La abogada de Rodrigo Blás sostiene que resolución de la DGI está plagada de vicios e irregularidades

La defensora afirmó que no vieron las pruebas y presentaron un nuevo recurso administrativo.

Susana Sotto, abogada de Rodrigo Blás, se refirió este lunes a resolución de la DGI, que concluyó que había evasión de impuestos en la venta de los terrenos a través de la inmobiliaria Blás Propiedades:

"La inmobiliaria Blás no tiene nada que ver en esta investigación. La sociedad propietaria de los terrenos propuso pagar varias veces, no fue aceptado por la DGI, y terminó pagando bajo protesta. Resaltamos muchos vicios que existieron durante el procedimiento. Existieron muchas irregularidades, se produjo prueba en desconocimiento de mi cliente. Este proceso recién está empezando para nosotros".

La DGI concluyó que había evasión de impuestos en la venta de los terrenos a través de la inmobiliaria Blás Propiedades

Todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas y además fueron denunciados por la DGI en la Justicia de Crimen Organizado.

En abril de 2014, la Dirección General Impositiva recibió de un procurador y militante frenteamplista del departamento la inquietud por irregularidades que le habían planteado algunos compradores de terrenos en el fraccionamiento Valle Di Saronno, propiedad de la empresa Javipark SA, informó entonces el semanario Brecha.

Desde entonces, la DGI investiga la maniobra y ahora concluyó que había evasión de impuestos en la venta de  los terrenos a través de la inmobiliaria Blás Propiedades, del dirigente herrerista Rodrigo Blás.

En el artículo “Las cuadernolas de Blás”, la publicación informó el viernes que por la defraudación tributaria, la DGI aplicó una multa de casi dos millones de dólares a Blás y también sancionó a cinco personas que colaboraron en la maniobra, entre los que están otro edil blanco y un exjerarca de la antigua Junta Anticorrupción.

La multa por defraudación equivale a cuatro veces el monto de los tributos defraudados.

De acuerdo a la resolución de la DGI a la que accedió Brecha, la maniobra era la siguiente: primero se emitía un boleto de reserva en el que figuraba el precio verdadero pactado entre las partes y por el que el comprador abonaba una seña; el día del otorgamiento de la escritura de compraventa se integraba parte del precio, hasta completar aproximadamente el 40 %; el saldo del 60 por ciento restante que quedaba a pagar en cuotas era el que figuraba como precio en la escritura.

Todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas desde setiembre de 2014, y además fueron denunciados por la DGI en la Justicia Penal especializada en Crimen Organizado.

La DGI multó por casi 2 millones de dólares por defraudación tributaria al expresidente del Partido Nacional en Maldonado, Rodrigo Blás

El dirigente pertenece al grupo Todos de Lacalle Pou. El senador anunció que el asunto será enviado a la comisión de ética del partido.

La Dirección de Rentas confirmó que el dirigente del Partido Nacional de Maldonado, Rodrigo Blás, utilizó su inmobiliaria (Blás Propiedades) para evadir parte de los impuestos correspondientes a la venta de terrenos, según informó el semanario Brecha.

Por esto, la DGI aplicó una multa de casi dos millones de dólares.

Blás pertenece al grupo Todos, su líder Lacalle Pou se pronunció sobre el caso.

Defraudación a la DGI: dueño de una avícola facturó 15.900 toneladas de granos que nunca compró

Las compras inventadas permitían a la avícola descontar impuestos.

Uno de los procesados por el caso de defraudación a la Dirección General Impositiva (DGI) con boletas falsas es el titular de una avícola, que facturó 15.900 toneladas de granos que nunca compró.

La estafa se constató al comparar la declaración de faena de aves al Ministerio de Ganadería con las boletas de compra de grano.

Según lo presentado al ministerio, el número de aves faenadas se mantenía estable desde 2011, pero la declaración de compra de maíz y soja había aumentado de manera inexplicable, según señala el auto de procesamiento.

La avícola “f” tenía boletas de compra de 5.390 toneladas a la empresa Armamel y 10.510 a productores la cosecha, lo que equivale a unos 567 camiones llenos.

Al indagar sobre las empresas productoras, el titular de la avícola solo pudo mencionar a un intermediario de la transacción, que a su vez no pudo dar datos de los representantes de estas compañías, salvo un nombre de alguien que resultó no existir.

Las compras inventadas permitían a la avícola descontar impuestos. Tanto el dueño de la avícola como el intermediario están ahora procesados sin prisión porque carecen de antecedentes, al igual que un gestor que también oficiaba como testaferro de sociedades anónimas falsas.

Los restantes procesados son los titulares de los estudios que creaban las empresas falsas y generaban las boletas truchas. Todos fueron procesados por un delito continuado de defraudación tributaria.