La siguieron, interceptaron su auto y la obligaron a abrir la caja fuerte de su trabajo

Ocurrió en Las Piedras, delincuentes armados se llevaron la recaudación de la caja fuerte de la empresa Compañía del Este utilizando la llave de una funcionaria.

Este viernes a las 7:30 de la mañana salía en auto desde su casa, y acompañada por su hija, la funcionaria que tiene las llaves del cofre de seguridad de la empresa Compañía del Este. Mientras circulaban en su auto, les fue interceptado el paso por otro vehículo. Se bajaron dos personas encapuchadas, con chalecos policiales y las obligaron a bajarse del vehículo diciéndoles que transportaban droga.

Las obligaron a subirse a su auto, las llevaron hasta las oficinas de Compañía del Este y se robaron el dinero de la recaudación. Mientras estaban en pleno robo llegó otra funcionaria a quien obligaron a tirarse al piso. Sin usar violencia se retiraron del lugar en otro vehículo. Las dos funcionarias y la niña de siete año se encuentran en buen estado y la Policía investiga el hecho.

 

La fiscal que pidió libertad vigilada para los agresores de un trabajador negro y discapacitado: "Influyó muchísimo que hayan asumido lo que hicieron"

"La víctima quería que no hiciéramos nada: la discriminación está oculta y muchos no la ven como tal porque la tienen naturalizada. Y como eso es aberrante, queríamos castigar esta situación".

La fiscal Mirta Morales explicó por qué pidió libertad vigilada para los hombres que le pegaron 37 cachetazos, ataron e insultaron a un compañero de trabajo afrodescendiente y con discapacidad intelectual. Muchos acusan a la fiscal de ser demasiado “benévola” al haber pedido de cuatro a seis meses de libertad vigilada.

¿En qué se basó su pedido? ¿Cómo fue el trabajo de la Fiscalía en este caso? ¿Qué se tuvo en cuenta? Abordamos el tema junto a la fiscal Morales.

Resolví venir a los medios porque estoy cansada de que siempre la culpa sea de otro. Asumo mi responsabilidad: tomé una decisión con conciencia y convicción.

Me parece que todos los que han hablado no tienen un conocimiento de causa en el caso. Tomamos conocimiento de este hecho y desde del primer momentos nos preocupó mucho. La Fiscalía ya no trabaja como antes: ahora somos un equipo entero de personas, de fiscales y otros técnicos.

Merecía una atención particular por el tipo de delito que podía ser, por lo que se puso en marcha todo un mecanismo de la Fiscalía. Inmediatamente se cita  a la víctima y a sus allegados, pero no se le hizo una entrevista fría, sino acompañado por psicólogos. Los fiscales somos humanos y también nos repugnan cosas que suceden.

Se ha hecho una lectura lineal y simplista del fallo. En los aspectos humanos, las situaciones siempre son mucho más ricas y complejas que lo que podría decir el Código. Yo como fiscal no le oculté ningún video al juez, y me cortaría las manos antes de ocultar una prueba: el juez no debe ver ese video porque él recibe información brindada por ambas partes del caso y luego resuelve.

En esta instancia, llegamos a un proceso abreviado, donde el juez debe analizar que lo que el fiscal vio y relata coincide con el delito que pide, y que la pena esté dentro de los márgenes legales. Además, que las personas que acepten la comisión de esos hechos acusados, lo hayan hecho de manera voluntaria, libre y asesorados por un abogado.

La víctima quería que no hiciéramos nada: pedía e imploraba por el perdón de quienes consideraba sus compañeros y amigos. Constatamos lo que intuíamos como personas: que en nuestro país existe la violencia racial, la discriminación, pero está oculta, y muchas veces hay personas que sin víctimas de este tipo de delito, pero no lo ven como tal porque tienen naturalizada estas agresiones. Y eso es aberrante.

Influyó muchísimo que ellos hayan asumido lo que hicieron.  Pero los condenamos, y eso es más grave que procesarlos. Hasta ahora no existen procesamientos o condenas por este delito.

Otra cosa que la Fiscalía tuvo en cuenta fue el tipo de delito: queríamos que esto fuera castigado, y que lo fuera por esta figura penal y no en juicio oral. Si nunca se pudo sancionar hasta ahora es porque es difícil de probar. Teníamos la necesidad de que esto fuera castigado.

Resolvimos también teniendo en cuenta las figuras de los imputados: hablamos de primarios, que nunca habían cometido un delito, por lo que legalmente tienen un atenuante. Y hablamos también de personas que admitieron lo que hicieron, algo que implica otro atenuante.

Soy humana y me puedo equivocar, pero lo hice con conciencia. Ir un paso más atrás era prácticamente la impunidad. Ir un paso más adelante era tal vez fantástico para mí, porque me hubiera lucido muchísimo como profesional, e implicaba la venganza.

Me pareció gravísimo que me dijeran que esto formaba parte de un juego, que ellos vean estas agresiones como un juego. Este tema merece un debate de calidad, y no sobre si la pena fue más o menos.


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“¿Qué nos pasa cuando nos divertimos maltratando y abusando de alguien? Y peor: lo grabamos y lo subimos con orgullo a las redes”

Suprema Corte de Justicia rechazó tres veces la inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones

Si bien la conformación de la Corte cambió y los ministros son otros, en todas las instancias los argumentos fueron los mismos.

La Suprema Corte de Justicia en tres oportunidades rechazó el recurso de inconstitucionalidad por el delito de abuso de funciones.

Si bien la conformación de la Corte cambió y los ministros son otros, en todas las instancias los argumentos fueron los mismos.

En 2014, los ministros de la Suprema Corte de Justicia rechazaron el recurso de inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones presentado por los entonces defensores del intendente de Colonia Walter Zimmer y otros jerarcas de esa comuna por maniobras irregulares en el empadronamiento de vehículos en ese departamento.

Ese año también por unanimidad los integrantes rechazaron otro recurso similar presentado por los defensores del exministro de Economía, Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco de la República, Fernando Calloia, en el caso de Pluna.

En ambos casos se basó en una sentencia de 2005 cuando los ministros de aquel entonces también rechazaron el recurso de inconstitucionalidad.
En la sentencia de 2005 sobre la constitucionalidad de la figura de abuso de funciones, redactada por el ex ministro Hipólito Rodríguez Caorsi, se reconoce que la figura tipificada en el artículo 162 del Código Penal es “genérica”.

Para fundar la constitucionalidad de la figura, la SCJ cita a Milton Cairoli, quien sostiene que el abuso de funciones protege “el normal funcionamiento de la Administración, que se ve amenazado cuando sus funcionarios no actúan moderadamente en el ejercicio de sus funciones”.

Dos exdirectores de Ancap presentaron inconstitucionalidad contra abuso de funciones

Se trata del abogado de Riet y Gómez.

La defensa de los dos exdirectores de Ancap presentó un delito de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones.

El abogado de Germán Riet y Juan Gómez dijo que cuatro de los cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia nunca se pronunciaron sobre el tema.

Riet y Gómez forman parte de la lista de nueve exjerarcas de Ancap para los cuales el fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento: los acusa del delito de abuso de funciones. “Un delito muy discutible”, sostiene el abogado.

“La doctrina ha entendido que es un delito que se debe derogar. Muchos académicos entienden que es inconstitucional porque es un delito abierto, en el que la figura no es exacta, por lo que se entra en una vaguedad tal que se deja al juez la interpretación de cuál es el abuso o la arbitrariedad que leva a la tipificación del delito”, afirmó el abogado Pablo Barreiro.

El debate sobre el delito de abuso de funciones: ¿es constitucional o inconstitucional?

Abordamos el tema en Telemundo sábado junto al abogado Andrés Ojeda.

El fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento de varios exjerarcas de Ancap, incluido el exvicepresidente de la República, Raúl Sendic. En este marco, se reavivó el debate sobre el alcance de la figura del delito de abuso de funciones.

Abordamos el tema junto al abogado Andrés Ojeda.

El delito de abuso de funciones ha tenido mucha polémica, desde que se pidió su derogación en 2006-2007. Y ahora en 2017 hay una nueva avanzada buscando derogarlo.

Toda la academia cree que el delito de abuso de funciones es inconstitucional. En los delitos debe estar perfectamente descrito qué es lo que se castiga; en el abuso de funciones es todo lo que no es el resto de las cosas. Y en el derecho penal está prohibido el abuso residual.

Hablamos de actos arbitrarios, que no se definen bien cuáles son. Dejarle ese nivel de discrecionalidad a un juez es lo que se critica.

Pero la realidad dice que hay muchas conductas de función pública que son castigadas socialmente que quedan fuera de la sanción penal si tuvieran que ver con este delito.

La mayoría de los delitos de función pública tienen una prescripción de diez años. Entiendo que la gente se sorprenda cuando ve disparidad al momento de aplicar las mismas normas.

Un político que es presunto inocente puede ser candidato político en la medida que no está presa. La condena puede caer antes de la elección, inhibiéndolo de ser candidato.

Justicia dejó libres a dos menores involucrados en un caso de difusión de pornografía infantil por internet

Siete mayores de edad fueron detenidos por el mismo caso.

La Policía detuvo a ocho por ser presuntos responsables de distribución de pornografía infantil a través de Internet. Este viernes, mientras declaraban, un noveno individuo de Tacuarembó fue detenido.

Todo comenzó a fines de 2017, cuando una ONG estadounidense que monitorea el tráfico de pornografía infantil en Internet advirtió al FBI que usuarios en Uruguay estaban compartiendo contenidos producidos en el exterior.

Se realizaron allanamientos en Artigas, Tacuarembó, Mercedes, Dolores, Cerro Largo, Canelones y Montevideo.

Se detuvo a nueve personas: siete mayores y dos menores. Ninguno tenía antecedentes, pero compartía material pornográfico producido en el exterior. Entre ellos se encuentra un profesor de inglés de un colegio de la zona de Carrasco. Los dos menores fueron puestos en libertad en calidad de emplazados, y quedaron a disposición de la Justicia.

Julia Staricco, la juez del caso, delineó el siguiente proceso de investigación: convocará a los efectivos policiales para que detallen cómo procedieron y ordenó pericias.

La Justicia aguarda el pedido de la fiscal al respecto.

Juan Justo Amaro: "Sendic me reconoció que estoy comiéndome un garrón. No vi ningún delito en Ancap"

El exdirector colorado de la petrolera dijo que tiene la "absoluta tranquilidad" de no haber recibido ningún tipo de beneficio por sus decisiones.

La jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu tendrá la última palabra en la causa sobre presuntas irregularidades en Ancap y -por estas horas-  fijará la fecha de la audiencia para que las defensas de los involucrados hagan sus descargos, luego de que el fiscal Luis Pacheco pidiera el procesamiento sin prisión de nueve implicados, entre ellos Raúl Sendic.

Otro de los acusados por Pacheco es el exdirector colorado de Ancap Juan Justo Amaro, quien expresó su molestia con el pedido del fiscal, pero además acusó a Pacheco de “gatillo fácil” y apelará un eventual procesamiento.

He recibido miles de mensajes de apoyo, pero cuando a uno le interesa el honor en la vida… el dolor es grande ante estos casos. En mi familia algunos no pudieron ir a trabajar por los dolores de cabeza. Pero lo que no te mata, te fortalece: yo siempre voy a dar la cara.

¿A mí de qué me acusan en la causa Ancap? Yo dije alguna vez que no había visto actos de corrupción, porque sino los hubiera denunciado. Me acusan de un delito de abuso de funciones. Asumí en julio de 2010.

Hoy Trafigura sigue vendiéndolo petróleo a Ancap, sigue teniendo licitaciones. Cuando yo asumí, la empresa ya estaba haciendo esas operaciones. El tema acá es el voto. No encuentro explicación por qué a unos sí y a otros no.

Si el delito es votar algo que esté equivocado creo que no va a quedar nadie en el sistema político que no quede procesado por abuso de funciones. Lo que tiene que haber para que eso pase es que haya un beneficio propio. Y eso no pasó. No tengo ahorro, no tengo riqueza, no tengo hijos en el Estado.

Me llegó un tema, pedí asesoramiento, me dijeron que estaba dentro de la legalidad y lo voté. Eso fue lo que pasó.

La única vez que usé la tarjera corporativa en el exterior fue por me robaron en Londres. Y devolví 3.300 dólares, aunque algunos dijeron que si era en servicio no tenía por qué devolverlos: pero yo quería dormir tranquilo.

Tengo excelente relación con Sendic, pero que él defienda su gestión. Ayer me llamó y me reconoció que yo me estaba comiendo un garrón. Le deseé suerte. También me llamó el intendente Enciso, con quien tengo una mala relación política, para manifestarme su solidaridad.

Tengo la absoluta tranquilidad de que yo no recibí ningún beneficio. Si yo hubiera interpretado que Sendic cometió delitos, lo hubiera denunciado. Pero yo no vi delitos.

Durán: "Sendic pudo haber cometido errores, pero no estamos ante un caso de enriquecimiento indebido"

La defensa del exvicepresidente estima que "estamos a varios años" de que haya una sentencia final sobre todo el caso.

El fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento sin prisión de Raúl Sendic y de otros exjerarcas de Ancap. ¿Qué opina la defensa del exvicepresidente? Abordamos el tema junto al abogado Ignacio Durán.

Recibimos esta noticia con mucha calma. El dictamen es esencialmente provisorio porque todavía no hay decisión de la jueza.

Se dijeron muchas cosas de Sendic y se le imputaron muchas cosas. Lo único que ha logrado comprobar el fiscal es que presume que ha habido un delito de funciones, y se lo imputa a ocho personas de las nueve. Es un delito que no debería existir, sino el de enriquecimiento indebido cuando ingresás a la función pública: si sale con más patrimonio que cuando ingresó, ahí sí cabe la figura penal.

Sobre el delito de peculado, todavía no sabemos si recurrir o no en caso de que la jueza lo confirme. Sendic ya dijo que hay una investigación administrativa en Ancap porque hay documentos que se perdieron, y eso todavía no terminó.

Calculamos que la jueza no va a tardar mucho en tomar una decisión.

El fiscal ya habla de reiterados delitos de peculado por el uso de la tarjeta corporativa. Sendic no va a ir a la cárcel. Es casi inviable. No hay antecedentes de que una persona habiendo esperado el proceso en libertad termine preso, es inviable.

Hubo casi dos años de audiencias, interrogatorios y documentos. No hay riesgo de fuga ni pruebas que se vayan a adulterar, por eso no es viable pedir la prisión preventiva.

Sendic pudo haber cometido errores, pero no estamos ante un enriquecimiento indebido. De más de diez denuncias de todos los tipos, se le imputan dos. Eso lo vemos como algo bueno.

De acá a que haya una sentencia final, con el código viejo y con nueve pedidos de procesamiento, estamos a varios años de que eso suceda.

El fiscal entiende que solo hubo abuso de funciones, un delito que debería ser derogado, y uso indebido de la tarjeta corporativa, algo que debería comprobarse.

Bonomi: aumento de rapiñas a fines de 2017 se explica por menos procesamientos, entre otros factores

Recordó que en noviembre comenzó a regir el nuevo CPP.

La visita anual de la Suprema Corte a las cárceles es la menor de las causas que explican la reducción en la baja de rapiñas registrada en el último trimestre de 2017, según el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Otros factores son la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal en noviembre y el reperfilamiento de las rapiñas, que cambiaron, de buscar dinero a objetos, afirmó.
En febrero, la Suprema Corte de Justicia sostuvo que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en el marco de una entrevista publicada por el semanario Búsqueda, estableció una “premisa infundada” entre la cantidad de liberados por la visita de los ministros del Poder Judicial a las cárceles y el aumento de los delitos.

“Me llamó la atención la controversia dijo Bonomi en diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional—, porque, en realidad, visitas de cárceles hay todos los años y todos los años hay un leve cambio en la tendencia al aumento del delito después de las visitas que, en el marco de lo que significa el delito de rapiñas, es leve”, expresó.

Recordó que en octubre, mes de la visita a las cárceles, se registró un incremento de las rapiñas. “Lo señalé, tendiendo a explicar un aumento que se había dado en octubre y diciembre, que llevó a que en setiembre la baja estuviera ubicada en 13,5 % respecto a 2015 y al final del año se transformara en un 8,5 % de baja”, dijo.

Según el jerarca, la explicación implica varios componentes, entre los que la visita de cárceles es el menos importante.

Una de ellas es el despliegue de un nuevo Código del Proceso Penal en noviembre y diciembre, meses en los cuales bajó la cantidad de procesamientos, dijo. "Esa cuestión ya la teníamos prevista, al presidente de la Suprema Corte, al fiscal de Corte, a la ministra de Educación y Cultura y a mí, una autoridad del gobierno de Austria a principios del año pasado nos había dicho que generalmente se produce ese efecto cuando empieza a funcionar el nuevo Código del Proceso con una baja en los procesamientos”, añadió.

“Si uno compara la cantidad de personas privadas de libertad que había en setiembre, aproximadamente 11.400, con las que hay hoy, 10.500, esa cantidad de personas saliendo a la calle ha llevado a un aumento de las rapiñas. Eso es indiscutible”, afirmó.

El Ministerio del Interior también maneja, como otro factor, que hasta setiembre había una prevalencia mayor de robo de dinero, lo que se modificó al robo de objetos, como calzados, celulares o ropa. “Evidentemente (esos objetos) van a dar a las bocas a cambio de droga. Eso cambia también la relación entre robo con arma de fuego y arma blanca, que aumenta”, complementó Bonomi.

“La Suprema Corte cuestiona el leve aumento de octubre, que, a mi juicio, se produce por una liberación extra, no la normal de todos los meses y que pasa todos los años. Me llama la atención, pero no es una cosa para discutir ni ponerse con dos enfoques”, argumentó.

“Ese cambio, de octubre a diciembre de 2017, que nos dejó en 8,5 % de un 13,5 %, es muy difícil de remontar para llegar en marzo a 15 % de baja. Además en enero se mantuvo una tendencia al alza que en febrero siguió creciendo, pero ya revertiendo la tendencia. Estamos revertiendo la tendencia de esos cuatro meses y vamos a ir a la baja, pero ha habido factores que incidieron”, puntualizó.

El entrevistado consideró que la coordinación para implementar el nuevo Código del Proceso Penal se debe ajustar más y precisar criterios. “Hoy hay dos visiones sobre si la Policía puede actuar cuando se denuncia un delito sin orden del fiscal. Yo creo que sí, puede actuar y el fiscal de Corte también dijo que puede actuar. Si uno denuncia que le robaron el auto hace tres minutos, la Policía no tiene que pedir orden al fiscal para investigar ese robo, sino nunca va a llegar a esclarecer esa situación. Pero los abogados defensores cuestionan que la Policía actué e interrogue sin orden del Fiscal”, dijo el secretario de Estado.

En ese sentido, aclaró que hay dos situaciones: una es cuando la Policía ya está investigando para presentar el caso al fiscal y otra cuando el fiscal lo toma. “Cuando el fiscal lo toma, si es esa autoridad quien determina cuándo y cómo se interroga y da cuenta al abogado defensor. Antes de eso, para poder presentar un caso la Policía tiene que actuar como lo hace normalmente”, expresó.

“Eso depende de una correcta coordinación y criterios comunes de trabajo. Se puede y ahí es donde habrá que ajustar, es dejar más claro en la ley para que no haya lugar a dos visiones, aunque una de ella es equivocada”, afirmó.

(Presidencia)

El lavado de activos y las repercusiones del caso Balcedo en la realidad uruguaya: ¿dónde fallan los controles?

"El caso indica que si bien Uruguay ha mejorado mucho, todavía existen deficiencias", consideró el abogado Leonardo Costa.

El juez Pablo Benítez dictó ayer 120 días de prisión preventiva para el sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa Paola Feige por presunto lavado de activos, tráfico de armas, apropiación indebida y contrabando.

¿Qué implica el lavado de activos? ¿Cómo sigue el caso Balcedo? ¿Qué rol cumple la Justicia uruguaya? Abordamos el tema junto a Leonardo Costa, abogado y especialista en prevención del lavado de activos.

Cuando hablamos de lavado de activos se tienen en cuenta tres elementos. Un enriquecimiento injustificado. La ausencia de una actividad lícita que da origen a los fondos. Y la eventual existencia de delitos precedentes al lavado de activos.

En el caso particular de Balcedo, tenemos un enriquecimiento importante. La defensa tendrá que probar si hay una actividad lícita que dé origen a ese dinero. Lo que sí hay es la existencia en Argentina de tres delitos precedentes: extorsión, apropiación indebida y un eventual vínculo con el narcotráfico.

Existe un indicio de la existencia de activos, que hasta ahora no se ha demostrado que estén ajenos a la actividad que ya mencione el pedido de extradición. No porque haya efectivo hay delito, pero estos son montos que no parecen ser en primera instancia lo razonable para una actividad comerciales. Siete millones de dólares en estas condiciones… no es habitual.

La defensa deberá demostrar que estos activos en Uruguay se deben a una fortuna preexistente o a actividades que hasta ahora no se conocen.

En el tránsito transfronterizo de dinero hay fallas. Esto entró por agua, por frontera seca o por vuelo aéreo. En ese tema, Uruguay tiene una falla. Son montos tan elevados que hacen pensar que esto era una actividad constante.

Este caso indica que si bien Uruguay ha mejorado mucho, existen deficiencias. De la resolución de este caso y de las sanciones que pueda llegar a haber, también dependerá de la percepción de riesgo hacia otras personas o empresas: de que piensen que eso acá no se puede hacer más.

Si hay criminalidad, Uruguay va a pelear por quedarse con esos bienes.

La visión del fiscal del caso, Rodrigo Morosoli

En esta audiencia, la Fiscalía comunicó a los imputados los cargos que se les presentaron y los detalles de la investigación. Además, se le pidió al juez una medida cautelar a los efectos de que la investigación pudiera culminar sin el riesgo de que las personas se fugaran.

El cúmulo de evidencia que se recolectó en el primer momento ya permitía presentar cargos y oficializar la investigación. Pero esos datos tiene que ser cruzados entre instituciones, por eso demoró unas semanas más.

Dos delincuentes armados secuestraron a la dueña de un local y la obligaron a desconectar las cámaras de seguridad

Sucedió en La Coronilla.

Primero los delincuentes secuestraron a la propietaria del local en su casa, la mantuvieron cautiva, la llevaron a su comercio amenazada con un arma de fuego. Desconectaron el sistema de videovigilancia e ingresaron.

Fueron al lugar donde estaba el dinero y exigieron más de tres millones de pesos y varios miles de dólares. En la zona no hay entidad bancaria, los locales mantienen el dinero y luego lo llevan a depositar al Chuy.

Así lo explicó el Jefe de Policía de Rocha, Claudio Pereira:

Próximo a las dos de la mañana una persona de sexo femenino se pone en comunicación con la comisaría poniendo en conocimiento que dos personas masculinas con capuchas y guantes la obligaron a trasladarse desde su domicilio hasta el local comercial y, mediante amenazas con un arma de fuego, la obligaron a entregar el dinero. Son más de tres millones de pesos y más de 20.000 dólares. Se trata del dinero de vencimiento de contribuciones que los turistas aprovechan para pagar.

Mesa Política del FA formará una comisión parlamentaria para evaluar alternativas en el delito de abuso de funciones

Algunos sectores están dispuestos a modificar el artículo 162 en lugar de derogarlo.

La comisión estará compuesta de senadores y diputados. En junio, los senadores del Frente Amplio aprobaron la derogación del delito de abuso de funciones en una sesión en la que la oposición los acusó de querer defender a Fernando Lorenzo y Fernando Calloia, procesados por el caso Pluna.

Ahora la Mesa Política del Frente Amplio abordó el asunto: la Liga Federal, Alianza Progresista y el PVP están a favor de modificar el artículo pero no derogarlo. El Partido Socialista, Asamblea Uruguay y Casa Grande, que votaron la derogación del delito en el Senado, están dispuestos a rever su posición.

La lista 711, el MPP y el Nuevo Espacio promueven la derogación.

La comisión analizará alternativas y buscará consensos con la oposición.