"Mejor y más garantista que la anterior": Garcé defendió cambios introducidos por la LUC en el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia

La Ley de Urgente Consideración (LUC) introdujo una serie de cambios en el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Estas modificaciones quieren ser derogadas por los impulsores del referéndum porque entienden que se apunta hacia un modelo “centralizado” que reduce controles parlamentarios. También hay preocupación por la incorporación de información catalogada como secreta. Sin embargo, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé, afirma que la normativa trae mayores garantías y no es, como se critica, discrecional.

Modificaciones introducidas por la LUC y diferencias con el sistema anterior

La primera versión de la LUC no tenía norma sobre la Secretaría de Inteligencia. Entendimos que era necesario hacer ajustes en la ley. Se propusieron nueve artículos, de los cuales seis fueron pacíficamente aceptados. Los dos puntos que generaron polémica tienen que ver con el modelo que se busca para el modelo de negligencia y para la previsión expresa como secreta para cualquier tipo de información. Este régimen es mejor y más garantista que el sistema anterior.

El Estado tiene la función de inteligencia y contra inteligencia. ¿Cómo hacerlo coherente, sistemático y organizado? Hay dos modelos. Quienes creen que se puede coordinar y quienes piensan que se puede ir a algo en donde exista, al menos una dirección técnica. Si esto prosperara, no cambia demasiado la cosa. La dirección técnica implica la posibilidad de conversar con otros organismos y hacer énfasis en otros aspectos. No cambia nada. Fuimos muy cuidados de respetar las autonomías en este modelo y no se anulan. Se refuerza la posibilidad de dar orientaciones de tipo general.

El control parlamentario no solo no se ve restringido con la nueva norma, sino se ve fortalecido. Hay que comparar la fórmula actual con la de 2018. Esa fue una buena ley consensuada con aspectos perfectibles. Se prevé que el control parlamentario tiene que ser eficiente, fuerte y el PE tiene que colaborar, pero hay tres hipótesis en las que el PE puede negarse a dar información, por ejemplo, cuando afecte la fuente, la identidad de los terceros o cuando afecte el núcleo de la actividad esencial. Cuando establecimos como secreta determinada información, es acotar la posibilidad. Lo que se puede clasificar como secreto es la información que nos dan agencias, por ejemplo. Estamos precisando un concepto que ya estaba en la ley y era mucho más amplio y hacía mucho más difuso el límite. No puede ser arbitrario esto porque nuestra ley es terminante. En el sistema central de inteligencia no estamos para hacer espionaje. Estamos para hacer las cosas bien dentro de la Constitución y la ley.

Potestades y ámbito regulatorio

Se ha cuestionado que si un Estado extranjero diera información sobre información a derechos humanos, eso pudiera significar un obstáculo. Es falso. No puede clasificarse como secreto, confidencial o reservado. El control parlamentario tiene que ser mucho más amplio y que nos ayude a desempeñar mejor la función. Tiene que ser constante y no solo atendiendo a u eventual desvío. Es muy fino y delicado el tema de la inteligencia. Cuando se habla de inteligencia, en general, tiende a suponer lo peor y en realidad consiste en la obtención, análisis, y procesamiento de la información. Es el dato elaborado. Esa información debe ser el punto de apoyo para las autoridades cuando toman decisiones. Es una actividad limpia, jurídica dentro de la Constitución. Que en otros lugares de oscuridad institucional se haya usado mal es otra cosa. La cuestión de lo que no debe haber el sistema de inteligencia fue bien establecido por el Parlamento. Las garantías están en la Constitución y en la ley que establece los límites que claramente no debemos sobrepasar.

¿Le quita potestades al Poder Judicial? Yo creo que no. La actividad de él está clara en la ley. Todo lo que pueda afectar la esfera privada de los individuos, el Estado solo puede meterse ahí con autorización del Poder Judicial. Nosotros tenemos la obligación de poner en conocimiento al Poder Judicial si hay hechos de apariencia delictiva o delitos. Tenemos que actuar dentro de la Constitución y la ley. La clasificación no es eterna, tiene un plazo máximo. Hay determinados plazos de reserva de información. En el caso de inteligencia se extendió un poco más. Hay una cuestión de buena fe en el desempeño de las funciones y si alguien se apartara de las funciones, hay responsabilidad política. No estamos para ampararnos indebidamente en ciertas ventajas de la ley. La forma desde el punto de vista de la relación es más garantista este que el anterior. No queremos vacío o no control. Estamos convencidos de que esta ley es mejor y más garantista que la anterior.

Hay información de carácter reservado que ha sido pedida por legisladores y se las ha dado. Los legisladores tienen el mismo carácter de reserva que nosotros. Estamos actuando de buena fe y en el caso de que hubiera información secreta y el Parlamento lo pide, se discutirá.

Si se anula, volvemos al régimen anterior. Si actuamos de buena fe, nos llevamos bien. Respecto a la Justicia el vínculo es igual al de ahora. Volveremos al sistema de 2018. El espionaje no entra nunca en las tareas de inteligencia.

El coordinador de inteligencia no tenía establecido ningún tipo de límite ni procedimiento. Era muy complejo porque no se tenía una norma para establecer la forma. Todo tiene que estar muy bien reglamentado para que funcione bien. Un director de inteligencia no tiene que estar en el informativo.

Temáticas de trabajo

Crimen organizado, terrorismo, trata y tráfico de personas. El terrorismo siempre está la hipótesis no descartada. No hay ninguna luz roja en el tablero, pero lo sabemos porque estamos monitoreando permanentemente. Intercambiamos mucha información con otros países. La tarea de inteligencia se parece mucho a la actividad bancara: confianza, perseverancia.

Tenemos la obligación de estar al tanto de cualquier amenaza al estado de derecho. Lo tomamos muy en serio y nos tomamos muy en serio de no meternos en la competencia política. Si estuviéramos al tanto de alguna tarea de espionaje a nuestro país sería gravísimo.

Hay una transformación radical en el mundo de la información. El problema es procesar y trabajar a tiempo la información dentro de un océano. Las fuentes abiertas te blindan una actividad dentro de lo legal. Es un desafío tener mejor tecnología para tener acceso a esas fuentes abiertas. Tenemos una muy buena capacidad humana y hay buenos recursos. Naturalmente que la capacitación es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Con una buena inversión podríamos mejorarlo. El Guardián en su momento era una herramienta con potencia y luego el avance de la tecnología lo ha dejado más rezagado. Hoy el Estado tiene la necesidad de actualizarlo. Hemos dicho que Uruguay tiene que hacer una actualización de ciertos recursos tecnológicos para prevenir y combatir mejor el crimen.

Hacemos un seguimiento en todos los temas fundamentales. Estamos en toda la cancha 24 horas todos los días de año. El narcotráfico nos ocupa muchísimo. La trata y tráfico de personas también. En la región tenemos amenas que son importantes. Tengo mi satisfacción de cómo ha ido evolucionado el vínculo con los ministerios. Necesitamos mucha capacitación y sensibilidad en el tema trata de personas. No es solo una cuestión de intereses de personas. Uruguay tiene la necesidad de trabajar mucho en este tema. Apostamos a que Uruguay tenga una masa de especialistas. Queremos que Uruguay trabaje muy bien con todas las universidades para abrir la inteligencia al conocimiento de las personas.


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