El abogado Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, descartó que el sistema judicial esté actuando de forma vengativa con los militares condenados por violaciones de DDHH y pronosticó que la Ley de Caducidad no será aprobada.
Restablecer los efectos jurídicos de la ley de caducidad podría significar para Uruguay enfrentarse a “todo el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”. Al menos eso es lo que piensa el coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu Pablo Chargoñia que lleva adelante algunas de las denuncias vinculadas a violaciones de los DDHH durante la dictadura. ¿Qué rol ha jugado la ley 18.831 que Manini Ríos propuso derogar?
Se creó el Observatorio Luz Ibarburu en 2012 para hacer un seguimiento del cumplimiento del caso Gelman. En 2015 se incorporó un equipo de abogados que patrocinan 60 de esas causas de la dictadura.
Hay que establecer que la CIDH declaró que carece de efecto jurídico la Ley de Caducidad porque contradice el pacto de San José, porque las personas no tuvieron un amparo judicial. La sentencia dice que se tiene que investigar. Después se abrió un debate complejo: era la primera vez que Uruguay se enfrentaba a eso. Unos sostenían que no se tenía que legislar. Otras posiciones sostenían sostenían que se requería una ley que los apoyara. La posición de la sociedad civil no apoyaba esta idea. Lo que tenemos es una sentencia que se tiene que cumplir. Lo que está en debate no es el problema de prescripción sí o no. Lo que quiere hacer el senador de CA es una amnistía encubierta.
El problema con estos planteos es que el derecho lo hace terminar en fronteras nacionales. Esto ha tomado un proceso de internacionalización. Los estados nacionales se vuelven guaridas de genocidas. Han sido las cortes internacionales los lugares donde se ha debatido. Ha habido un proceso de la relativización de la soberanía nacional en beneficio de la comunidad humana. De ahí los tratados internacionales.
El Estado no puede hacer cualquier cosa: no puede torturar, tampoco puede perdonar a los torturadores y desaparecedores porque afecta el interés de la humanidad.
Garantías
Cuando se reclama el juzgamiento es en el marco de las garantías del debido proceso.
El propio sistema se encarga de resolverlo. Ahí está la instancia de cuestionar la decisión ante un Tribunal de Apelaciones. Sé que repiten el caso de Juan Carlos Gómez más procesado. Los jueces han procesado, los tribunales lo han confirmado y algunas veces la SCJ lo ratificó.
Pendientes hay entre 50 y 60 pedidos de procesamiento. Esos individuos los tienen es porque hay evidencia de participación en torturas y asesinatos. Lo que formaron parte del terrorismo de Estado son centenares.
No hay una lista de torturados, pero un referente es 7.000 que fueron sometidos a la “justicia militar”. Los funcionarios estatales torturaron a 10.000 individuos.
Estamos en 2020 entonces muchos de estos responsables no están y no comparecieron ante tribunales.
Conozco el aparato terrorista del Estado. Es el propio Estado como organización criminal.
Voy a usar un ejemplo que usa Manini Ríos, el de Rodolfo Álvarez: era un juez sumariante, hijo de Artigas Álvarez. Iban a tu casa, te encapuchaban, te llevaban a un lugar que la dictadura consideraba clandestino para evitar el control de la prensa internacional. Te desnudaban, te colgaban, te picaneaban, te sumergían la cabeza en el submarino, te aplicaban el caballete, cosas que hacían en La Tablada. La familia preguntaba por vos y decían que había autos viejos y chatarra. Todo eso se transformaba en un acta que te hacían firmar. A eso le llamaban justicia militar. Y el juez que firmaba contigo, tu mano temblorosa porque te acababan de torturar y sobreviviste, ese es Álvarez, quien está siendo defendido por el senador de CA.
No son situaciones de chivos expiatorios de ninguna manera, insisto.
Falta de pruebas
Decir que la justicia se volvió en venganza es una afirmación temeraria de Azucena Berruti que demuestra desconocimiento de los juzgados. La prueba de cargo es de los sobrevivientes. Decir hoy que se está juzgando vengativamente no solo es una ofensa al sistema de Justicia, porque tratan a los jueces de imbéciles, sino que es una grave ofensa al dolor que soportan hombres y mujeres que tienen que revivir lo que pasó. Los he visto llorando en las audiencias judiciales porque reviven.
Mi pronóstico es que no será aprobada. Me apoyo en lo que dice Risso, porque Uruguay quedaría muy mal parado en la comunidad internacional. No me veo al canciller Bustillo mandando a Abdala a que explique por qué Uruguay no adhirió.
Si se volviese a establecer la Ley de Caducidad, la SCJ la declarará inconstitucional. Si se sancionara se tacharía de inconstitucional porque es violatoria del principio de separación de poderes y además porque nuestra Constitución respalda los derechos humanos. No se puede habilitar amnistía a crímenes internacionales.
