El abogado Juan Ceretta obtuvo información del Mides sobre el estado de los residenciales y habló de su renuncia a la Mesa Ejecutiva de la AUF.
Los estudiantes del primer semestre de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República hicieron una solicitud de información pública sobre los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (casas de salud). La respuesta del Ministerio de Desarrollo social destaca que hasta el momento nunca se había hecho público el listado de establecimientos con su categorización. Desde abril de 2020, se fiscalizaron la totalidad de los residenciales de la tercera edad que se encuentran en situación crítica en Montevideo. Según el Mides, en la capital viven 538 personas mayores en estos hogares: 110 hombres y 349 mujeres. Con la información recabada se piensa comenzar a iniciar medidas judiciales.
En la clínica, una asignatura de la carrera de Abogacía, en la primera clase discutimos con los estudiantes qué temas les parecen de interés para tratar. Hay una diferencia importante entre el consultoría jurídico y la clínica, en el sentido de que este trabaja a demanda. En la clínica salimos a buscar casos que no vendrían a la ventanilla.
Uno de los temas que reunió más afinidad en los estudiantes fue los residenciales. Empezamos con las clases y vimos que en la pandemia había un foco en los residenciales. Hicimos una revisión en la prensa y encontramos que pasaba un hecho escandaloso y después pasaba para volver a lo mismo.
Lo primero que hicimos con los estudiantes fue estudiar los parámetros internacionales de calidad para residenciales y luego pedimos información para ver detalladamente cómo son las mediciones. El Mides nos entregó la información y los resultados son preocupantes.
En 32 centros en Montevideo, en catorce centros encontraron personas atadas sin orden médica. Otros también que son relativos a la higiene del local: diez de 32 tienen buena higiene y ocho de 32 tenían buena higiene en las personas. Respecto a alimentación, hay casi un 40 % que no tiene alimentación suficiente. Quiere decir que la planificación alimenticia no va acorde a la gente que se tiene.
Sabíamos que el Mides tiene la obligación de monitorizar esta situación con esos parámetros. Días después de recibir la información, supimos que Fiscalía presentó un escrito en el Juzgado Civil intimando al Mides a intimar a estos centros. El problema es que se agota en sí mismo: si entendés que tenés que hacer algo, lo hacés y si no, no. Después verás qué consecuencias tienen. Acciones de amparo son las que más tenemos. Es complicado porque tenemos vinculadas familias, instituciones privadas y al Estado como garante.
Tenemos los nombres de los centros y los domicilios.
Ya tenemos una situación compleja. La información la hemos hecho pública. Si alguien quiere venir a la facultad, está a disposición de todos. Lo vamos a subir a la web del consultorio jurídico.
Renuncia a la AUF
Terminamos el 2019 con un clima participativo. Después vino la pandemia y el protocolo, se logró la vuelta al fútbol y que se pueda ver. Se logró que todas las fechas se fueran viendo. Creo que eso fue desgastando la interna de la Mesa, sobre todo con la preparación del clásico.
Últimamente pasábamos horas y horas discutiendo sobre una bandera o fuegos artificiales. En principio llegaban pedidos de los clubes que les pedían. No lo tomé como amenazas.
El primero que pidió fue Nacional porque era local, con el argumento de que el estadio iba a estar vacío. Todo empezó con una que decía “Nacional o Muerte”. La vimos y dijimos que no correspondía. La bandera la pone una institución, no la hinchada y eso puede quedar como un mensaje institucional. Después vino la solicitud del humo, de los fuegos artificiales. Se nos dijo que sí, pero finalmente estuvo.
Paso diez horas de mi día discutiendo si una bandera puede ir o no, uno se pregunta: ¿quiero hacer esto?
