Diputado Diego Echeverría presentó un proyecto de ley para combatir ocupaciones ilegales: "Es una herramienta civil para la desocupación"

Esta propuesta del diputado nacionalista plantea que el Poder Ejecutivo y las intendencias puedan entablar la acción judicial para impedir el fraccionamiento, la gestación de obras, las ocupaciones y las alteraciones físicas. Según el legislador, el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a esta situación.

Proyecto de ley para combatir ocupaciones ilegales

Es una herramienta que planteamos para que se tenga capacidad de respuesta. La ley de ordenamiento territorial establecía la posibilidad de que la intendencia ejerza un rol de policía territorial. A través de esto establecemos herramientas de cómo hacerlo para que puedan accionar, también el Poder Ejecutivo. No solo se está vulnerando la propiedad privada en las ocupaciones, sino que también se vulnera el ordenamiento territorial y hay un impacto ambiental. Teníamos que darle la prioridad de acción al PE en materia de ambiente. Es un paso para dar las herramientas a los organismos públicos para poder accionar. Esta es una herramienta civil para la desocupación. Por otro carril va la herramienta penal. Tener herramientas para una pronta desocupación y para prevenir un mayor daño sea de ordenamiento o ambiental. Para esto entendemos que era necesario para un fenómeno que aumenta día a día.

Planteamos dos posibilidades. Primero hacerlo mediante el proceso y nosotros quisimos darle algo que ya existe y que garantice las máximas garantías. En la acción de amparo le damos características a esta ley para que se pueda accionar vía amparo que puede permitir accionar a organismos públicos de forma rápida. Se tiene que plantear esta problemática en conjunto. La vivienda es una preocupación en nuestro país y no se puede solucionar generando otro problema. El problema de la vivienda es complejo y nos preocupa. En materia de ocupaciones ilegales hay distintas situaciones. No es lo mismo quien tiene una necesidad extrema de ir a un asentamiento de aquel que termina ocupando en playas en lugares en donde incluso es su segunda casa. Se termina convirtiendo en una industria de la ocupación. Tenemos que hilar muy fino y es una señal para que no vayamos a generar una respuesta generando otros problemas.

Venimos trabajando en esto desde hace tiempo. Ante una oleada de ocupaciones que hubo en Maldonado, nos reunimos con el fiscal para ver la oleada organizada y orquestaba de organizaban, alambraban y especulaban con los más necesitados. Son  dos carriles en paralelo: uno es la respuesta penal, y otra es la respuesta civil para la ocupación. Es un tema que nos preocupa desde hace mucho tiempo.

Se tiene que hilar fino y con mucha delicadeza. Hay una vulneración a la propiedad privada y ahí tenemos que ser claros si vamos a permitir la vulneración de la ley o si la vamos a naturalizar. Estamos con una problemática que se viene arrastrando. Tener la capacidad de respuesta, sobre todo cuando hay menores, tiene que estar. Hay planes de regularización, planes de acceso a la tierra accesibles. Es un problema que no tiene colores partidarios, planteamos soluciones. A veces nos tenemos que parar en defensa de la ley que no es lo más simpático del mundo. No tenemos que naturalizar ciertas conductas. Pasa por defender un laburante que con mucho sacrificio paga su alquiler, es defender aquel que hace las cosas bien. Es un problema multicausal y no podemos darle una lectura simplista.

Situación en el asentamiento Nuevo Comienzo

No creo que sea una buena señal que se esté defendiendo el derecho de igualdad. Soy muy respetuoso de la separación de poderes. Me parece que se está salteando muchas etapas y otras personas con derechos adquiridos. La ley como tal es un instrumento general. No podemos entrar en la caustica de cada situación que se da. Esto va de la mano de otras cuestiones como la seguridad jurídica, financiera. Nadie va a querer invertir en un contexto jurídico que no da la seguridad necesaria en un lugar.

Tuvo una atención pública importante que la Fiscalía actuó y evitó el avance de este tipo de ocupaciones. Se da mucho. En otras situaciones iguales se da que no tienen atención pública se avanza. Hubo una reacción en este caso y se evitó. La respuesta tiene que ser rápida, sobre todo para dar acciones como Estado.

Es una herramienta para una problemática de que es lo que tiene que hacer la ley. La respuesta pasa por otro lado, no es la ley la que va a generar soluciones específicas. Hoy hay muchas herramientas que hay que avanzar e invertir. No está la ley este tipo de situaciones particulares. A veces es solo evitar que un problema siga sucediendo. Los asentamientos en Uruguay han crecido muchísimo. Quienes tomamos la decisión cuando había un lanzamiento inminente del asentamiento Eucaliptus estaba con miles de personas y nosotros tomamos la decisión de expropiar la tierra e iniciar un proceso de regularización. La sensibilidad está. Los asentamientos están. El primer paso es ver qué tipo de cuestiones existen. Hay casos en los que se pueden generar regularización.

En el asentamiento Placer pudimos trabajar y regularizar las viviendas. No fue un desarraigo territorial. Ellos están pagando las viviendas en las que están. Eso habla del ir caso a caso de una lectura social.

Proyecto del FA para suspender desalojos

No estoy de acuerdo. Genera un periodo ventana que genera mucha incertidumbre. Creo que hay mecanismos. Hoy la ley vigente puede oficiar como un paréntesis en los proceso de lanzamiento. No son necesarios nuevos instrumentos como este.


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