguayos ante la ola inmigratoria. De esos 2 millones 800 mil , ¿saben cuántas cédulas con chip están emitidas? 1 millón 200 mil, lo peor de todo es que de ese número solo el 25 % se acuerda de su número de PIN. El modelo que planteamos nosotros que existe en el mundo es un modelo racional, pidámosle firma digital a los abogados, que son unos 8.500 abogados ejerciendo la profesión, de los cuales aproximadamente unos mil trabajan en la administración pública y muchos ya tiene firma digital por eso. Hay muchos de los 8.500 que están colegiados y hemos firmados convenio para obtener firma digital avanzada hace meses, es decir, eso es un tema que está en vías de solucionarse, en 30 días a lo sumo todos la tendrán. La Suprema Corte de Justicia en vez de proponer una solución a un problema, lo que plantea es un problema a una solución.
