El diputado Conrado Rodríguez explica que la propuesta de derogar el adicional fue presentada en el 2017. Explica que es una "carga muy pesada" para el profesional. La derogación será gradual, quitando un 25% en cada año, hasta el 2026. La refinanciación del faltante por el adicional sería a través del presupuesto nacional.
Conrado Rodríguez - diputado del Partido Colorado
Propusimos la eliminación con el en ese momento diputado Gandini a raíz de reclamos que nosotros sentíamos en los profesionales universitarios en el 2017. Los dos integrábamos la comisión de hacienda. Habíamos recibido a algunas asociaciones profesionales que tenían dentro de su plataforma reivindicativa del adicional. El fundamento era que el adicional se creó en el 2001, en el presupuesto del expresidente, Jorge Batlle, en un momento de la economía bastante complicado; era la antesala de la crisis económico-financiera, pero en aquel momento había recesión económica, por lo tanto no había los recursos suficientes como para darle un aumento a la Universidad de la República. Y es por esto que de ideó este impuesto, y está para financiar no becas, sino obras de infraestructura edilicia y no edilicia de la Universidad de la República. En aquel momento se creó como un impuesto transitorio. Pasaron más de 20 años, la economía del país creció y también creció mucho el presupuesto de la Universidad de la República. En términos de dólares, se multiplicó casi por cuatro. En el 2001 era de 120.000 millones de dólares, en el año 2020, fue de 443.000 millones de dólares aproximadamente. En pesos es un poco menos, pero se ha multiplicado por varias veces el presupuesto.
Esto ha sido una carga muy pesada para el profesional universitario, que tiene que pagar la caja de profesionales, el Fondo de Solidaridad, y, aparte, el adicional del Fondo. Es por esto que en el 2017 propusimos la eliminación del adicional. Yo lo hice en dos instancias: en la rendición de cuentas del 2017 y en la de 2018. En eso estamos todos de acuerdo, incluso toda la coalición. Y por eso en el mensaje del Poder Ejecutivo viene la derogación. La discusión es cómo poder sustituir las partidas que dejan de ingresar a la Universidad por este concepto, para que la Universidad no pierda sobre todo en la planificación que tiene en infraestructura, sobre todo en el interior del país. En la coalición estamos intercambiando, discutiendo. Tuvimos una muy buena reunión con el rector de la Universidad, Rodrigo Arim. Le trasladamos la justicia del reclamo de la derogación y en segundo término la idea de la coalición de sustituir esas partidas. En ese marco estamos estudiando, dentro del presupuesto nacional, de qué manera podemos hacer reasignaciones internas para que la Universidad no pierda.
El ejercicio profesional liberal te lleva a que algunos meses puedas facturas, tengas trabajo, otros meses no. Y el Fondo de Solidaridad y el adicional se tiene que pagar todos los meses. Y también, uno cuando habla de profesionales mucho creen "ah pero es gente que gana bien", pero no son todos. Muchos de ellos están, inclusive, por debajo de lo que vendría a ser el mínimo no imponible para pagar el adicional. Este adicional ha generado mucha distorsión incluso dentro del ejercicio profesional, porque hay muchos profesionales que terminan haciendo declaración de no ejercicio porque no pueden pagar las tres cosas juntas. Si lo impulsamos cuando éramos oposición, más lo tenemos que proponer si somos gobierno.
Podría asociarse el impuesto a cuánto gana el profesional, no la duración de su carrera, ¿no?
El impuesto tiene un problema de diseño. Y mirá lo que pasa: una persona que cursa toda su carrera en la Universidad, pero las últimas materias las da en una universidad privada, no paga Fondo de Solidaridad y no paga adicional, cuando hizo utilización de los recursos públicos. La Constitución es muy clara: gratuidad en la enseñanza terciaria pública, y lo que pasa es que con estos impuestos se termina haciendo una especie de pago diferido.
La Universidad tiene que tener los recursos suficientes para aplicarlos, para infraestructura, para mayor descentralización. En eso estamos de acuerdo, pero eso tiene que nacer el presupuesto nacional. Yo no creo que sea bueno establecer impuestos específicos para poder financiar a determinados organismos. De hecho, la inmensa cantidad de organismos no tienen impuestos aplicados para poder darle recursos a esos organismos, si no que es el presupuesto nacional el que asigna los recursos.
Venía escuchando que la Universidad no había recibido aumentos en estos años, en estos gobiernos. Y eso no es así. En la ley de presupuesto nosotros discutimos votarle a la Universidad un incremento en los cinco años del presupuesto nacional, y en la última Rendición de Cunetas focalizamos en algunos programas que le interesaba a la Udelar, y llegamos a acuerdos de aumento, y en total, en cinco años, son 51 millones de dólares que se le dio a la Universidad por parte de este gobierno, más los siete millones que están en la ley de Rendición de Cuentas, y que tiene que ver con las obras que hay que hacer en el departamento de Paysandú.
La derogación es gradual: se deroga de a 25% cada año, para llegar al 1 de enero del 2026 con la derogación total. Y la idea de la coalición es ir sustituyendo las partidas año a año. Estamos estudiando el cómo. El presupuesto nacional es muy basto, muy grande. Calculemos que, aproximadamente, el presupuesto nacional, sin contabilizar las empresas públicas son 16.000 millones de dólares. Hay organismos que han hecho uso de todo lo que se les ha asignado, hay otros que no han ejecutado todo. Hay créditos que están disponibles, que han sido habilitados pero no ejecutados. La coalición va a hacer esa búsqueda, obviamente hablando con los organismos implicados. Como se dice usualmente, se desviste a un santo para vestir a otro.
¿Qué sucedería con ese porcentaje que recibe el Fondo de Solidaridad por el adicional para gastos administrativos?
Si me preguntas a mí, el Fondo de Solidaridad no debería cobrar nada por administrar el adicional. Pero hay una situación allí planteada hace muchísimos años donde cobra un porcentaje para poder administrarlo, y luego verterlo en la Universidad. En la ley del 2001 no está la comisión que tiene que cobrar eso. Nosotros estamos convencidos que vamos a conseguir una buena solución.