Bolsonaro respalda a ministro criticado por evocar decreto de la dictadura: "No veo ningún problema"

"No veo por qué tanta presión a causa de eso", afirmó Bolsonaro.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó no tener "ningún problema" en que su ministro de Economía, Paulo Guedes, evocara la posibilidad de reeditar en caso de revueltas populares un decreto de la dictadura militar (1964-1985) que eliminó garantías constitucionales.

Bolsonaro reconoció en una entrevista con la cadena de televisión Record el lunes por la noche que le "pidieron la cabeza de Paulo Guedes" por haber mencionado el AI-5 (Acta Institucional número 5), que en 1968 cerró el Congreso y suprimió numerosas garantías constitucionales.

"No veo por qué tanta presión a causa de eso", afirmó Bolsonaro.

"Citar el AI-5, que existía en la Constitución pasada, no veo en eso ningún problema", agregó.

Guedes evocó hace una semana en una rueda de prensa en Estados Unidos la posibilidad de reeditar ese decreto, en caso de que la ola de descontento social en otros países de América Latina llegara a Brasil y los brasileños saliesen a "destruir las calles".

Por temor de disturbios, Bolsonaro le pidió incluso al ministro moderar el ritmo de ciertas reformas promercado.

La declaración de Guedes fue criticada por líderes del Legislativo y del poder Judicial, entre otros.

Antes de Guedes, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, había afirmado que el AI-5 podría ser una herramienta del gobierno para responder a una supuesta radicalización de la izquierda.

Para Bolsonaro, tanto su hijo como Guedes hablaron "en un contexto de que Brasil degenere para algo parecido como el terrorismo como ocurrió en Chile", según su definición de los enfrentamientos acaecidos durante las protestas en ese país.

Bolsonaro dijo en la entrevista que su mayor acierto en su primer año de gobierno fue la elección de sus ministros, y sostuvo que no cometió ningún error en los once meses que lleva al frente del Ejecutivo. "No vi errores en el gobierno; si tuvimos, fueron pequeñas fallas, uno se disculpa y sigue", declaró.

(AFP)

Gobierno prohibió por decreto las carreras de perros y envió un proyecto al Parlamento para que la decisión se transforme en ley

La fundamentación señala que es una actividad ilegal, que provoca sufrimiento de los animales y promueve apuestas clandestinas.

Las carreras de galgos son frecuentes en algunas zonas de Uruguay. La mayoría de los países del mundo han prohibido esa práctica.

Por eso, el presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley que prohíbe carreras de perros de cualquier raza.

Sostiene que los animales son sometidos a un entrenamiento feroz que incluye la utilización de drogas y esteroides, y que termina en el abandono o la muerte cuando los resultados en la competencia no son los esperados.

Lo que sostiene la Secretaría Nacional de Deportes es que las carreras de perros no son una práctica deportiva porque no tiene como protagonista al ser humano, ni siquiera como conductor del animal.

Las mutualistas de Montevideo evalúan qué medidas tomar tras conocerse el decreto que cierra el corralito hasta 2020

La decisión del Ejecutivo afecta la captación de nuevos socios, pero también la proyección de las propias instituciones que se sienten restringidas.

Las mutualistas de Montevideo no salen del estupor y la sorpresa por la marcha atrás del Gobierno en la apertura del corralito mutual, según aseguraron a Telemundo fuentes del sector.

Ya había iniciado los trámites para adquirir los 700 post de huella digital y georeferenciados que serían parte del nuevo sistema de corroboración de la identidad de los usuarios, además de la ubicación en la mutualista al momento de hacer el cambio.

No solo eso, señalan, recién culminaron con la firma de los convenios salariales que se negociaron con la convicción confirmada por el Ministerio de Salud Pública de que el corralito se abriría.

En este escenario las diferentes instituciones están estudiando qué medidas tomar ya que la decisión impacta de forma diferente a cada uno, pero en líneas generales afecta a todas en limitar la libre competencia.

Apuntan además de la falta de apertura del corralito que se acarrea desde el año pasado ya impacto en las instituciones de Montevideo donde se registraron 12.000 afiliaciones menos.

A tres meses del decreto de entintado obligatorio en los cajeros, el gobierno aún no hizo el instructivo encargado por el presidente Vázquez

Por eso el plazo de 90 días para cumplir la medida aún no empezó a correr. El BCU, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior trabajan en la redacción del texto.

El decreto n° 214/018 promulgado el 26 de julio, obliga a las empresas de intermediación financiera a instalar en los cajeros automáticos un sistema de seguridad con entintado.

La decisión se tomó tras los reiterados robos con explosivos a cajeros que comenzaron en setiembre de 2017, dado que esta medida ha sido efectiva en otros países en donde se produjeron estos ataques.

El decreto en su artículo 2, establece que  el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay proyectarán un instructivo para determinar las características que deberán cumplir los sistemas de seguridad a ser utilizados, el que será sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo.

El instructivo establecerá criterios para la determinación de los cajeros más expuestos a conductas criminales, los que deberán incorporar en un plazo de 90 días, a partir de la aprobación del instructivo.

El tema es que el instructivo aún no se terminó de redactar, por lo que no está corriendo el plazo de 90 días.

Tanto Banred como Redbrou han procedido a instalar el sistema de entintado como medida de seguridad pero sin tener en cuenta este plazo que aún no comenzó a correr.

En total desde que comenzó esta modalidad 62 cajeros han sido explotados en distintos puntos del país. En 23 de los casos los ladrones lograron llevarse el dinero.

En este tiempo 12 personas fueron condenadas por estos delitos y otras 7 están formalizadas.

La industria deberá reducir la presencia de grasas trans en los alimentos

El Gobierno busca disminuir la presencia de grasas trans en la producción industrial de alimentos.

El Gobierno busca disminuir la presencia de grasas trans en la producción industrial de alimentos, porque su consumo aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardio y cerebrovasculares.

Según un decreto presentado por Presidencia de la República, al que accedió Telemundo, la industria tendrá que modificar su presencia en los alimentos.

En la normativa reconocen que en Uruguay no está limitado el contenido de ácidos grasos trans y “productos que contienen altos niveles están disponibles en el mercado”.

En un plazo máximo de 18 meses las grasas trans no podrán superar el 2% del contenido total de grasas en aceites vegetales y margarinas, destinadas al consumo directo. En el caso del resto de los alimentos, el porcentaje de grasas trans no deberá ser mayor al 5%.

La disminución será progresiva. En cuatro años el contenido de grasas trans en los alimentos no podrá ser mayor al 2% del total de grasa. Y en caso de incumplir la normativa, las industrias serán sancionadas.

El decreto alcanza tanto quienes elaboran alimentos en el territorio nacional como a los importadores.

Vázquez firmó el decreto que obliga a jerarcas de la administración central a rendir viáticos

Tendrán un plazo máximo de diez días luego del retorno para hacerlo.

El presidente anunció el decreto después que Raúl Sendic renunció a la vicepresidencia señalado por el uso a las tarjetas corporativas de Ancap. El decreto establece que le dinero sobrante de las misiones oficiales debe devolverse en un plazo máximo de diez días.

Abarca al presidente, vicepresidente, ministros y subsecretarios, secretario y prosecretario de Presidencia, directores y subdirectores de la OPP y de la Oficina de Servicio Civil y otros cargos de la administración central. La Contaduría de la Nación redactará un instructivo para rendir gastos.

Además exhorta a los entes y servicios descentralizados a adoptar las mismas disposiciones del decreto.

"Todos los ministros estamos firmando este decreto que nos parece muy a tono con lo que el presidente de la República y este gobierno trata de hacer con los dineros públicos y los procedimientos para dar cuenta de su utilización", explicó Jorge Menéndez, ministro de Defensa.

Vázquez decretó que los contratistas no puedan apropiarse del pase de los jugadores

Los clubes que quieran transferir deportistas deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría Nacional del Deporte.

Este miércoles el presidente Tabaré Vázquez decretó una serie de cambios para los negocios en el fútbol a nivel nacional e internacional.

El cambio principal consiste en que los futbolistas no pertenezcan a contratistas. Las instituciones no podrán ceder los derechos de los deportistas a personas físicas o a otras instituciones sin personería jurídica.

En caso de violar la norma, las sanciones podrán ser de apercibimiento o multa de unas 4.000 UR.

Previo a cada transferencia, los clubes deberán presentar sus balances a la Secretaría Nacional del Deporte durante los 90 días posteriores a su aprobación en asamblea.

El decreto completo firmado por el presidente de la República:

Proponen un decreto en Colonia para que los inspectores de Tránsito no cobren un porcentaje por las multas aplicadas

Colonia tiene un artículo presupuestal que asigna un 20 % de lo recaudado por multas a un fondo para inspectores.

La iniciativa es del edil colorado Martín Pérez. Propone un decreto departamental de un solo artículo para que en ningún caso los inspectores de Tránsito cobren un porcentaje o compensación en relación a las multas que aplican.

El artículo 54 del Presupuesto de Colonia establece que un 20 % de lo recaudado por infracciones de tránsito se destine a un fondo para ser distribuido entre el cuerpo de inspectores.

Según el edil, el artículo hace que el inspector deje de ser imparcial porque se beneficia de la multa.

La iniciativa que propone requiere un respaldo del 15 % del padrón electoral de Colonia, unas 15.000 firmas que luego deberán ser validadas por la Junta Electoral de Colonia y después serán derivadas a la Junta Departamental. Los ediles podrán aprobar el proyecto o llamar a una consulta popular.

1.000 personas marcharon en rechazo del decreto que impide cortes en las calles

Telemundo estuvo en la calle para seguir de cerca la manifestación contra la norma.

Unas 1.000 personas marcharon desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Torre Ejecutiva y leyeron una proclama contra el decreto que impide cortar calles y rutas en manifestación.

La marcha fue convocada por ADES, gremios estudiantiles y funcionarios del Hospital de Clínicas. El lema de la movilización fue “No al decreto reaccionario, las calles son del pueblo. Menos presupuesto para la represión, más para la educación”.

ades

FOTO: SITIO WEB ADES

Nueve sindicatos presentaron un recurso administrativo contra el decreto que levanta cortes de rutas

Los trabajadores consideran que "se violan derechos fundamentales consagrados en normativas internacionales".

Nueve sindicatos presentaron un recurso administrativo contra el decreto del gobierno de la semana pasada, que  habilita a la Policía a actuar para “preservar el uso público de calles, caminos o carreteras”.

Los gremios de los funcionarios del Estado, Secundaria, ferroviarios, postales, gastronómicos, funcionarios de la Universidad, municipales y funcionarios del CODICEN solicitaron que se suspenda la ejecución hasta que se expida el tribunal.

Para los trabajadores, el decreto los agravia y es inconstitucional porque se violan derechos fundamentales consagrados en normativas internacionales.

Entre ellos, se viola el derecho a la protesta social, “que es una conjunción del derecho de libertad de expresión y el derecho de reunión”, sostiene el recurso.

Además, consideran que el decreto desconoce y desmantela los derechos al darle a los Ministerios del Interior y de Defensa, una “exorbitante e ilegítima discrecionalidad para reprimir derechos humanos de la máxima protección jurídica”.

Plantea que es “penoso considerar que un problema de tránsito o seguridad vial”, esté por encima del derecho de protesta.

Por eso, los sindicatos afirman en el recurso que el decreto “despoja a los sectores económica y socialmente más vulnerables de nuestra sociedad del único medio efectivo para garantizar el ejercicio de sus derechos”.

Se concentrarán este jueves frente a Torre Ejecutiva a protestar.

PIT-CNT evalúa como "innecesario e inoportuno" decreto que autoriza a la Policía a dispersar piquetes sin autorización judicial

Repasamos los detalles del decreto “antipiquetes”.

El Secretariado Ejecutivo de la central sindical se reunió este martes junto a varios representantes sindicales con el foco puesto en analizar el decreto del Poder Ejecutivo que busca evitar la formación de piquetes.

Desde la central obrera consideran que el decreto coarta la libertad y el derecho de huelga. Además, entienden que es un decreto que no está del todo claro. En esta línea, buscarán hablar con representantes del Ejecutivo para intentar clarificar el sentido de la norma.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, definió el decreto como “inoportuno e innecesario”, porque considera que la anterior disposición ya regulaba la actividad en rutas y los posibles cortes.

El PIT-CNT pretende encontrar otro criterio y que lo habitual no sea la interrupción de las protestas. A continuación, los detalles del actual decreto.

En la reunión estuvo presente, además, el intendente de Montevideo, que fue convocado para hablar sobre el aumento del boleto: el jerarca comunal reiteró la promesa de que el último aumento será el único del 2017.

¿De qué se trata el decreto sobre la prohibición de cortes de rutas que firmó Vázquez?

Lo explica Martín Risso, profesor de derecho constitucional, en Telemundo.

El decreto que firmó Tabaré Vázquez indica que la Policía no necesitará una resolución judicial para poder dispersar un corte de ruta o en la circulación en las calles.  Martín Risso explicó que "prácticamente el decreto no innova en las competencias del Ministerio del Interior, que ya estaba obligado desde antes a hacer esto mismo".

"Quizá los dos únicos cambios que tenga este decreto sea facilitar la coordinación entre autoridades nacionales y fundamentalmente el artículo final que excluye de este sistema de desalojo a los piquetes que tengan relación con el derecho de huelga", explicó Risso. Además señaló que esto último es "una novedad y una situación que no se entiende demasiado".

Risso dijo que normalmente se esperaba la resolución judicial "pensando en no generar más problema del que había", pero aclaró que para liberar una ruta o una vía no se necesita autorización judical "sino que la Policía puede actuar directamente".

"Yo creo que este decreto sigue una vieja tradición que tiene muchas décadas en el Uruguay que es tomar decisiones extremas para este tipo de casos", sentenció el especialista en derecho constitucional.