Se considera al medioambiente como un bien de todos, por lo que los delitos contra él afectan a toda la sociedad.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y la Fiscalía de Corte formaron una comisión para la creación de delitos ambientales. En Uruguay no existen en el Código Penal, no tampoco hay normas de protección ambiental, y las sanciones son económicas por decisión administrativa.
"Es imprescindible partir de una base: el ambiente es un bien jurídico que merece ser tutelado penalmente", dijo el fiscal de Corte Jorge Díaz. "Tenemos que identificar claramente cuáles son aquellas conductas que por su gravedad merecen ser sancionadas".
Tres fiscales que se capacitaron en el exterior integrarán la comisión, que trabajará para crear una unidad especializada para la legislación ambiental. El objetivo es que esté creada antes de fin de año, y que aporte insumos para un anteproyecto de ley.
La ministra Eneida de León consideró que este tipo de delitos afectan a toda la sociedad, y afirmó que ya el hecho de definir un delito como ambiental "es un gran progreso". La finalidad es la protección del medio ambiente a través de un marco legal, dijo de León.