El diputado colorado Gustavo Zubía reflotó su idea reformular la Fiscalía General de la Nación. El legislador plantea que sea dirigida por un triunvirato, lo que implicaría crear un directorio de tres miembros que requerirían de la venia del Senado. Ante el planteamiento, Santiago Pereira Campos expresó que "es bastante excepcional imaginar una fiscalía general con una organización colegiada como la que se propone". Por otro lado, Pereira Campos también habló sobre los recursos de fiscalía, los cuestionamientos hacia los fiscales y los procesos abreviados.
Zubía explicó a La Diaria que, en su planteo, el fiscal de Corte mantendría la competencia “en las funciones jurisdiccionales; es decir, en la representación que tiene ante la Suprema Corte de Justicia”, pero compartiría las potestades en la fase administrativa, en lo que respecta a “traslados, concursos, sumarios, sanciones e instrucciones generales”.
El proyecto surgió a partir de los cuestionamientos de Zubía al rol que han adquirido los fiscales y la Fiscalía General de la Nación.
¿Cómo funcionan las fiscalías en el resto del mundo? ¿Qué antecedentes hay de este tipo de iniciativas? Recibimos al profesor titular de Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo, Santiago Pereira Campos.
Tarea de la Fiscalía de Corte
Es bastante excepcional imaginar una fiscalía general con una organización colegiada como la que se propone. No conozco experiencias en el mundo donde esto se haya llevado a la práctica con ese enfoque general. Hay una experiencia, ejemplo como República Dominicana, que lo que tiene es como una división entre lo que son las facultades de tipo administrativo en la designación de los fiscales, la potestad sancionatoria, pero siempre la decisión sobre la función principal de la fiscalía que es la dirigir la investigación de los delitos, definir estrategias, pautas o criterios de selección de qué delito priorizar para perseguir porque todos sabemos que los recursos son escasos y las necesidades limitadas. Estas cuestiones suelen estar concentradas en un Fiscal General porque la idea de la fiscalía es esta idea de verticalidad. Imaginémonos si tenemos que discutir en un colegiado si vamos a darle prioridad perseguir a un determinado tipo de delito y el que vota en minoría se decide no perseguir esos delitos. Eso rompería la lógica de la fiscalía. Lo que sí existe es la posibilidad de dividir las funciones por un lado directamente de la investigación penal y por otro lado algunas funciones de tipo administrativo que tiene que ver como por ejemplo con la designación de los fiscales.
En casi todas las partes del mundo, en este momento se manejan de una manera concentrada en un fiscal general, pero creo que ahí es donde puede haber un margen posible por lo menos de la experiencia comparada. Es muy interesante esta discusión porque hace dos meses en Chile, que están redactando la nueva constitución, se discutió esto y en la pequeña comisión que se dedicaba a los temas de justicia se tomó la decisión de hacer una fiscalía colegiada, cuando fue al plenario no hubo voto suficientes por lo tanto se volvió atrás. Fue muy interesante, tuve la oportunidad de participar, hubo un debate muy amplio sobre eso y la conclusión iba por esta línea; primero no tenemos experiencias si esto puede funcionar, eso no debiera ser un argumento suficiente, no a priori, pero no hay experiencias. Segundo lugar, esta idea de que yo tenga un fiscal general de que alguna manera realiza estas actividades y rinde cuentas. Imaginemos la Rendición de cuentas de la minoría en este tipo de decisiones. Aquí la idea central me parece que es de cómo ha sido diseñada evolutivamente las fiscalías en el mundo, es decir, un fiscal general que se encarga de la dirección de estas cuestiones respetando la autonomía técnica de cada fiscal porque ustedes saben que el fiscal general no puede dar instrucciones sobre un caso concreto. El fiscal general no le puede decir al fiscal encargado del caso que haga esto o haga aquello, está totalmente prohibido.
El rol que cumple el fiscal de corte
Cuando se pasa de un sistema como el nuestro, inquisitivo, a un sistema adversarial, el fiscal adquiere primero un protagonismo público que no existía y por otro lado hay una fuerte concentración en la fiscalía. Ahora la esencia es el control que se da entre los poderes. Justamente tenemos un sistema donde hay intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y por lo tanto esas intervenciones debiera manejar los equilibrios para que si el fiscal genera una vez que cumple su mandato no ha sido suficiente, se rendirá cuentas o hay un proceso de destitución si hubiera disconformidad.
Creo que en ningún caso un colegiado puede partir de la base de representaciones políticos. Eso sería politizar el sistema de justicia de una manera que me parece inadmisible. Si nosotros llevamos a un organismo que nada más ni nada menos determina la persecución criminal y lo politizamos, vamos afectar gravemente a uno de los valores que tiene Uruguay en el mundo que son los altos estándares de independencia judicial, de baja corrupción en el sistema de justicia. Eso sería un gran error.
Aquí hay una importante responsabilidad del sistema político porque nuestro sistema constitucional es muy inteligente al pedir una mayoría especial porque justamente lo que etsá pensando es que el sistema político elija al candidato por sus cualidades técnicas y no por una razón política.
De hecho, si ustedes ven la designación de los ministros en la Suprema Corte de Justicia, lo que ha ocurrido durante los últimos periodos donde no se ha logrado ese acuerdo, creo que le hace un daño al sistema político porque creo que una tradición de Uruguay de que los políticos se ponían de acuerdo con determinadas personas más allá de su origen política. Esto cambia la fisionomía del debate público.
Cuestionamientos a los fiscales
En primer lugar estoy absolutamente en contra de ese tipo de reforma legislativa por parte de Cabildo Abierto, porque nuestro sistema ya contempla la responsabilidad penal, civil y administrativa de los fiscales. Si le agregáramos un plus que es lo que pretende esta norma, lo que estamos haciendo es colocar sobre los fiscales una presión que me parece indebida.
Con respecto a los cuestionamientos hacia los fiscales, tenemos que tener en cuenta que cuando pasamos de un sistema al otro pasamos a ver qué es lo que hacían los fiscales. En el sistema anterior era de una oscuridad absoluta, nadie sabía lo que hacía el fiscal, nadie tenía idea de su tarea. Hay muchas cuestiones que tienen que mejorar, pero actúan con transparencia. Hoy en sus errores y en sus aciertos, la sociedad puede ver qué es lo que están haciendo y por lo tanto cuestionarlos cuando el sistema anterior era totalmente oscuro para verificar esas cuestiones.
Hay que mejorar la cantidad de recursos y organización para la persecución criminal. Otro gran tema es el tema carcelario. El tema carcelario puede tener dos enfoques, el de derechos humanos y hay personas que critican ese enfoque, pero hay que pensar que la gente que está presa algún día va salir, entonces ahí viene un segundo enfoque que es el enfoque de trasmitirle a la sociedad que si no trabajamos en rehabilitación va ser muchísimo peor, salvo que tengamos un sistema de pena de muerte o de prisión sine die que creo que nuestro sistema no lo permite ni lo aceptaría jamás, tenemos que aceptar esa realidad. El tercer tipo de problema es que hay que hacer un tipo de ajustes legales también para mejorar temas como el proceso abreviado que ha sido tan discutido.
Si uno mira en lo que ocurre en la región creo que hay una mayor politización de la fiscalías y por lo tanto hay una aceptación en algunos países de esta cuestión de la incidencia del fiscal general sobre un caso concreto. Creo que en Uruguay eso no ocurre, está totalmente prohibido. Además, creo que hay un gran respeto por esta idea de la autonomía técnica de los fiscales, que me parece que es esencial por otra parte.
Juicios abreviados
Hay que partir primero de una realidad de por qué existe el juicio abreviado. El juicio abreviado tiene defensores y detractores, pero en cualquier caso podríamos decir que aún para un grupo importante de detractores es una necesidad, una necesidad porque no podemos llevar todo a juicio oral. Si tenemos un sistema de justicia que intenta llevar todo a juicio oral, colapsaría absolutamente el sistema. Algunos lo ven como un instrumento muy útil, eficiente y adecuado a la política criminal y otros lo ven como un mal necesario. En cualquiera de los dos caminos terminamos con un sistema de estas característica tiene que tener un instrumento como el proceso abreviado. Tenemos que darle prioridad hacia dónde vamos al juicio oral, en qué casos tenemos el juicio oral. Segundo tema esta cómo hacemos ese juicio abreviado, cuáles son sus características. Juicio abreviado parte de la base de que aceptas la responsabilidad y tenés una reducción de la pena. Hay que tener en cuenta si reducimos la cantidad de delitos en el proceso abreviado. En las reformas se han ido de alguna manera acotando, ahí hay un tema para discutir. El segundo objeto de debate es ponerle un requisito más al proceso abreviado, si es suficiente el reconocimiento de la responsabilidad y qué garantías le damos al imputado para que el reconocimiento sea consiente. A veces es una cuestión de implementación en la práctica, de cómo se realiza. Me animaría decir que en un altísimo porcentaje de los casos abreviados hay un reconocimiento de responsabilidad porque la persona está convencida de que cometió el delito y quiere obtener una reducción de la pena. Creo que eso pasa en un alto porcentaje de los casos. Lo que ocurre que siempre estamos mirando y es lógico de toda sociedad los casos que son patológicos. Este argumento de que la persona en realidad estuvo absolutamente cuando tiene un abogado que lo defiende, me parece que allí hay un cortocircuito en la comunicación y cada uno hace su juego o plantea sus cuestiones de manera mediática, como le parezca más estratégico en defensa de su cliente. A veces ocurre que cuando hay un problema modificamos la ley pensando que la ley soluciona todos los problemas y la verdad creo que en materia de justicia tiene mucho más que ver cómo esta implementado un sistema que cómo está implementado. Esa costumbre en Uruguay de que hay un problema modifiquemos la ley, pensando que la ley cambia culturas y conductas.
Defensoría pública
Sueño con un sistema de justicia penal que la fiscalía sea absolutamente independiente de los tres poderes, o sea, no un servicio descentralizado como el de hoy, sino que esté fuera de los tres poderes y que la defensoría pública esté fuera de los tres poderes. Ese me parece que es el sistema ideal.
Comentaba con un amigo de que llegó el tiempo de la defensoría pública. Me parece que ha sido la gran oleada de este proceso. Hubo que fortalecer la fiscalía, eso se logró, y ahora necesitamos trabajar en la independencia de los tres poderes de la defensa pública y dotarla de recursos porque la defensa pública tiene que tener sus posibilidades de investigación, tiene que tener una cantidad de casos razonables de acuerdo a lo que un defensor público puede llevar adelante. No nos olvidemos que la mayoría de los casos en el Uruguay son casos llevados por defensores públicos. Los casos por defensores privados que vemos en la televisión son muy pocos. Las garantías para las personas que están sometidas a un proceso penal provienen en gran medida de la defensoría pública, que con los pocos recursos que tiene hacen un trabajo increíble, pero que necesitamos fortalecer. Para fortalecerla en primer lugar hay un diseño institucional, la primer decisión que creo que hay que tomar es crear la defensoría pública como una institución independiente de los tres poderes y por otro lado mejorar el tema de recursos para que puedan tener los recursos necesarios para la investigación. Creo que la separación no es lo más caro porque en realidad el número de personas siguen siendo las mismas, el problema está en dotarla de recursos precisamente la realización de la investigación de un modo adecuado y tener un número de defensores razonables. Un ambiente adecuado para la persona que se acerca a la defensoría. No nos olvidemos tampoco de que hacen un trabajo increíble con las víctimas.
Acumulación de casos
Hay mucho para reforzar, tanto en tener más fiscales que puedan atender un número razonables de casos como hay que hacer una enorme inversión en tecnología. La persecución penal es cada vez más tecnológica. En países desarrollados todo pasa por la tecnología a través de mecanismos que permitan orientarnos hacia perseguir, no un delito, sino un sector de delitos que se da en determinados ámbitos. Necesitamos una inversión muy fuerte en tecnología, además de aumentar la cantidad de fiscales que puedan atender un número razonables de casos.
Falta de recursos
El rol del fiscal en un proceso de estas características, implica que necesitamos más cantidades de fiscales y probablemente menos cantidad de jueces. Hay un número insuficiente de fiscales y por otro lado se tuvo que hacer una gran inversión en capacitación, porque cambiar de un sistema a otro, tanto para fiscales como jueces era cambiar el chip y ponerse absolutamente en otra posición.
Se ha avanzado mucho en técnicas de litigación, un tema clave durante el proceso penal, pero se requiere mayor inversión en capacitación en tecnología y en número de fiscales.
En todas las partes del mundo el Poder Judicial está en la lupa cuando aparecen en escena actores políticos. El sistema político suele preocuparse poco del sistema judicial, salvo cuando hay una persona perteneciente al sistema político que está en el ojo de la mira. Esto es una realidad. Acá se necesita un compromiso fuerte del sistema político en temas centrales que tiene que ver con la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la designación del fiscal general, por otro lado se necesita fortalecer la independencia del Poder Judicial desde el punto de vista presupuestal, algo de lo que nadie habla es que todo los años el Poder Judicial va pedir recursos y generalmente hay una negativa o es muy poquito de lo que se da. El presupuesto del Poder Judicial es mínimo en la estructura del Estado.
