"He hablado con algunos de los precandidatos del Frente Amplio y también he tenido diálogos informales con algunos del Partido Nacional y del Partido Colorado", afirmó.
El Ministerio del Interior sigue adelante con el Operativo Mirador. El último operativo se realizó este lunes en el Complejo Habitacional 84 de Casavalle, en Aparicio Saravia y San Martín. En total se realizaron 17 allanamientos simultáneos y detuvieron a 11 personas. Desde hacía 45 días, las autoridades manejaban información suministrada por la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) sobre la usurpación de un conjunto de apartamentos en ese complejo.
Abordamos el tema junto a al director de Seguridad y Convivencia del MI, Gustavo Leal.
Lo que sucedió es que la ANV, que administra ese complejo de viviendas, hizo una denuncia penal por la usurpación de 20 viviendas. Fueron ocupadas o sus adjudicados fueron desplazados y ocuparon otras personas. Una funcionaria del Ministerio del Interior fue asesinada en ese complejo y le incendiaron el apartamento. Hubo varios episodios de violencia.
Las personas firmaron un acuerdo y asumieron el delito que estaban cometiendo. De las once personadas tenidas, quedaron imputadas nueve; cinco tenían antecedentes penales. Estaban usurpando un apartamento que está destinado a una cartea de viviendas para personas que acceden a ese tipo de casas por las que pagan.
Hay ciertas cosas que nos admisibles. Se naturaliza una cultura de la impunidad de forma sistemática donde cualquier argumento es válido. Una persona de las detenidas tiene 12 antecedentes penales: dijo que le estaba cuidando la casa a una persona; la Fiscalía citó a esa persona, quien declaró que le había prestado la casa, y después se contradijo. Pero esa persona no era la adjudicataria. Esa persona es hermano de la madre de Mónica Sosa.
Lo que hay que tener claro es que en una sociedad democrática no se puede admitir que personas tomen por la fuerza un apartamento, se instalen, desplacen a la fuerza a la gente y no pase nada.
Creo que hay que transformar y modificar algunos aspectos del código porque generan lagunas de impunidad. Por ejemplo, cómo se formulan los procesos abreviados. Creo que hay que derogar la ley de libertad vigilada. Hay que ir a un sistema que tenga una mayor rigidez, sobre todo con las personas reincidentes. Tiene que haber mucho más presión para que espacios de impunidad no se instalen.
He hablado con algunos de los precandidatos del Frente Amplio. También he tenido diálogos informales con algunos candidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado, donde han respaldado esta línea de actuación. Se necesitan acuerdos políticos en los temas de seguridad, y son posibles. Soy consciente de que hay un problema evidente en el área de la seguridad. Hay partes de razón de cada lado que hay que rescatar.
Militarizar la seguridad pública es una idea de derecha, y es una pésima idea. Si me dicen que hay que profesionalizar a la Policía, estoy de acuerdo. Prefiero las etiquetas para los vinos y no para las ideas.
