Las instituciones médicas mantuvieron la semana pasada una reunión con el Ministerio de Salud Pública para plantear una serie de problemáticas relativas al Sistema Nacional Integrado de Salud. El principal asunto fue que tras la pandemia creció la demanda de los usuarios por estudios clínicos, lo que aumenta los tiempos de espera y los costos de las mutualistas.
Para hablar al respecto, recibimos al asesor de la coordinadora de Instituciones Médicas, Daniel Porcaro.
Dialogamos con la directora del BPS y con el vocero de la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud: “Al día de hoy, no hay ningún funcionario del BPS involucrado”, dijo la jerarca.
La estafa millonaria al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) sigue sumando personas involucradas y procesadas por la Justicia, mientras continúan las indagatorias.
¿Qué responsabilidad tienen las mutualistas en todo esto? ¿Cómo ven que a partir de esto se quiera hacer cambios a los procedimientos que usan para captar afiliados? Hablamos con el vocero de la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud, Daniel Porcaro.
Es un hecho desgraciado, sobre todo en el aspecto del volumen de la estafa. La población está siendo vulnerada en sus derechos. Y también por la maniobra que se realiza en perjuicio del Fonasa.
El delito de intermediación lucrativa está vigente en el país desde hace quince años: el fenómeno es anterior. Las instituciones tienen sistemas de control interno. La parte comercial, que tiene un sueldo fijo y una comisión… es ahí donde pueden presentarse los mayores problemas de control. Hay controles, claro que los hay.
Hay 43 empresas de salud. Todas tienen un departamento comercial u alguien que afilia a los clientes. Cada una tiene un tamaño y una complejidad. En algunas están adentro esos departamentos, otras los tercerizan. En los casos que se tercerizan, hay menos control.
Cuando se hacen esos contratos, se establece qué cosas se pueden hacer y qué no. La ley dice que si se hace intermediación lucrativa, hay penas de prisión y multas. La responsabilidad de la intermediación lucrativa es de quien la hace. La intermediación es que quien hace la labor y está enfrente al posible afiliado le pague o le incentive de determinada manera para afiliarse.
¿Eliminar el corralito? ¿Eliminar las intermediaciones?
Son cuestiones que no tienen una relación directa. Uno es el delito de intermediación lucrativa. Después hay una estafa, que es crear las sociedades fantasmas. La relación está en que hay un período de tiempo, que es el corralito, que tiene una razón de ser, y que se mantiene hasta el momento. El delito surge en ese momento porque toda la movilidad del sistema se concentra en febrero, que tiene explicaciones de concentrarse ahí.
El corralito tiene explicaciones de estabilidad asistencial para el usuario, para que no esté cambiándose constantemente, que el paciente tenga un médico de referencia, que tiene una historia clínica que no está en vía electrónica. El corralito asegura en esos tres años una estabilidad en la estructura del padrón de las instituciones muy importante. Las políticas de las empresas se hacen sobre cierta estabilidad en los padrones.
La devolución del dinero es un aspecto sumamente discutible. Lo que ha aparecido en la Justicia son procesados por el delito de intermediación lucrativa.
Cualquier directivo que estaba en esta maniobra sabe que si está involucrado… es gravísimo.
La postura del Banco de Previsión Social: hablamos con Rosario Oiz, directora del BPS
Nosotros explicamos en el Parlamento, cuando estuvimos en la Comisión de Salud, que nosotros nos visualizábamos el momento de la denuncia como una demora. El proceso es inverso al que hizo la jueza. Nosotros detectamos una conducta irregular o diferente en un contribuyente y empezamos a hacer las investigaciones. De esa investigación surgió una maniobra contra el BPS y el Fonasa, que significaba que una empresa constituida regularmente inscribiera a una persona como funcionaria propia, que en realidad no desarrollaba tareas. Pero al ser inscripto como personal de una empresa, empieza a generar derechos como cualquier trabajador. Parte de esos derechos significan los derechos asistenciales de salud. Y eso implica el pago por parte del Fonasa a un prestador de salud elegido por el trabajador.
Este proceso no es fácil. Necesita de muchos controles y verificaciones.
Aseguré y aseguro que de la investigación que hace el BPS, la investigación judicial y la policial, al día de hoy no hay ningún funcionario del BPS involucrado en la maniobra: están en curso, no sé qué puede pasar más adelante. No tenemos registro de que ningún funcionario tenga vínculos con las personas involucradas en la maniobra.
