El directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos compareció días atrás ante la Asamblea General para presentar su informe anual. En esa instancia, al igual que había ocurrido en declaraciones previas, el oficialismo criticó el rol del organismo y sus actuaciones. Recibimos en el estudio al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa.
Si bien en principio la coalición tuvo la intención de reformar la Institución, se dejó de lado la idea por los tiempos y ya se comenzó a trabajar en el Parlamento para definir la nueva integración. El actual directorio de cinco miembros finaliza su mandato el 31 de agosto.
Recambio de autoridades
La Institución Nacional de Derechos Humanos se defiende por el trabajo que ha venido realizando durante estos 10 años. Lo dicho y reproducido por la institución está ahí, es público, está en la página web, hay informes al parlamento y en organismos internacionales.
Lo más grave que está sucediendo hoy en Uruguay es una especie de ataques con artillería demasiada gruesa en relación a varios organismos de contralor y los organismos de contralor son fundamentales en un Estado democrático. La democracia requiere de pesos y contrapesos. Hemos estado observando y lo seguimos observando a diario que desde algunos sectores del sistema político y de algunos formadores de opinión se produce cuestionamientos infundados y graves, por ejemplo a la Fiscalía General de la Nación, a la Junta Nacional Anticorrupción, al Poder Judicial, ahí estoy mezclando viejos órganos de contralor con nuevos órganos de contralor. La Institución Nacional de Derechos Humanos es un nuevo órgano contralor y evidentemente no se terminó de entender por algunos sectores de poder de que el poder en democracia debe ser controlado y las cosas se deben discutir porque la gente tiene derecho a que el Estado rinda cuentas, a que exista transparencia y la INDDHH contribuye a eso.
No decimos que no cometamos errores, que no podamos tener fallas, como cualquier institución humana las tenemos, pero sí creo que no es bueno para la democracia que este tipo de cuestionamientos se hagan sin fundamento alguno. Cuando los cuestionamientos tienen fundamentos, cuando hay un espacio la discusión e intercambio es muy probable que nos podamos entender.
Afortunadamente en materia de derechos humanos que la decisiones de los Estados y más si se trata de uno democrático, está siendo mirada muy de cerca de organismos internacionales, órganos de contralor de tratados, estos días se está presentando el informe que Uruguay tiene que presentar regularmente en la ONU. Creo que no sería tan sencillo. Nada para siempre en materia de libertades y derechos. Si no cuidamos los derechos o las instituciones que se crearon para proteger los derechos, teniendo una actitud de alerta ante algún cambio que se dé, puede darse que la institución tenga una lesión.
Me gusta decir mucho algo que aprendí trabajando fuera del país, el temor que yo tengo es que se quite el alma de la institución. Hablamos mucho de eso con los compañeros. La posibilidad de debilidad una institución pasa por quitarle facultades, modificar la ley y cometidos o la otra dejar todo eso y no utilizar las herramientas.
Las organizaciones de contralor son molestas, lo que hacen muchas veces señalar el rey está desnudo. Está todo muy bien, pero ustedes aquí tendrían que mejorar determinado procedimiento y mejorar determinada legislación, ese tipo de acciones generan molestias tanto en Uruguay como en todo el mundo. Ignorar la recomendación de la institución es una línea de si existe o no existe, pero no le vamos hacer caso.
Reunión con Beatriz Argimón
Conoce muy bien la institución nacional de derechos humanos, ella participó activamente en la ley que se aprobó en el 2008. Hablamos de temas de la misma forma que estamos conversando acá. La respuesta que recibimos de la Asamblea General es que ella no pretende modificar la esencia de la institución, pero sí discutir algunos cambios. Es una institución si bien es nueva, tiene 10 años, tengo varias ideas de procedimientos que se podrían mejorar y resolver de otra forma, pero si lo que se pretende es que los representantes del consejo directivo tengan un claro perfil político partidario y que la institución no sea autónoma ni independiente, ahí solo nos quedamos con el nombre. Hay sectores en el sistema político que buscan de la misma manera, que han entendido qué es este tipo de institución nueva y que pretenden mejorarla.
En el sistema uruguayo se buscó una forma muy interesante es nombrar un jerarca del órgano, colegiado, lo que permite un mayor pluralismo a la integración, y por otro lado esta secuencia de intercalar las designaciones de los directivos con los de gobierno. Las negociaciones se dan en el parlamento con todos los temas de la agenda parlamentaria. Se discuten y se debate políticamente. Si candidatas y candidatos cumplen con los requisitos de la ley en materia de derechos humanos, tener una postulación es posible, que se discuta, pero el tema es qué se negocia y con qué se negocia.
Negociaciones para el recambio del directorio
Es una barbaridad que se proponga desde el oficialismo y que se acepte desde la oposición discutir la integración de la institución bajo estos parámetros.
En este país es muy difícil encontrar una persona que no tenga vinculación con algo. Si a mí me dicen que me eligieron por ser integrar a un sector frenteamplista, es una falacia. Otra cosa es que quienes integran el consejo directivo vayan con un mandato de representación partidaria.
En estos días tengo una especie de libertad de pensamiento muy grande porque cumplo mi segundo mandato en el consejo directivo, si alguien me propusiera otro mandato no lo podría decir, fueron 10 años muy intensos que es mi obligación defender la institución en su totalidad, en cómo se integra el consejo y en lo que se dice y en lo que se propone.
El Estado está obligado a cumplir los derechos humanos, está obligado jurídicamente.
Renovación del directorio
Si me parece bueno que haya continuidad institucional, los cuatros colegas que integran el consejo directivo, son personas elegibles y están en condiciones de ser elegibles.
No basta con que un actual director quiera seguir, no basta que con un actual parlamentario lo proponga, tiene que ser la sociedad civil la que tiene que proponer. Estamos intentando entrar por la ventana cuando tenemos que entrar por la puerta y eso no está bueno. Este clima de polarización daría para conversar mucho más.
Desde la salida de la dictadura en adelante no se hablaba de ese tema, no había información, no había datos. Posterior al 85’, debate de temas como el de Punta Carretas, los presos por delitos comunes volvieron al penal de libertad, y que no se podía volver ya que se consideraba un sitio del terrorismo de Estado. Las primeras cosas que leí y que me impactaron sobre cárceles fue el libro Tinta Roja de Daría Klein, el cual fue su tesis que presentó en la universidad. Había una durísimo cuestionamiento y a partir de ahí el tema empezó a estar arriba sobre la mesa. El tema penitenciario sigue estando allí como un debe. Lo que no se logra es que no hay consenso de lo que hay que hacer para mejorarlo.
Críticas a la institución
Hay una agenda muy amplia de derechos. A cualquier gobierno le genera escosor. Hablar sobre temas medioambientales, el país se ha jugado de desarrollar emprendimientos agrícolas, eso a veces genera incumplimiento de derechos, cuando la institución los hace ver, hace ruido y molesta. Cuando en Uruguay se toca el botón que dice Derechos Humanos, para mucha gente se prende una lucecita que dice terrorismo de Estado, entonces se sigue identificando exclusivamente diría en muchos casos los temas de derechos humanos con los temas del pasado reciente y ahí tenemos un debate que está todavía presente en la sociedad porque esos temas aún no se resolvieron, pero que son solo una parte del debate en materia de derechos humanos, pero genera mucho ruido y de ahí vienen las acusaciones hacia la institución de que tenemos los ojos en la nuca y que solamente miramos para un lado.
La institución en materia de pasado reciente, la única competencia que tiene la institución y que se la asignó la ley es la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.
Informe publicado antes del referéndum
Reconozco que no fue oportuno publicarlo en ese momento y tendríamos que haber tenido más inteligencia de ver cómo estaba el panorama y evidentemente era un informe que estaba listo, que se tenía que presentar. Además, no era un tema que fuera iniciativa de la institución, vino por la denuncia de la asociación de defensores públicos. Los colegas que trabajan en la institución dentro del área del mecanismo de prevención de la tortura pidieron publicarlo en ese momento.
Reconozco que no fue oportuno, tendríamos que haber hecho un segundo análisis de ese tema. Estamos hablando de un tema en diez años de funcionamiento. Eso nos lleva como institución a quedar también entreverados en este lodo todo manoseado que la institución presenta ante el parlamento y algún comentario que hacer algún legislador es que estamos politizados y no queremos a la policía. Lo que yo pediría es por favor señor legislador y señora legisladora lea el informe, léalo todo completo, estúdielo y ahí va ver qué hace la institución.
Concretamente en materia de violencia policial lo que ha dicho la institución desde el año 2012 en adelante, la posición es constante. En primer lugar Uruguay no tiene una Policía de gatillo fácil como hay en otros países de la región. En segundo lugar no hay una voluntad política de los mandos políticos del Estado a los efectos de que la Policía sea una Policía que vulnere derechos humanos. No hay mandato profesional para que la Policía viole los derechos humanos. Lo que sucede es que hay problemas de formación, hay problemas de capacitación, hay muchas veces mensajes equívocos que se dan hacia hacia la Policía, eso pasa en cualquier democracia del mundo. Los organismos de seguridad siempre están en el filo porque son los que están en la primera línea permanentemente y siempre están en el filo de cometer algún tipo de vulneración de derechos. Eso en una democracia se reconoce y se corrige.
Si ustedes van a la información objetiva que hay en estos 10 años de intervención, los 3 años de mayor nivel de denuncias recibidas y de recomendaciones dictadas por la institución al Estado fundamentalmente hacia el Ministerio del Interior, fueron los años 2017, 2018 y 2019. Ese es el pico de actividad de la institución. ¿Quién gobernaba durante esos años? Lo que digo es que la actualidad es que hay menos observaciones de la institución ahora que en esos tres años. Miren la publicaciones de las instituciones durante estos 10 años y ahí van a ver.
Intervención del Ministerio de Cultura en el club Villa Española
Tenemos una situación que se ha polarizado al extremo y sobre que la institución es posible que pueda tener competencia que es el caso de la intervención del club Villa Española. Hay un debate muy fuerte. Entiendo que la institución tiene que intervenir en ese caso. Si no recibe una denuncia tiene que intervenir de oficio. Lo voy a proponer, pero no porque haya un prejuzgamiento de que el Ministerio de Educación y Cultura haya actuado mal o irregularmente, pero sin duda el papel institucional y competencia que tenemos es preguntar y pedir información a los efectos de que el Estado tenga la posibilidad de dar las informaciones más claras formalmente respecto al caso.
Sin dudas que el MEC tiene competencias para intervenir en las sociedades civiles ante determinadas situaciones. En todo aquel caso que se produzcan situaciones que pueden ser vulneradoras de derechos, la institución tiene que intervenir de forma preventiva. Cada vez que están juego derechos como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de asociación, siempre se pueden dar situaciones que estén en un extremo que se pueden regular. Que quede claro que el ejercicio de los derechos humanos no es ilimitado, no es absoluto. Una sociedad democrática requiere que las autoridades dentro del marco de la Constitución y la ley regulen el ejercicio de los derechos. Cuando hay una limitación de derechos hay una lucecita que se prende y la institución debe actuar, después podrá decir que el procedimiento fue correcto y estaban dadas las condiciones.
Tweet de Pablo da Silveira
No tengo Twitter, también entiendo que hay una gran parte de la población que no lo maneja. Si a alguien le parece que esto es una explicación oficial, formal del Estado, por el lenguaje y por el medio utilizado creo que no es lo que corresponde. Estamos obligados a pedir que se nos informe formalmente. La institución no puede regirse por lo que salga en las redes sociales, si fuera así estaríamos bloqueados prácticamente de todas las cosas en las que tenemos que intervenir. Conozco muy bien a Pablo da Silveira desde hace mucho tiempo, conozco su prolijidad y adecuación a los procedimientos formales, esto será para las redes.
El Estado se rige por formas de los procedimientos que deben ser respetadas, esto aparece en una red social y la obligación del Estado es que debe informar por los medios formales para que toda la población pueda tener acceso a lo que el Estado dice. Después se verá si lo que dice el Estado es adecuado a las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos.
Cada vez que el Estado interviene en una asociación o en una organización civil con personalidad jurídica, de alguna manera está incidiendo en el ejercicio del derecho de libertad de asociación, por ejemplo. Esas cosas en un estado de derecho son muy delicadas. El Estado tiene que justificar por qué lo hizo.
La institución interviene en aquellos caso que llegan a su conocimiento, interviene de oficio cuando decida hacerlo y eso puede ser a través de los medios, de la propia información que algún integrante de la institución pueda tener o también frente alguna denuncia concreta. Hasta ahora no hemos recibido ninguna denuncia por este tema, no quiere decir que no la vayamos a recibir.
Cuando hay alguna situación de que la institución toma conocimiento y que puede haber alguna afectación de derechos, la institución deberá intervenir para entender si esa afectación de derechos es de acuerdo a lo que establece el bloque de constitucionalidad o no. Si es que sí, perfecto es nuestro cometido ayudar a que el Estado cumpla con sus obligaciones y en este caso está, si no es así se propondrán los correctivos y recomendaciones para que se corrija.
Este caso lo puse como ejemplo porque es un caso muy sonado. La institución tiene un procedimiento de solución amistosa, es que cuando actuamos de oficio le proponemos al organismo involucrado le mostramos lo que recibimos. Para que el procedimiento de solución amistosa funcione es que la institución toma la iniciativa y la organización tiene que estar de acuerdo. En el caso de que se entienda que hay una vulneración de derechos, se hace un informe con recomendaciones y llega al parlamento.
